Provincia

Piden que Pilar no adhiera al «Pase Libre Covid»

A través de un minucioso proyecto de ordenanza, y en «resguardo de derechos garantizados en la Constitución Nacional»  el dirigente Eduardo Bisognín, exigió al Ejecutivo que «se rechace y no se aplique en el ámbito del municipio Del Pilar» la resolución 474 firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Salud bonaerenses para la implementación del denominado «pase libre covid».

Asimismo exhortó a que «el municipio Del Pilar se comprometa en la defensa de las libertades individuales consagradas en la Constitución Nacional».

En su presentación, Bisognín recordó que el pase en cuestión se estableció «como requisito para asistir a aquellas
actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo
epidemiológico, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias». «El mismo consistirá en la acreditación, por parte de todas las personas mayores de TRECE (13) años, de al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, aplicadas por lo menos CATORCE (14) días antes, ya sea
mediante App VacunatePBA”, App “Mi Argentina” o el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta», agregó antes de apuntar que «se deberá contar con el pase para la realización de las siguientes actividades, a partir del 21 de diciembre de 2021:
I- Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados: centros culturales gimnasios, cines, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas; bares y restaurantes. II- Realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales. III- Trámites presenciales ante entidades privados, cuando impliquen aglomeración de personas. IV- Trabajadores que realicen atención al público, ya sea de entidades públicas o privadas».

«Dicha enumeración es meramente enunciativa y se puede ampliar en función de la evolución de la situación epidemiológica, el avance de la vacunación y a decisión de las autoridades sanitarias, por lo que oportunamente podrán ampliarse las actividades para las cuales sea necesario contar con este pase”, advirtió

Para Bisognín, esta resolución «viola y menoscaba derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional en los artículos 14, 17, 19 y 75″, y además » tiene rango inferior a la Constitución Nacional y no puede violar derechos consagrados en ella como:  1- Que afecta el derecho a la educación, ya que podrá ser requerido para anotar a los niños en las escuelas primarias y jardines. Será requerido para ingresar en las escuelas secundarias.
2- Que afecta el derecho a trabajar. 3- Que afecta el derecho a la salud, ya que podrá ser requerido en hospitales y clínicas. 4) Que podrá ser requerido para denuncias policiales en comisarías. 5- Que podrá ser requerido para realizar trámites, gestiones y quejas en el municipio. 6- Que afecta la libre circulación, ya que podrá ser requerido
para trámites como renovar licencia de conducir (ya lo está publicitando municipio cercano). 7- Que afecta el derecho de propiedad, ya que podrá ser requerido por los bancos para acceder a las cajas y trámites. Escribanos para comprar o vender inmuebles. El derecho a comerciar y ejercer toda industria lícita».

Del mismo modo sostuvo que «la obligación de exhibir el pase para gestiones privadas y oficiales lleva implícita la obligación de inoculación completa»,  «que la transmisión del Covid19 se produce entre personas inoculadas y personas no inoculadas, ambos grupos contagian», «que las personas inoculadas estarían protegidas y no debería preocuparse porque ya tienen protección», «que las personas inoculadas se vuelven a contagiar».

También se mostró convencido de que «la resolución viola derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, ya que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas
terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”, en tanto precisó que «las estadísticas del INDEC y del Ministerio de Salud de la Nación, indican que en la provincia de Buenos Aires más del 69% (12.24 millones de inoculados con 2 dosis sobre 17.709 millones de habitantes) de la población ya está inoculada, por lo cual, este pase estaría destinado a inocular al 31% restante de la población, pero obligando al 100% a contar con él».

A criterio del presentante, «el estado no debe tercerizar el poder de policía a los responsables de los lugares, ya que es inaceptable poner al comerciante en la puerta de una pizzería o al cura en la puerta
de la iglesia a controlar el pase», además de que «la información de la condición de inoculación es privada y no puede ser requerida por particulares».

Por último, después de afirmar que «la obligación de inoculación en adultos es violatoria de derechos, y la obligación de inoculación de menores es aún más peligrosa y alarmante», Bisognín consideró necesario considerar que «tercerizar el control del pase en responsables de lugares, promoverá peleas y discusiones entre vecinos», al tiempo que cerró con el entendimiento de que «esta discusión distrae la opinión pública de temas centrales como son la falta de generación de empleo, la alta inflación que destruye salarios, el preocupante nivel de inseguridad, el aumento permanente del tráfico de droga y el aumento de impuestos que reduce el bolsillo de la gente».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

5 + 3 =

Noticias relacionadas

Follow by Email
Twitter
YouTube
Instagram
WhatsApp