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El empresario Roncayolo a juicio oral por prostitución y trata
Tras casi dos años de investigación, el fiscal Franco Picardi pidió que se eleva a juicio a Raúl Roncayolo, Karina Juárez y Fabián Ferro por una trama de sexo pago y castigos a mujeres vulnerables en el circuito de carreras.
En diciembre de 2019, la división Trata de Personas de la Policía Federal en una redada realizada en el autódromo Fangio en Rosario, detuvo a Karina Juárez, de 44 años, con domicilio en La Tablada, que decía tener una “agencia de publicidad” que a la que había llamado con su nombre y apellido. Era, literalmente, una agencia de promotoras, las chicas que posan en las carpas tipo gazebo de los playones, en boxes junto a los corredores con poca ropa y calzas adherentes. Karina tenía 26 de ellas ese día en el autódromo, con sus iniciales escritas en un monograma en sus muslos.
La autoproclamada manager y empresaria estaba acusada de prostituirlas, en una investigación en la que intervino la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata de personas con los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Y así cayó. Se la llevaron a una celda de la base de la PFA en Villa Lugano, donde pasó la noche. Fabián Ferro, su chofer, acusado de llevar y traer a las chicas, de tener su parte en la trama, fue detenido junto a ella también. Sus “chicas” declararon ante el Programa de Rescate. Luego, declararon ante la Justicia.
Después de más de 110 CDs de conversaciones intervenidas por una máquina judicial que acumulan más de 8 mil horas, hablaban de sexo por plata y sometimiento, de chicas reducidas a “autitos” según su jerga, de apetitos que había que saciar, especialmente los de un hombre mayor: Raúl Osvaldo Roncayolo, “El Papu”, “El Viejo”, empresario de 77 años, reconocido en su rubro, con una concesionaria en Pilar que ostenta desde hace décadas la licencia oficial de una de las marcas más prestigiosas del planeta.
Roncayolo también fue arrestado, encontrado en su casa de un barrio privado del distrito.
Ahora, casi dos años después, Roncayolo, Juárez y el chofer Fabián Ferro están libres, pero les llega su turno ya que en un escrito de 89 páginas, Picardi, a cargo de la Fiscalía Federal N°5, pidió su elevación a juicio.
En su requisitoria, el fiscal apuntó que «Roncayolo obtenía un beneficio sexual directamente de las mujeres explotadas y prestigio-a falta de otra palabra- en el entorno del automovilismo”. Es decir, el empresario no solo era un consumidor asiduo: era, según la imputación en su contra, una parte clave.
Una declarante, directamente, aseguró: “Me fue ofrecido el acompañamiento/prestación de servicios sexuales para un sponsor, que era Roncayolo, no podría acordarme si fueron una o dos veces y no me volvieron a preguntar porque enseguida dije que no, en el acto. Dicho ofrecimiento me fue hecho por Karina, lo hizo en forma telefónica y también personalmente”. El testimonio continúa: «Me acuerdo que Karina me dijo como que le dé una mano o la ayude para poderme solventar a mí, el pasaje y los viáticos en general, yo sé que a eso se le llama hacer eventos, y me pidió la ayuda porque a ella le quedaba una comisión”. El precio era ocho mil: seis mil para la promotora, dos mil para Juárez. Se negó y fue castigada.
El informe del Programa de Rescate aseveró que “algunas mujeres entrevistadas manifestaron que era sabido que Roncayolo le solicitaba a la señora Juárez mujeres para mantener contactos sexuales. Afirmaron que a cambio les abonaba entre diez mil y quince mil pesos por la promotora que eligiese… Una de las mujeres manifestó te pagan tan poco que para hacerte otro sueldo te ofrecen prostituirte”. Otros relatos hablan de experiencias de proxenetismo de alto vuelo: viajes en avión privado con un empresario, visitas a un reconocido hotel en Punta del Este.
Los acusados, dada la imputación, pueden recibir penas de 5 a 10 años de cárcel.