Presupuesto: los diputados sumaron gastos por 0.4% del PIB

Surge de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La mayoría de las partidas fueron para gastos sociales y obras públicas.

El presupuesto sumó durante el tratamiento en Diputados gastos por $567.700 millones, equivalente al 0,4 del PIB, sin contemplar ingresos para financiarlo, según detalló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El organismo advierte sobre la necesidad de conseguir más ingresos o recortar otras partidas, porque no se modificó el nivel de gastos total, que es de $28.954.031 millones.

El incremento representa un monto similar al que hubiera significado implementar la ley de ingreso universal que está cajoneada en el Senado, aunque el refuerzo más grande fue para partidas sociales y a pedido del propio oficialismo.

«Teniendo en cuenta que no se prevé un aumento del total del gasto, se espera que estas adecuaciones impliquen o bien una reducción en otros gastos o bien un incremento del gasto posterior a la sanción de la ley con el incremento del financiamiento respectivo», señala el informe de la oficina que coordina Marcos Makón.

De esta manera, se advierte que Sergio Massa deberá rediseñar el presupuesto para cumplir con estos compromisos en algún momento del año, ya sea con fondos recaudados por encima de los previsto o de otras partidas que decida no ejecutar.

El ministro se comprometió a compartir información de cualquier readecuación de gastos si en septiembre la tasa de inflación acumulada supera en un 10%  la meta anual establecida en el presupuesto o si los ingresos se elevan en la misma proporción. Es la cláusula gatillo que ofreció cuando presentó el presupuesto y luego acordó en detalle con la oposición.

Llegado el caso, podrá usar los fondos frescos para cumplir con los gastos que sumó el Congreso a su proyecto original y así mantener el déficit de 1.9 del PIB, exigido en el acuerdo con el FMI.

Las nuevas partidas fueron en su mayoría a programas sociales (327.075 millones), nuevas autorización de obras y adquisición de bienes y servicios que inciden en ejercicio futuros (198.878).

Le siguen de cerca el aumento de la compensación a La Rioja y sus municipios (21.300 millones, casi el doble de lo previsto en el proyecto) y los subsidios al transporte del interior (18.946 83 millones, al pasar de 66.054 a 85 mil).

Se suman incrementos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (1.000 millones) y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (500 millones), a pedido de los diputados de la UCR, que permitió subir en términos reales del 14,7% (contemplada la inflación prevista), de las políticas de ambiente sostenible y cambio climático.

Las modificaciones fueron realizadas durante el debate en comisión por reclamos de diferentes bancadas y el oficialismo intentó financiarlas en parte con aplicación del impuesto a las ganancias a jueces y empleados del Poder Judicial, que podría haber significado un ahorro del 0.16 del PIB, según una «separata» que Massa incluyó en el presupuesto.

Pero la oposición no lo aceptó y tampoco propuso reducir otras exenciones fiscales detalladas por el ministro en el presupuesto, que sumaban entre todas hasta 2.5% del PIB.

La principal era la promoción a Tierra del Fuego, que representa 0.36% y se alivió con un incremento de impuestos a los productos elaborados en la isla a sus similares importados.

Sólo la Coalición Cívica, que no votó el presupuesto, había presentado un proyecto sobre el régimen fueguino y reclamó un estudio fino de la separata. Ni al oficialismo le interesó entrar en detalles.

La OPC establece que «se carece de la información apropiada» para calcular el impacto de las medidas tributarias, que incluyen también descuentos a impuestos a importaciones de organismos del Estado. El oficialismo las minimiza y las considera un movimiento de dinero dentro del tesoro.

Una de las prácticas habituales para sub ejecutar son los programas de obra pública agregados antes de la votación para sumar votos, conocidos como «la planilla de la felicidad».  Según la OPC, al plan original enviado por Massa se sumaron 798 obras por  $198.878 millones a las 743 que estaban en el proyecto original, equivalente a $196.936 millones en 2023.

La planilla incorporada «se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros para realizar las compensaciones necesarias dentro del total de los créditos presupuestarios aprobados». No será fácil que lleguen los obradores.

Los 327.075 millones de partidas sociales fueron detallados por Carlos Heller  en la última comisión de presupuesto y eran la condición del kirchnerismo y los movimientos sociales para aprobarlo. La mayoría de asignaciones tenían una caída real respecto a 2022.

La que más aumentó fue la de políticas alimentarias (101.890 millones), que logró revertir la variación negativa para las políticas de género del Ministerio de Desarrollo Social evidenciada en el proyecto original, pasando de esta manera a presentar un incremento real del 2,0%.

«Pero individualmente la prestación Alimentar seguiría teniendo una variación interanual real negativa, observándose la variación positiva sólo cuando se considera el conjunto de políticas que el organismo aporta a las políticas de género», señala el informe.

La OPC analizó también otras asignaciones de partidas transversales y remarca una caída de 10.3% en términos reales de los aportes a la ley brisa, que prevé una reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima.

También hay una rebaja en el área de discapacidad y del 4% en las partidas de niñez y adolescencia, con caídas pronunciadas en partidas de Anses y en Desarrollo Social.

Mientras que se registra un aumento del 9.6% en las asignaciones que controla el Ministerio de Educación, «luego de las modificaciones efectuadas» que permiten que «los fondos destinados a Infraestructura y Equipamiento escolar» crezcan un 39,8% real.

Aun con los retoques de comisión, el Fondo de Incentivo Docente caería 3,4% respecto a 2022. Se trata del aporte que hace el gobierno para robustecer el salario de los maestros en las provincias, otro de los reclamos del kirchnerismo que Massa debió atender. Ahora debe buscar cómo pagarlo.