Preocupación entre los diputados bonaerenses por el cierre de la Secretaría de vivienda nacional

Presentaron un proyecto de declaración manifestando preocupación por la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025.

De acuerdo a un comunicado del gobierno nacional, la decisión que suprime la secretaria de Estado “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.

En ese marco, la diputada bonaerense de la CC-AR, Romina Braga, autora de la iniciativa, consideró que “en un país con crisis habitacional, disolver la Secretaría de Vivienda no está a la altura de la realidad; si hubo descontrol en programas como Procrear, la solución era auditar y sancionar, no eliminarlos, la política pública debe corregirse, no desaparecer”.

“En un contexto donde los alquileres están por las nubes, los créditos hipotecarios son prácticamente inaccesibles y los asentamientos informales crecen exponencialmente, la decisión de desmantelar una de las pocas herramientas estatales orientadas a garantizar el derecho a la vivienda de calidad resulta alarmante”, indicó.

“Los datos son más que significativos: según el último informe del INDEC, más del 40% de los hogares argentinos no accede a una vivienda propia; en los grandes centros urbanos, esta situación es aún más dramática: en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el 60% de los inquilinos gasta más del 40% de sus ingresos en alquiler, lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad económica. A su vez, la proliferación de villas y asentamientos ha aumentado un 30% en la última década. Ante este escenario, la desaparición de una estructura gubernamental diseñada para abordar este problema no hace más que agravar la crisis”, precisó la diputada de la  CC-ARI.

Además, Braga señaló que “esta medida también tiene un fuerte impacto en la planificación territorial y en el acceso equitativo al suelo urbano; la Secretaría desempeñaba un papel clave en la articulación de políticas públicas con municipios y provincias para el desarrollo de infraestructura habitacional y la regulación del suelo. El estado debe intervenir en estas circunstancias, ya que un vacío en la gestión de estas problemáticas, podría traducirse en un incremento de la especulación inmobiliaria y una mayor exclusión de sectores vulnerables”.

Finalmente concluyó: “El derecho a la vivienda no puede quedar librado a las fuerzas del mercado sin la intervención del Estado. Mientras que en otros países se fortalecen los programas de acceso a la vivienda con créditos blandos, subsidios y regulaciones justas del alquiler, en Argentina se retrocede en un área crucial para la calidad de vida de su población. Es imprescindible que se replantee esta decisión y que el Estado recupere un rol activo en la garantía del derecho a un techo digno”.