Atención De Achával: el gobierno nacional prohibiría cobrar tasas municipales con facturas de otros servicios

En medio de la polémica por el aumento de tasas municipales en algunos distritos del Conurbano, el gobierno nacional tendría previsto avanzar con la prohibición de un mecanismo muy extendido en la provincia para facilitar la cobrabilidad de esos tributos locales: incluirlos en la factura de un servicio, por ejemplo el que brinda una cooperativa eléctrica, con lo que su pago en la práctica pasa desapercibido.

Según destaca la Agencia DIB, la controversia en torno de las tasas se disparó después de que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el alcalde de mayor cercanía a Javier Milei en la provincia, denunciara que en distritos del Conurbano gobernados por alcaldes del kirchnerismo, por ejemplo en Lanús, donde el jefe comunal es el  camporista Julián Álvarez, se produjeron en las últimas semanas aumentos significativos.

Pero la polémica tomó temperatura cuando se involucró el ministro de Economía, Luis Caputo, quien no solo acusó a los intendentes de perseguir “fines recaudatorios”, sino que los vinculó a una maniobra para impedir la baja de la inflación y complicar así el plan económico nacional. El gobernador Axel Kicillof lo cruzó por eso: al defender a los alcaldes argumentó que las subas son para financiar servicios ante los recortes de Nación.

La restricción se plasmaría a través de una resolución de la Secretaría de Comercio que se conocería en los próximos días y dejaría expresamente prohibido el mecanismo, según indicaron fuentes del gobierno nacional a Infobae.

El cobro de tasas en facturas de servicios está extendido mucho más allá de los distritos del Conurbano donde se originó la controversia. Es muy usual en municipios del interior de la provincia, donde se incluyen en las liquidaciones de, por caso, cooperativas que dan el servicio de agua o de electricidad. Pero no es el único caso: también se incluyen en la percepción de otros servicios, como por ejemplo la TV por cable.

Para la entidad que realiza el cobro el negocio es cobrar una comisión, que la comuna le paga a cambio de que transfiera el dinero de la tasa que cobró a nombre del Estado local.

De acuerdo a lo que trascendió, las comunas que incumplan con la reglamentación una vez puesta en vigencia –sería la semana próxima- recibirán sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240).

Al mismo tiempo, Economía –que ya había anunciado que estudia presentaciones ante la Corte por este tema- no descarta impulsar un proyecto de ley para limitar la discrecionalidad a la hora de aumentar tasas, impidiendo que sea por conceptos inespecíficos que no tengan una contraprestación clara y verificable.

El aumento de la presión tributaria, producto de la merma en la llegada de recursos, como también la caída de la recaudación propia trajo como consecuencia un impacto directo en los bolsillos de los bonaerenses.

En el Conurbano, (el área de mayor densidad poblacional de la provincia y el país), son pocos los distritos que apuestan a la eliminación de tasas y otros tributos. No obstante, quienes los cobran trasladan de forma indirecta el impacto de esos porcentajes al valor final de los productos o servicios prestados. Un relevamiento realizado por la web Menos Impuestos ejemplificó que en el valor final de un auto 0 km el 58,4% corresponde a impuestos de los cuales 2,76% son municipales.

En este sentido, una propuesta de la diputada Oriana Colugnatti busca que la provincia adhiera al mecanismo para que los consumidores tengan conocimiento de la cantidad de impuestos que se pagan cada vez que se hace una compra, y que inciden en la formación de los precios.

En Pilar

En el distrito que gobierna Federico De Achával (Unión por la Patria), a mediados de enero se aprobó una tasa vial que recarga en un 2,5% el precio del litro de combustible en las estaciones de servicio. En la intendencia indicaron que la tasa “existe en la mayoría de los municipios grandes, está destinada a hacer asfaltos y mejorar las calles” y que, al ser las estaciones de servicio los agentes de retención, “hace que paguen quienes más usen la vía pública”.

En una cuenta aproximada, sin contabilizar el último aumento, en la Coalición Cívica local calculaban que la tasa encarecía en unos $1200 llenar un tanque de 40 litros.

También se implementó la Tasa de Protección Ambiental” y otra “a las empresas, por cada empleado”. Desde la municipalidad, defendieron la tasa ambiental: “Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo; está destinada a implementar políticas de sustentabilidad, disminuyendo residuos; los agentes de retención son supermercados, shoppings e industrias”. En Pilar, además, se aprobó un porcentaje a cobrar por las consecuencias del temporal que azotó al distrito en verano.

En el caso de la tasa vial, se aplica un porcentaje al total de la compra, mientras una sucursal puede llegar a pagar hasta $100 millones anuales, un aproximado del 3% de la facturación, y por la Tasa de Protección Ambiental se cobra a los clientes $56,64.

Un dato no menor es que en el alza en materia de tributos la de Pilar es la más gravosa de la provincia: 4,50%.