Jaime Lamont Smart era ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y bajo su órbita estaba el centro clandestino en el que estuvo detenida Laura Carlotto. Finalmente fue condenado por delitos de lesa humanidad en 2012.
Según la versión oficial, difundida por la Bonaerense –al mando, en esa época, del general Ramón Camps–, Laura Estela Carlotto, de 23 años, murió “a la 3:20 del 24 de agosto de 1978, durante un enfrentamiento con fuerzas conjuntas” en la localidad de Isidro Casanova.
Un escopetazo le había destruido el rostro y, además, exhibía dos tiros en el vientre. Así, sin otras explicaciones, fue entregada a sus familiares.
En realidad, ella había sido asesinada en el centro clandestino La Cacha, de La Plata, donde permanecía cautiva.
Antes estuvo en la ESMA, donde dio a luz un niño, al que bautizó Guido. Y enseguida se lo quitaron para sumarlo al “plan sistemático de robo de bebés”.
La Cacha dependía directamente del Ministerio de Gobierno provincial. Su titular era el doctor Jaime Lamont Smart.
Ese tipo no fue ajeno a la decisión de ejecutarla ni al intento de desdibujar con semejante embuste la verdadera circunstancia de su fallecimiento.
Claro que, en esos días, nadie imaginaba que él pasaría a la historia al ser el primer civil detenido por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Bien vale, pues, reparar en su vida y obra.
El inquisidor
El general Camps era un sujeto de habilidades múltiples; de hecho, solía alternar las tareas represivas con la escritura de sus andanzas. Lo atestigua su libro Caso Timerman. Punto final (editorial Roca/1982). Una joya, aunque no por su prosa, sino por agradecerle al gobernador Ibérico Saint-Jean, a Lamont Smart y a otros funcionarios por la asistencia brindada en “la investigación y los interrogatorios tendientes a establecer el trasfondo del diario La Opinión”.
Pues bien, dos décadas y media después, esa frase fue nada menos que el punto de partida del procesamiento de Lamont Smart, quien, en mayo de 2008, terminó tras las rejas. Y transcurrido un lustro desde entonces, fue condenado a perpetuidad por 60 desapariciones y asesinatos cometidos en los inframundos gerenciados por Camps.}
Entre estos crímenes se destaca el de Laura, la hija de Estela de Carlotto, cometido cuando el ministro suponía que su poder sería eterno. Es al respecto necesario situarnos en una mañana invernal de 1976. Fue cuando él, durante un acto en la jefatura policial de La Plata, arengaba con voz firme a la tropa. De tanto en tanto, su mirada buscaba la aprobación de Saint-Jean, mientras sacudía la mandíbula al compás de sus dichos. De pronto, soltó:
–La subversión, señores, es ideológica. Sus infiltrados están agazapados en el ámbito cultural. Todo esto fue a causa de personas, llámense políticos, sacerdotes, profesores y periodistas.
Desde el palco, Camps lo escuchaba con deleite.
–Hay mucho que averiguar en el país –fue su remate.
¿Cómo diablos llegó Lamont Smart a ser lo que fue? Parte de la respuesta está en sus antecedentes: el tipo era un abogado de familia patricia que alguna vez supo ser secretario en un juzgado de primera instancia. Hasta mediados de 1968, cuando un decreto del general Juan Carlos Onganía lo ascendió a fiscal.
Después, ya como magistrado, integró la temible Cámara Federal en lo Penal –también conocida como el “Camarón”–, un tribunal de excepción que se ocupaba de juzgar a opositores políticos y militantes revolucionarios. Y tras regresar a la actividad privada durante la breve etapa democrática iniciada en 1973, fue nuevamente convocado a la función pública a partir del más fatídico 24 de marzo que recuerden los argentinos.
Desde entonces se sintió a sus anchas.
Entre las obsesiones que más lo desvelaban estaba la figura del periodista Jacobo Timerman.
Su gran inquina hacia el director del diario La Opinión se debía a que, en realidad, los hombres del gobernador soñaban con apropiarse del dinero de David Graiver, el principal accionista de aquel matutino, que acababa de morir en un accidente aéreo. En eso estaba Camps y también Lamont Smart.
Timerman fue secuestrado en su casa durante la noche del 15 de abril de 1977. Idéntica suerte corrieron otras 20 personas vinculadas con Graiver. Ese lote fue llevado a Campo de Mayo, antes de su paso por otros centros clandestinos, para concluir ese periplo en La Cacha.
Todos allí fueron torturados con saña; especialmente Timerman, por su condición de judío, mientras Camps le inquiría sobre temas tan variados como el vínculo entre su diario y la guerrilla, la teoría marxista, el sionismo y, desde luego, el dinero de Graiver.
Lamont Smart lo asistía en tales interrogatorios.
Timerman fue finalmente liberado debido a la presión internacional.
Más allá de este caso, el ministro circulaba por las mazmorras de Camps con absoluta normalidad. Y no sin una pizca de placer. Porque parecía gozar del miedo que generaba adentro y afuera de tales sucursales del infierno.
En marzo de 1978 fue secuestrado el abogado Rodolfo Gutiérrez, quien solía jugar al polo con el ministro del Interior, Albano Harguindeguy.
Días después, alguien que no quiso identificarse le entregó a su esposa una carta escrita por él en su lugar de cautiverio. La misiva decía: “Yo sé que Lamont Smart me odia. Ignoro la razón. Y sé que yo, en libertad, soy para él un problema. Por eso temo que me mande a matar. Estamos solo vos, las nenas y yo ante Lamont Smart y su ejército de policías”.
Gutiérrez integra desde entonces la nómina de desaparecidos.
Ese es otro de los hechos por los que sería juzgado.
Pero vayamos por partes.
Caída en desgracia
Ya a fines de 1983, la restauración de la democracia lo alejó definitivamente de la función pública. Sin embargo, por casi cinco lustros no sería molestado. Es decir, su impunidad estaba cifrada en una aún lejana fecha de vencimiento.
En la tarde del 17 de mayo de 2008, al entonces fiscal de Casación, Juan Romero Victorica, se lo notó muy ofuscado: “¡No puedo creer que a Jimmy le imputen estos hechos!”, fueron sus exactas palabras “Jimmy” no era otro que Lamont Smart.
Romero Victorica se consideraba su discípulo y amigo.
Ocurría que a Lamont Smart lo acababan de llevar a la cárcel de Marcos Paz por los secuestros y desapariciones relacionadas con el “Circuito Camps” (como ya se dijo, más de 60 casos).
En 2012, ya poco quedaba de aquel hombre vehemente y furibundo; en ese momento solo era un anciano de aspecto quebradizo que tartamudeó unas palabras a un micrófono, justo antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 lo condenara a pasar el resto de sus días tras las rejas.
En agosto de 2014, se enteró en su celda del penal de Ezeiza que Guido Montoya Carlotto, el hijo de Laura Estela, había recuperado su identidad.
Cuatro años después, los magistrados de la Cámara Federal de Casación le concedieron la bendición del arresto domiciliario.
Ya estaba haciendo las valijas cuando, súbitamente, tuvo que vaciarlas por un nuevo contratiempo judicial: el juez federal Ernesto Kreplak le había dictado la prisión preventiva por otros delitos contra 119 víctimas en La Plata.
Tales idas y vueltas se repitieron un par de veces.
Hace un tiempo, con casi 90 primaveras sobre sus hombros, Jaime Lamont Smart goza de la vida bajo arresto en la placidez de su hogar.
(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales
