Efecto D’Onofrio: ordenan auditar el Juzgado de Faltas de Morón

El intendente de Morón, Lucas Ghi, ordenó auditar al juzgado municipal de infracciones de tránsito local, sospechado de liberar masivamente a infractores. Esto, en medio del escándalo por corrupción en el sistema de fotomultas que sacudió al conurbano tras la salida de Jorge D’Onofrio del Ministerio de Transporte bonaerense.

Tras la escandalosa salida de Jorge D’Onofrio del Ministerio de Transporte bonaerense, los efectos del caso de las fotomultas siguen expandiéndose por el conurbano. En Morón, el intendente Lucas Ghi dispuso una auditoría sobre el juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito municipal, actualmente conducido por el doctor Gustavo Báez, en medio de crecientes sospechas por su actuación en causas de tránsito.

La decisión responde a una política de revisión de gastos y estructuras innecesarias que, según fuentes municipales, ya vienen aplicando varios distritos de la provincia. En este caso, las dudas se centran en la eficiencia y transparencia del juzgado, señalado por autoridades provinciales como el que acumula la mayor cantidad de absoluciones a infractores en todo el territorio bonaerense.

Desde la administración local del oeste del conurbano evitaron hacer declaraciones públicas hasta contar con los primeros resultados del proceso de auditoría en curso. No obstante, en pasillos del municipio reconocen que hay malestar por lo que consideran un “desfasaje” entre los recursos invertidos en el sistema de fotomultas y los resultados obtenidos.

La medida se conoce luego del recambio en el ministerio de Transporte bonaerense, donde Jorge D’Onofrio dejó el cargo en diciembre, oficialmente por “motivos personales”, pero en medio de una causa judicial por corrupción en la que está imputado por lavado de activos. La investigación, a cargo del juez federal Adrián González Charvay, involucra además a funcionarios judiciales, empresarios y operadores privados vinculados al negocio de las multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular(VTV).

El escándalo reveló la existencia de una trama de gestores que prometían borrar infracciones del sistema a cambio de comisiones. Empresas como Secutrans, proveedor del sistema, denunciaron pérdidas millonarias por la caída de recaudación, en parte atribuida a decisiones judiciales que beneficiaban a infractores con reducciones de multas o directamente su anulación.

En La Plata, por caso, el juez Mario Quattrochi -quien ocupaba un cargo similar al de Báez-fue forzado a renunciar luego de quedar formalmente imputado en la causa. La sospecha: formar parte de una red que borraba multas a cambio de dinero, en un circuito que habría perjudicado a municipios y al sistema de control vial en su conjunto.