El ex intendente Ducoté a juicio oral por «administración infiel»

El ex jefe comunal de Pilar está acusado de maniobras irregulares con tres convenios realizados con el gobierno nacional durante el mandato de Mauricio Macri.

El juez federal de Campana Adrián González Charvay elevó hoy a juicio oral y público el caso por el que fuera procesado Nicolás Ducoté, ex intendente del partido bonaerense de Pilar, elegido en 2015 por la lista de Cambiemos. La decisión del juez de Campana se produjo luego de que la Cámara Federal de San Martín, que había confirmado los procesamientos en octubre de 2021, rechazara planteos de nulidad de varios de los imputados.

En julio de 2021, el juez González Charvay había dictado el procesamiento de Ducoté y de otros ex funcionarios de la intendencia de Pilar y empresarios por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, es decir por un caso de corrupción. La investigación judicial se abrió en 2019 por las irregularidades cometidas en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que durante la gestión de Mauricio Macri encabezó Rogelio Frigerio y la municipalidad que conducía Ducoté.

A uno de los convenios se lo llamó “Microcréditos”. El gobierno nacional mandó dinero al municipio de Pilar para asistir con fondos a vecinos de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias y además pudieran acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad.

El segundo convenio fue denominado “Monterrey” y tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio de Derqui. La propuesta era para renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas. La obra afectaba a 141 lotes y sería financiada con fondos nacionales: se destinarían 145.733.567 pesos.

El tercer convenio fue bautizado “Peruzzotti”. Se había propuesto mejorar la infraestructura a partir de la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en ese barrio de Pilar. La obra fue adjudicada a la firma Tordel S.A.

Pero en la investigación judicial se determinó que las obras, cobradas por los contratistas privados, no fueron concluidas. Y que el dinero de los créditos se derivó a una estructura creada para administrar ese dinero.

En aquel procesamiento de julio de 2021 González Charvay había explicado cómo fue la participación en la maniobra del ex intendente. ex funcionario y empresarios: “Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”. Por eso tanto ex funcionarios como los empresarios que recibieron los contratos irán a juicio oral y público.

En octubre de 2021, los camaristas federales de San Martín Alberto Lugones, Marcos Morán y Néstor Barral habían señalado que Ducoté y el resto de los acusados “efectuaron sus aportes para lograr la desviación de recursos girados desde el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a la Municipalidad de Pilar en favor de terceros y en perjuicio de la Administración Pública Nacional”. Cuando la Cámara confirmó el procesamiento se inició el camino hacia el juicio oral y público.

El juez González Charvay había dispuesto la indagatoria también de los ex funcionarios del ministerio que estuvo a cargo de Frigerio y que intervinieron en los convenios. Luego de la indagatoria les dictó falta de mérito, hecho que fue avalado por la Cámara Federal en casi todos los casos. El juez seguirá investigando si esas personas investigadas cometieron algún delito.

Después de varios planteos de nulidad que fueron rechazados por la Cámara, el juez González Charvay cerró la instrucción del caso y decidió elevar el expediente a juicio oral y público.