Quieren prohibir subsidios a quienes tengan antecedentes penales

El proyecto de ley se discute en Diputados y pone como requisito “la presentación de un Certificado de Antecedentes Penales” para poder recibir subsidios del Estado.

Ingresó en la Cámara baja un proyecto de ley que pretende que aquellas personas que cuenten con antecedentes penales no puedan “ser beneficiarias de ninguno de los programas de subsidios” del gobierno provincial.

En ese sentido, el primer artículo del proyecto de ley que reconoce la autoría del diputado de Fuerza Libertaria Nahuel Sotelo considera “la presentación de un Certificado de Antecedentes Penales” como “requisito esencial” para poder cobrar programas o herramientas de subsidios, créditos o asistencia económica del Estado bonaerense.

En el articulado de la iniciativa parlamentaria se consigna que “como requisito esencial de todos los programas o herramientas de subsidios, créditos o asistencia económica del Estado provincial y de aquellos en los cuales la provincia destine presupuesto, la presentación del Certificado de Antecedentes Penales por parte del solicitante”.

Y se agrega que “las personas que cuenten con Antecedentes Penales no podrán ser beneficiarias de ninguno de los programas o herramientas de subsidios, créditos o asistencia económica del Estado provincial ni de aquellos en los cuales el mismo destine presupuesto”.

Pero además la iniciativa pretende actualizar la lista de beneficiarios pues estable que la autoridad de cada uno de los programas o subsidios deberán verificar los antecedentes penales de cada uno de los beneficiarios durante la ejecución del mismo”, y detalla que “deberán dar de baja automáticamente aquellos beneficiarios que cuenten con Antecedentes Penales”.

El legislador que conforma un monobloque en la Cámara baja bonaerense entiende que “teniendo en cuenta que los recursos del Estado son fruto del trabajo y

esfuerzo de toda la sociedad es necesario que los mismos no se destinen como asistencia económica a personas que han violado la ley cometiendo delitos en contra de la sociedad”.

Sotelo considera una “contrariedad y una injusticia que las víctimas terminen trabajando para pagar y hacerse cargo de subsidios, planes o ayudas estatales de los victimarios”.

“En Argentina, de una vez por todas, el delito debe empezar a costar caro”, sostuvo el legislador opositor en los fundamentos de la iniciativa al tiempo que agregó: “debemos lograr cambiar la visión del victimario y comenzar a pensar en las miles de víctimas que sufren todos los días la inseguridad”.

“En la Argentina actual, un delincuente llega a tener más privilegios que un ciudadano honrado. A los que cometen delitos, se les resguarda la identidad, los contribuyentes nos hacemos cargo de su defensa, y ese delincuente termina yendo a la prisión donde ya no se le exige ni trabajar, ni cumplir con ninguna obligación, no trabaja ni siquiera por su comida y luego de que sale en libertad, las mismas víctimas debemos pagarle por subsidios y ayudas estatales para hacer su casa (BA CREA), pagarles deudas contraídas con establecimientos públicos o privados (Desendeudadas) y otros más”, concluyó uno de los tres exponentes libertarios que habitan la Cámara baja provincial.