En la provincia crece el gasto, el personal y la deuda

Desde el inicio de su mandato, el gobernador Axel Kicillof lleva adelante una política de expansión del empleo público sin precedentes. Desde su llegada al poder en 2019 y hasta fines de 2023, el mandatario solicitó la creación de 70.804 nuevos cargos estatales en la administración pública bonaerense, lo que equivale a un promedio de 48 designaciones por día durante los 1.460 días de su primer mandato.

Lejos de poner un freno a esta tendencia, Kicillof ahora redobla la apuesta: en el marco del proyecto de presupuesto 2025, envió a la Legislatura una nueva solicitud para crear 2.249 cargos más. A esto se suman 5 mil horas cátedra adicionales para el nuevo régimen académico secundario. Todo ello ocurre mientras lanza su nuevo espacio político, Movimiento Derecho al Futuro, con aspiraciones nacionales.

Pero el crecimiento del empleo estatal no es gratuito. De acuerdo con un informe elaborado la propia Legislatura bonaerense, casi la mitad del presupuesto provincial se destina hoy al pago de salarios, lo que representa el mayor gasto de la administración bonaerense. A fines de 2023, la planta de personal estatal ascendía a 709.974 empleados, excluyendo cargos políticos.

El nuevo pedido de creación de 2.249 cargos se distribuye entre 1.500 para el SP, 489 para el poder judicial y 260 para el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. A esto se suman 5 mil horas cátedra para docentes en el nuevo régimen académico. En total, el presupuesto 2025 contempla una planta permanente de 364.871 empleados y una planta temporaria de 166.249, además de 3,2 millones de horas cátedra para personal docente provisional.

En paralelo, se mantiene una estructura de más de 1.800 cargos políticos, número que casi triplica a los 769 funcionarios que tenía la administración de María Eugenia Vidal. Aunque antes de las elecciones del 2023 se anunció una reestructuración, varias áreas como la jefatura de Asesores se mantuvieron operativas, incluso con el ingreso de exfuncionarios del gobierno nacional anterior.

Para sostener esta expansión del estado y hacer frente al ahogo financiero derivado del corte de transferencias nacionales (estimadas en casi 800.000 millones de pesos en lo que va del año), Kicillof también volvió a recurrir al endeudamiento. Hace algunos días envió a la Cámara de Senadores bonaerense un proyecto para tomar deuda por hasta 1.045 millones de dólares y emitir Letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera.

El objetivo declarado es regularizar atrasos de Tesorería, pagar deudas y conformar un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Además, la iniciativa incluye la suspensión del cobro de deudas a municipios por fondos como el del COVID-19, aunque en la Cámara de Diputados se analiza un proyecto alternativo con apoyo del cristinismo y de sectores opositores, resistido por el propio oficialismo bonaerense.

Mientras tanto, el ajuste llega por otra vía: la presión impositiva. La ley Fiscal aprobada en diciembre contempla aumentos de hasta el 270 por ciento en impuestos patrimoniales, como el inmobiliario y el automotor. Si bien Kicillof aún no activó el tope de actualización en la cuota de junio, la carga sobre contribuyentes y empresas ya es considerable.

Por ahora, el gobernador redobla la apuesta: más cargos, más deuda, más gasto público. El verdadero examen será si esta estrategia es sostenible o si es apenas una forma de ganar tiempo mientras se acumulan tensiones políticas, fiscales y sociales.