Narcotráfico, trata y política: qué hay detrás del asesinato de Xiomara Portillo en Formosa

El trágico hallazgo del cuerpo de Xiomara Portillo, una adolescente de 16 años desaparecida desde la madrugada del 20 de noviembre de 2025, impulsó en Formosa un profundo debate sobre la transparencia política y judicial, en una provincia gobernada por el feudo de Gildo Insfrán.

Su caso, caratulado como homicidio doblemente calificado por alevosía y femicidio, está marcado por brutales detalles y persistentes denuncias de encubrimiento, con hechos que no terminan de cerrar del todo.

La búsqueda de Xiomara, que incluyó marchas y la activación de la Alerta Sofía por parte de su familia, finalizó seis días después, el 26 de noviembre, cuando se encontró un cuerpo en un descampado del barrio Procrear.

El estado del cadáver, hallado en una condición tildada de “macabra” por las propias fuentes de la investigación, estaba atado con alambres, cubierto de tierra y presentaba desfiguraciones con una sustancia ácida, lo que dificultó la identificación inmediata. 

Sin embargo, estudios forenses y cotejo de huellas dactilares confirmaron la peor noticia. Un informe forense preliminar determinó que la causa de la muerte fue traumática, específicamente por lesiones en las vértebras del cuello, descartando cualquier accidente.

Actualmente, dos personas están imputadas y detenidas: un adolescente, presentado como expareja de la víctima, y su padrastro, Carlos Aguilar. Ambos debían prestar declaración indagatoria en una causa que la familia del menor ha cuestionado, pidiendo su liberación y transparencia.

Más allá de los detenidos, la investigación ha estado plagada de controversias y cuestionamientos sobre la actuación judicial y policial. Existen inconsistencias significativas, como las contradicciones sobre si Xiomara se fue en moto o en auto la noche de su desaparición, y cuestionamientos hacia las acciones de la propia familia de la víctima, lo que ha generado un quiebre en la opinión pública formoseña.

El caso de Xiomara Portillo es un doloroso ejemplo de violencia de género que expone graves falencias en el sistema judicial y policial de la provincia, y la comunidad continúa exigiendo justicia real y el esclarecimiento total de los hechos.

La fundadora de la Red Infancia Robada, la Hermana Marta Pelloni fue una de las voces más fuertes en sugerir la presencia de una “red narcopolítica” detrás del crimen. 

En ese contexto, señaló que hay un posible “encubrimiento mafioso y político” y que se podría estar protegiendo a personas con poder. De hecho, expuso dudas sobre la independencia de la familia de la víctima, sugiriendo que podría estar “cooptada, no sé si por el narcotráfico o por el gobierno”.

Tal como había revelado Tribuna de Periodistas al inicio de la investigación, tanto Xiomara como su familia militaban activamente en la agrupación política dirigida por el concejal kirchnerista Marcelo Sosa.

Ni durante la búsqueda ni tras el hallazgo del cuerpo se hizo eco del caso. Ni Sosa, ni los medios oficialistas, ni la Secretaría de la Mujer. El silencio estruendoso despierta más dudas en el marco de este asesinato.

La última vez que se la vio con vida fue cuando asistió a la casa de su novio, quien hoy se encuentra detenido junto a su padrastro. Según señalaron fuentes de la investigación a Tribuna de periodistas, se habla de la existencia de “cámaras que muestran que Xiomara salió de esa casa”.

“Hoy hay dos detenidos, un menor y su padrastro, pero ellos no podrían haber hecho semejante crueldad. Aparentemente hay vínculos entre la política, la prostitución y el narcotráfico”, reveló en diálogo con este medio.

Todo indica que la política está metida en este crimen atroz, y las similitudes con el emblemático femicidio de María Soledad Morales en 1990, en la provincia de Catamarca, son escalofriantes y ponen de manifiesto patrones que persisten en las estructuras de poder del país. 

Ambos casos comparten un núcleo trágico: adolescentes víctimas de crímenes atroces, cuyos cuerpos fueron hallados en descampados días después de su desaparición, pero cuya búsqueda de justicia se ve sistemáticamente obstaculizada por la connivencia política.

La sombra del poder local es la principal coincidencia. En Catamarca, los asesinos de María Soledad eran hijos de funcionarios influyentes, cuya protección provocó un escándalo nacional que culminó en la intervención federal de la provincia y las históricas “marchas del silencio”.

Treinta y cinco años después, en Formosa, las denuncias apuntan a un “fuerte vínculo con el poder” de los sospechosos, generando una vez más la sospecha de que la justicia opera bajo las órdenes del aparato político provincial.

La percepción de un sistema diseñado para proteger a los poderosos y dilatar las investigaciones es un eco que resuena con fuerza entre ambos hechos. No parece casual que el abogado de la familia de Xiomara, Mario Daniel Ojer, sea un autoproclamado militante gildista y funcionario del modelo formoseño, con cargo en la Municipalidad de Formosa.

Tanto en 1990 como en la actualidad, la sociedad reacciona con movilización y hartazgo. El caso de María Soledad se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Argentina. Hoy, el caso de Xiomara Portillo centraliza la atención mediática y social en los tribunales formoseños, con un reclamo unánime de transparencia y justicia que busca evitar que la historia se repita. 

La lentitud judicial, la sospecha de manipulación de pruebas y la indignación popular ante el posible encubrimiento son constantes que conectan estas dos tragedias, desafiando la memoria colectiva y exigiendo un cambio real en la relación entre el poder político y la administración de justicia.

Todo esto en medio de un clima de supuestos vínculos con el narcotráfico y la trata de personas y ello en un contexto de supuesta corrupción política que encuentra cierta conexión con ambos delitos.

(*) Secretario General de Redacción de Tribuna de Periodistas. Redactor. Cronista . Editor general. Columnista político en Radio Desvelo