¿Sin habilitación?: San Andrés, otra comunidad terapéutica denunciada por sus métodos dudosos

Desde afuera, el lugar aparenta una casa quinta común, de las cientos que se dispersan por todo el distrito. No hay letreros ni nada por el estilo que advierta que en el predio se desarrollan las actividades de la Comunidad Terapéutica San Andrés, al mando (y nunca tan bien aplicado el término) de un tal Miguel Alejandro Wilk, un hombre alto, fornido, que reside en un country de la zona y se moviliza en un BMW gris oscuro o en una moto de la misma marca, integrado a un grupo de motoqueros con los que recorre la provincia.

Se presenta como «director fundador de Comunidades Terapéuticas San Andrés», y se admite como un adicto recuperado. En 2015 le reconoció a un diario local que «llevo 34 años limpio de drogas y alcohol» y «25 años trabajando en Pilar».

Es monotributista categoría «F», y maneja la comunidad con mano de hierro, sin guante de seda, según los testimonios.

Lo que Wilk omite contar es que hasta no hace mucho -unos cinco años- la provincia le clausuró (y lo multó) por un centro similar que manejaba en Villa Rosa, donde no contaba con la correspondiente habilitación, y poco después, quizás en procura de evitar sinsabores similares, cerró su sede de Del Viso, donde alquilaba una enorme casona que dejó «hecha un desastre, con todo roto», según la propietaria.

Lo que tampoco acredita es un título que le permita encarar con mediana idoneidad el cargo que ostenta. Aparentemente es operador terapéutico, profesión a la que se accede después de algunos cursos. Es cierto que no hace falta ni ser médico ni nada para abrir un establecimiento de estas características, pero si es obligatorio contar con respaldo profesional. Es decir, hay que tener un director médico, por ejemplo, de lo que San Andrés carece. O al menos no aparece en las páginas donde se publicita la comunidad.

El personal de San Andrés merece un párrafo aparte. Para ocuparse de 25 internos está Silvia, la psicóloga y cuatro operadores (internos, ex adictos recuperados). Y está «Javi», un muchacho de físico trabajado que se ocupa de los más rebeldes. Dicen que tiene un envidiable y contundente jab de derecha, de acuerdo a quienes lo recibieron en el estómago. También aparece un psiquiatra, que ahora está de vacaciones y atiende por zoom desde la playa. Para medicar, están Silvia y el interno Miguel.

Ahora bien, el método aplicado para la rehabilitación de los internos es, como mínimo, un tanto curioso. Quienes pasaron por el lugar cuentan que apenas llegan, se los medica, sin examen físico ni evaluación previa. A tal punto, dicen, que no son pocos los que son medicados durante toda su estadía, ya los que se puede ver deambulando por el lugar absolutamente ausentes, abstraídos, casi dormidos.

Inmediatamente son aislados no sólo de sus familias sino también del resto de la población de San Andrés. En principio, se confiscan los celulares y sólo se permite, de vez en cuando, una comunicación por videollamada con padres o allegados cercanos en presencia de Miguel o la psicóloga, que controlan la comunicación. «Si uno dice algo que no les gusta, inmediatamente se corta y te dicen que se cayó la señal de internet».

Mientras, a los familiares los convencen de la necesidad de un aislamiento mínimo de 180 días para un tratamiento en el que se trata de minar la autoestima del paciente y llevarlos a creer que la única forma de salir adelante es obedecer ciegamente a los dictados del omnímodo Miguel, que los aloja en dos habitaciones (recuerden, 25 internos ahora mismo), una para mujeres y otra para varones, con sólo dos baños para todos, donde conviven con ratas y cucarachas por doquier. Además, deben lavar la ropa (de todos), limpiar la casa y el parque (todos), y cocinar (para todos) unos fideos de la marca más barata del mercado, entre otras propuestas no muy gourmets que digamos como salchichas vencidas en tiempos inmemoriales.

De los talleres, los equinos para la terapia, y la pileta, ni hablar. Directamente no existen. Lo que sí existe es un férreo control interno, con cámaras en los distintos ambientes que permiten monitorear todo lo que hacen y, lo que es peor, lo que dicen los internos ya que violar el aislamiento para charlar con un compañero o quejarse del lugar, equivale a alguna represalia por parte de los directivos.

Ahora bien, si permanecer en San Andrés no resulta una experiencia medianamente satisfactoria, dejar el lugar parece ser otro vía crucis. Primero se apela al bla bla del tratamiento, de la necesidad de permanecer para ser asistido y dejar atrás una vida de sufrimientos, y si por las buenas no hay resultado, comienzan el psicopateo y las amenazas. Hay casi desesperación por no dejar ir al paciente, en una actitud más que curiosa, ya que quien se interna en el lugar lo hace en forma voluntaria, y de la misma forma puede abandonarlo, salvo que el interno se encuentre judicializado, lo que no es el caso.

A tal punto, que una de las varias fuentes de esta nota dejó hace  muy poco el lugar, indignado por las condiciones de vida que se le imponían y que no llevaban a ninguna parte, e inmediatamente comenzó a sufrir el hostigamiento de Miguel, que mediante mensajes de whatsapp le anticipaba que «ya nos vamos a encontrar» y buscaba la forma de comunicarse con la esposa del egresado para contarle supuestas inconductas de éste en el lugar, en una cabal demostración de un espíritu un tanto perverso, que se supone poderoso amo y señor de las pobres almas que van a dar con sus huesos a un sitio semejante en procura de aliviar sus cargas. Más aún, a otra de las internas que abandonó el lugar en las últimas horas, por la misma disconformidad que su compañero, le retuvieron el celular y se negaron a devolvérselo sin explicación alguna.

Y si lo que se cuenta en esta nota parece exagerado, baste leer la opinión de un ex interno en la misma página de la institución:

La respuesta, por su parte, es increíble: «Sabemos que no es fácil salir de las adicciones. Sabemos que el ataque violento es parte de algo que no se puede asumir. Ojalá lo logres algún día». Al que no se le responde es a Mario Daniel Pérez, que en el mismo espacio escribe: «Una basura de persona el que maneja el programa, se llama MIGUEL. Si tienen a alguien querido no lo lleven».

Y si seguimos con las opiniones, hay que consignar que la mayoría resultan llamativamente favorables a San Andrés, y todas reciben su correspondiente agradecimiento. Hasta las que firman un tal Leopold Marechal y otros dos de apellido Wilk. Los testigos aseguran que se escriben desde los teléfonos que se confiscan a los propios internos.

Otro dato para apuntar es que la mayoría de las pacientes de San Andrés provienen del interior del país, lo que significa que están lejos de sus familias y en incapacidad absoluta de defenderse de los abusos de la institución, con el agravante del discurso de los directivos que los hace aparecer como seres peligrosos para si mismos y para los demás.

En lo que hay que enfatizar es en que Pilar constituye un polo más que atractivo para que en su territorio se multipliquen estos emprendimientos sin control por parte de la autoridad competente. De hecho, las mismas autoridades no tienen el número exacto de los que existen repartidos por todo el distrito. Cualquier ambicioso sin escrúpulos alquila una quinta y hace lo que le venga en gana, total nadie sabe lo que pasa en su interior. Se manejan por debajo del radar de las exigencias municipales y provinciales, y lucran largamente con la pena y el dolor ajenos.

Incluso en esta comunidad se habría producido un abuso sexual que ocultaron prolijamente en lugar de denunciarlo a las autoridades, lo que habría llevado a una intromisión indeseada para sus directivos por parte de la justicia que, a su vez, tampoco hace demasiado para impedir este accionar.

Lo que se puede hacer, desde afuera, es alertar al Ministerio de Salud provincial, a su división Fiscalizaciones Sanitarias, y girar las actuaciones al municipio, para que se empiece a mover sobre bases firmes y tomen cartas en el asunto. Para que recuerde que el gobierno de Vidal suspendió las habilitaciones a estos emprendimientos en el contexto de una política de salud que buscaba terminar con la institucionalización de los enfermos mentales. Y que hasta acá, esa disposición sigue vigente.

Para terminar, y como para entender ciertas conductas: cada paciente paga entre 80 y 100 mil pesos, por cada mes de internación en San Andrés que ahora, a partir de estas denuncias, puede seguir el camino de San Camilo y San Antonio.