Provincia

Memoria: A más de 20 años de la ordenanza, el cableado en Pilar sigue siendo aéreo

El ex concejal Gabriel Lagomarsino se refirió a las idas y vueltas de la política local respecto a este tema, y consideró, en ese contexto, que el oficialismo «estafó» a sus electores.

La primera ordenanza fue del 2001, y obligaba a las empresas de internet, televisión y telefonía a soterrar su cableado con el objetivo de evitar la contaminación visual y aumentar la seguridad, al reducir la cantidad de postes y posible caída de redes.

La iniciativa alcanzaba a las nuevas empresas que fueran a instalarse, pero no establecía plazos para que las ya existentes soterraran sus tendidos. Esa obligación quedaba supeditada a la posterior reglamentación por parte del Ejecutivo. Pero 17 años y dos gobiernos después, la ordenanza nunca se reglamentó.

Tuvo una vigencia de más de 10 años, y hasta recibió el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 14 abril de 2006 el máximo tribunal confirmó por unanimidad de los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay, y frente a una acción de amparo, la obligación de la empresa Cablevisión de realizar su tendido por vía subterránea, en lugar de hacerlo en forma aérea.

De esta forma, los cortesanos reivindicaron el derecho del municipio a disponer cómo debe prestarse el servicio, no sólo de TV por cable sino también de otros de utilidad pública.

Y aún con ese pronunciamiento en la mano, el municipio decidió olvidarse del asunto y mantener sin modificaciones el paisaje aéreo del distrito hasta el 2014, cuando el entonces concejal Nicolás Ducoté le exigía al ex jefe intendente Humberto Zúccaro que haga cumplir la ordenanza, ya que, según sostenía en aquel momento, «puede comprobarse a simple vista una flagrante y peligrosa violación a las normas vigentes mediante el tendido de aéreo de cables de distintos servicios», lo que era bastante cierto. Fiel a su política de dejar hacer, Zúccaro nunca impidió, por ejemplo, que Telecentro plantara sus postes sin dignarse a pedir siquiera una autorización.

Pero en 2018, ya en la intendencia, la visión de Ducoté cambió y decidió, entonces, lisa y llanamente la derogación de la ordenanza, en la certeza de que “todos los tendidos de redes de cualquier debían ser efectuados bajo modalidad subterránea, nunca fue alcanzado”, y que, “por el contrario, fue el motivo principal de desaliento para que nuevos prestadores de Servicios TIC instalen sus redes de última tecnología” en el distrito.

La nueva norma estableció entonces que será el Poder Ejecutivo el que otorgue las autorizaciones a las empresas que soliciten el uso de suelo aéreo o subterráneo, y que las empresas que ya estén prestando el servicio de telefonía, internet o televisión conserven sus derechos de explotación, lo que constituyó una suerte de «legalización» de las compañías que se expandieron sin permiso.

También, el Ejecutivo quedó facultado a cobrarles a las empresas el uso de espacio público aéreo o subterráneo, según los valores de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria Vigente, además de estar obligadas las empresas de proveer el servicio de manera gratuita a escuelas y Centros de Salud, siempre que no se excedan del abono básico.

Hasta aquí lo que se aprobó en junio de 2018, y resulta interesante reflejar lo que por ese entonces decía Santiago Laurent, hoy nuevamente concejal, desde la oposición: «Esta es una ordenanza ´a medida´ de determinadas empresas de cable y de comunicaciones. Todo lo que están discutiendo ustedes es cosmético y no viene a solucionar ninguna de las cuestiones que estoy mencionando (cómo generamos un marco normativo para que las empresas inviertan, cómo resolvemos la maraña de cables que tenemos, y cómo recuperamos la estética de los centros urbanos de nuestras localidades)».
Laurent se mostraba convencido de que «esos cronogramas que están proponiendo, no se van a cumplir de ninguna manera, y lo que van a permitir es la entrada de otros operadores», que «ingresan a un territorio, trabajan un tiempo con tarifas muy bajas, en competencia absolutamente desleal con los operadores locales, porque tienen una capacidad de inversión absolutamente distinta; uno, dos, tres años, los que sea… los operadores locales se funden, y se quedan con el mercado monopólico». «Eso es a lo que apunta la ordenanza de ustedes», afirmaba tajante.

Ahora, con Laurent de nuevo en el Concejo, a poco más de dos años en el poder, las cosas siguen igual, y como recordó el ex concejal Gabriel Lagomarsino «proponer derogar una ordenanza que hubiera permitido mejorar la calidad de vida de las vecinas y de los vecinos de Pilar y de sus localidades, fue un error grave». «Eso fue responsabilidad de Ducoté y de sus concejales levantamanos de entonces», dijo antes de advertir que «lo que hicieron sistemáticamente De Achával, Laurent y el resto de sus adláteres a sueldo, fue simplemente delictual».

«Como estafadores profesionales, estuvieron cuatro años desde la oposición criticando todo, y hoy, que son gobierno y que podrían, porque tienen las manos para conseguirlo, haber modificado todo lo que hubieran querido, de acuerdo a lo que decían que debía hacerse… pues no lo hacen», agregó.

Para Lagomarsino «eso es una estafa al electorado. Es la traición más grande que puede cometer un dirigente político: la de acomodar sus posturas no ya en función de sus convicciones o sus conveniencias. Sino en prostituirse, aprovechándose de un lugar que de buena fe les confirió el electorado, los vecinos, para criticar a otros, no porque así lo marcan sus legítimas convicciones, sino porque así conviene».

«Y cuando el viento gira, y lo que conviene es hacer y decir todo lo contrario, lo hacen sin el más mínimo gesto de vergüenza. Lo pueden hacer, lo hacen, porque son, simplemente, estafadores», cerró..

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