Guernica: Kicillof quiere comprar tierras y otorgar subsidios por 50 mil pesos para terminar con la toma

Las reuniones entre los principales funcionarios del gobernador Axel Kicillof e intendentes vecinos al municipio de Presidente Perón, lugar donde está ubicada la mega toma de 100 hectáreas en el barrio Numancia de Guernica, se precipitaron en las últimas horas. Sucede que el juez de la causa, Martín Miguel Rizzo, decidió postergar el desalojo, que debía comenzar el 23 de septiembre pasado a pedido de Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, para el jueves 1 de octubre. La idea era “lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto”. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no se consiguió. Los representantes de los cuatro barrios que se formaron en el predio privado, 9 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión-aunque sin coincidencias absolutas- tienen decidido no abandonar el predio si no hay una propuesta clara de las autoridades sobre cual o cuales serán los lugares de traslado. Antes de la fecha límite, se presentará de manera formal la propuesta que estudia Kicillof junto a Larroque e intendentes del conurbano.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ya tiene preparado al pelotón de 500 policías bonaerenses que serán destinados al desalojo compulsivo si el acuerdo no se sella, o si el magistrado no prorroga la fecha de “lanzamiento masivo ordenado” por el juzgado de Garantías Número 8 de Cañuelas. Una situación a la que ni la justicia ni el poder político desea llegar porque el resultado es impredecible.

Según los últimos informes que le llegaron a Berni, los delegados que “mueven» las decisiones en las asambleas que se realizan el el predio tomado pertenecen al Partido Obrero (PO), al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) -los impulsores de las movilizaciones contra el desalojo- y el espacio de la Organización Barrios de Pie que responde a Jorge Ceballos -la otra fracción está liderada por Daniel Menéndez, actual subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local-.

La idea fuerza de los funcionarios es presentar una propuesta atractiva para la mayoría de las familias que nada tienen que ver con estos sectores para “debilitar» sus posiciones y así lograr el desalojo voluntario, al menos “del ochenta por ciento de los ocupantes que no están enrolados en esos grupos”, tal la definición de uno de los activos intendentes que colabora activamente para encontrar una solución “política” al problema judicializado de la ocupación ilegal.

En principio, la propuestas con la que se trabaja es la siguiente: adquirir tierras en Guernica, cerca de la toma, para trasladar, al menos a las 650 familias de Presidente Perón que fueron censadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. El o los barrios que se formarán serán urbanizados y tendrán todos los servicios. Es decir que se evitará que se forme un asentamiento precario.

En este último caso, está previsto realizar un seguimiento “familia por familia”, para que dinero sea invertido en una solución habitacional y que después no aparezcan tomando terrenos en otro lugar.

Si las casi 70 familias de Almirante Brown ingresan a este sistema de subsidios, o se les compra tierras aún no está definido.

“Lo complejo del diseño del plan que se presentará en el juzgado y a la mesa de diálogo no es sencilla porque se toma en cuenta las necesidades de cada familia. El censo ya nos dio un dato incontrastable de las 2.344 parcelas tomadas, solo se acercaron para responder el cuestionario 1.904 representantes de familias. El resto no lo hicieron porque o son delincuentes, porque no les interesa entregar sus datos, o porque tienen otras intenciones como vender los terrenos que ocuparon”, explicó un funcionario que trabaja codo a codo con Larroque.

Los principales números que arrojó el censo y que serán tenidos en cuenta en la propuesta son los siguientes: en la toma de Guernica hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).

Cuando se los consultó sobre las razones por las cuales ocuparon el predio, respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron “desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.