Y van…: piden que se investigue a Camani por presuntos vínculos con el narco

Con una presentación en la Fiscalía Federal de La Plata, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), pidió que se investigue al empresario Leandro Camani por supuestos vínculos con el narcotráfico rosarino.

El escrito de la apoderada legal de la Cámara que preside Bernardino García, se presentó en la causa caratulada como “Quatrocci Mario y Otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública», hace eje en el episodio por el que Lisandro Damián Contreras, “Licha” o “Limón” -investigado por sus vínculos con la banda rosarina «Los menores»- fue detenido en el marco de un control de tránsito mientras conducía una camioneta Mercedes Benz GLE 400 registrada a nombre del empresario Camani, portando la cédula verde vencida.

En ese sentido, después de anticipar su intención de «poner en conocimiento de esa Fiscalía una serie de circunstancias objetivas, públicas y documentadas vinculadas al
denunciante Leandro Camani, que resultan relevantes para la correcta valoración del contexto, motivación y finalidad del accionar desplegado en estas actuaciones«, la presentante se mostró convencida de la necesidad de «evitar que el proceso penal sea utilizado como herramienta
de presión, amedrentamiento o extorsión, extremo que surge reiteradamente en otros procesos de público conocimiento«.

Asimismo, tras recordar que Camani «se encuentra desde hace años directamente vinculado a los sistemas de fotomultas y cinemómetros en la Provincia de Buenos Aires, a través de empresas proveedoras de tecnología vial que operan en numerosos municipios bonaerenses«, sostuvo que «en ese sentido, se ha señalado que la instalación y continuidad operativa de los cinemómetros se sustenta, en numerosos casos, en convenios y avales emitidos por universidades bonaerenses, que otorgan informes técnicos favorables aun cuando los dispositivos presentan cuestionamientos relevantes en cuanto a su confiabilidad, regularidad y adecuación a la normativa vigente, lo que ha generado observaciones tanto administrativas
como judiciales»

Investigaciones periodísticas «han puesto de relieve que la empresa vinculada al denunciante ha logrado consolidarse como uno de los principales actores en la Provincia de Buenos Aires, incluso eludiendo procesos licitatorios ordinarios mediante la intermediación universitaria,
circunstancia que motivó pedidos de informes, rescisión de contratos y cuestionamientos por parte de distintos municipios y organismos de control, evidenciando el alto interés económico comprometido en este tipo de operatorias«, agregó.

A su criterio, «lo verdaderamente relevante para el presente proceso es que el denunciante Leandro Camani mantiene desde hace años un patrón de comportamiento reiterado y uniforme, consistente en: promover denuncias penales y mediáticas contra terceros; efectuar acusaciones de extrema gravedad, muchas de las cuales luego resultan desacreditadas o severamente cuestionadas; y utilizar dichas denuncias como mecanismo de presión para obtener beneficios económicos, comerciales o políticos que no podría alcanzar por vías lícitas«.

En la presentación, se mencionan expresamente los testimonios del periodista Claudio Ponce de León en la causa que involucra al dirigente de la CC pilarense Matías Yofe, y la denuncia formulada por Claudio «Chiqui» Tapia, quien «describió un esquema prácticamente idéntico al aquí observado«. También se citan varias notas aparecidas en infopilar.com.ar.

«A lo ya expuesto se suma una circunstancia adicional que, sin afirmar responsabilidad penal alguna, resulta objetivamente relevante para comprender el contexto, las relaciones y el entramado en el que se desenvuelve el denunciante», a quien «diversas investigaciones periodísticas han vinculado públicamente con personas investigadas por delitos de
narcotráfico, extremo que fue ampliamente difundido por medios de alcance nacional y regional«, consignó previo a considerar que «la existencia de estos vínculos y la
exposición pública de los mismos constituyen un elemento adicional que no puede ser soslayado al momento de analizar el contexto general, la credibilidad y las motivaciones del accionar denunciativo desplegado en autos«.

«En este contexto -instó-, resulta imprescindible que la presente investigación sea abordada con una mirada integral, contextual y despojada de toda lectura fragmentaria, a fin de prevenir que el proceso penal sea instrumentalizado como mecanismo de presión, extorsión o persecución indebida, desnaturalizando su función constitucional y comprometiendo las garantías esenciales del debido proceso«.