Opinión: cuando la burocracia judicial se convierte en un obstáculo para la democracia

Las demoras en la resolución de expedientes vinculados con partidos políticos reavivan cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Justicia Electoral y el derecho efectivo de la ciudadanía a participar en la vida democrática.

En la Argentina, la democracia suele reivindicarse con solemnidad en los discursos, en los actos institucionales y en las fechas patrias. Sin embargo, su ejercicio cotidiano parece enfrentarse, en ocasiones, a un adversario mucho menos estridente que la censura: la demora administrativa y judicial.

Diversos espacios políticos manifiestan preocupación por las dilaciones en la tramitación y resolución de expedientes ante el juzgado federal con competencia electoral. Las quejas, provenientes de distintos sectores, abren un interrogante que excede largamente los inconvenientes particulares de cada agrupación: ¿qué sucede cuando los tiempos de la Justicia terminan condicionando los tiempos de la democracia?

Los derechos ciudadanos no deberían quedar suspendidos indefinidamente en los pasillos de un tribunal.

La ironía es evidente: para participar en una democracia que proclama la pluralidad como uno de sus principios fundamentales, algunos espacios políticos deben atravesar un laberinto burocrático cuyo recorrido y duración parecen, al menos desde la perspectiva de quienes reclaman, difíciles de comprender.

Y aquí aparece una cuestión central. La demora judicial no es necesariamente una decisión política, pero tampoco puede considerarse irrelevante cuando sus consecuencias afectan el ejercicio de derechos políticos.

La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿se trata de dificultades administrativas, de insuficiencias operativas o de criterios de gestión que requieren revisión? ¿O estamos ante un funcionamiento que, más allá de las intenciones de sus responsables, termina perjudicando especialmente a aquellas expresiones políticas que no cuentan con estructuras consolidadas ni con el respaldo de los intereses corporativos tradicionales?

En ese escenario, la burocracia puede convertirse en una barrera silenciosa. No necesita prohibir una candidatura ni clausurar una sede partidaria. A veces, alcanza con que las respuestas no lleguen a tiempo.

Si agrupaciones diversas coinciden en señalar dificultades semejantes, corresponde que las autoridades competentes ofrezcan explicaciones claras, información verificable y plazos razonables para la resolución de los asuntos pendientes.

La independencia judicial es indispensable. Pero la independencia no debe confundirse con la ausencia de rendición de cuentas institucional, del mismo modo que la prudencia procesal no puede transformarse en una justificación ilimitada para la demora. El respeto por los procedimientos también exige que estos permitan ejercer efectivamente los derechos que están llamados a proteger.

La democracia no se fortalece únicamente contando votos. También necesita garantizar que la ciudadanía pueda organizarse, constituir espacios políticos, expresar alternativas y competir en condiciones equitativas.

Quizás haya llegado el momento de formular una pregunta incómoda, pero legítima: ¿cuánto puede demorarse la Justicia en resolver un asunto antes de que la demora comience a producir consecuencias políticas por sí misma?

Y la ironía final es que, en un sistema que debería garantizar la participación de todos, el tiempo puede terminar convirtiéndose en un privilegio: quienes ya están dentro del juego pueden seguir jugando, mientras quienes intentan ingresar todavía esperan que alguien les abra la puerta.

La democracia no debería funcionar con turno diferido.