La concejal Cáceres disparó contra la nueva ordenanza fiscal

El viernes último, por 40 votos contra siete, el Concejo Deliberante de Pilar aprobó la ordenanza Fiscal Impositiva para el año que viene, que mantiene la actualización automática de la tasa de Servicios Generales -con cambios en la fórmula- y crea un nuevo impuesto a las desarrollos inmobiliarios, destinado a generar planes de vivienda y hábitat en el distrito.

Los argumentos no convencieron a la ritondista Adriana Cáceres, que luego, a través de un comunicado de prensa, explicó las razones de su voto negativo.

En ese sentido, la concejal apuntó que habrá un «impuestazo del 1.000 por ciento en algunos casos», previo a mencionar que «se crea un nuevo impuesto: la Contribución Obligatoria a la Valorización Inmobiliaria, se incorpora el servicio de remolque que arranca desde $25.000 para autos y $50.000 para camiones, y se registra un 60 por ciento de aumento en patentes».

Cáceres también cuestionó «el 100 por ciento de aumento en agua y cloaca, actualizado por inflación», y que «las obras en construcción comiencen a pagar como si estuvieran terminadas mientras se duplican las multas en casos de infracción» como asimismo «el aumento en UVAs por estudios de prefactibilidad para condominios, dúplex, departamentos, barrios cerrados».

Otras de sus objeciones fueron: «aumento de hasta 100% en el derecho de construcción de condominios, dúplex, departamentos, la creación del pago de un anticipo por el pedido de tasación de inmuebles, el 100 por ciento de aumento en tramitación de oficios judiciales y certificado de libre de deuda, y del 50 por ciento en el mínimo de la tasa por servicios generales (ABL)», y que «el Módulo fiscal (base de cálculo del monto que tienen que pagar los vecinos), es actualizado por inflación».

Por último, la concejal reparó en que «aunque la denominaron 2023, comienza a regir a partir de la semana que viene, el 1° de diciembre 2022».