Imputados: duro golpe judicial a la banda capitaneada por D’Onofrio y Pombo

El fiscal de la UFIJ 11 de La Plata, Alvaro Garganta, imputó formalmente al ex ministro de Transporte y a la ex presidente del HCD de Pilar, entre otros, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, cohecho, y exacciones ilegales.

El funcionario, además, encomendó a la Dirección de Delitos Económicos -Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo Central de la Policía de Seguridad Aeroportuaria-, la notificación de los involucrados acerca de su situación procesal, al tiempo que fundó su decisión «la connivencia del ex Ministro D´Onofrio y su entorno, por la cual permitía que una falsa cámara de empresas (CECAITRA) constatara infracciones de tránsito a través de equipos de fotomultas sin cumplimentar el procedimiento legal reglamentario que se exige indefectiblemente para que las infracciones sean válidas».

De esta manera, «permitía labrar infracciones de tránsito, que luego eran resueltas con gestores y jueces de faltas provinciales, a cambio de montos en negro que iban del 25 al 50% y repartidos entre los corruptos mencionados: la banda de transporte y las autoridades de CECAITRA».

Este dato se sumó a la investigación de Garganta, iniciada en octubre del 2023, por la que funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Pública Provincial, bajo la cabeza de  D´Onofrio, «valiéndose de las potestades propias de su función (fundamentalmente del acceso al SACIT -Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito) actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente; ello sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales».

A posteriori, otro de los hechos probados por el funcionario judicial, habría consistido en las irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular, las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado (por una excesiva comisión del 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado) los servicios de la empresa «Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.» en la que tendrían participación societaria -por interpósita persona- los funcionarios del Ministerio de Transporte investigados.

En ese sentido, cabe consignar que la imputación formal recae sobre Jorge Alberto D´Onofrio «en carácter de partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, Asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y autor del delito de cohecho pasivo», Mario Quattrochi (ex Juez de Faltas de La Plata), «en carácter de autor de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, Asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», y  Claudia Nélida Lucía Pombo «en carácter de partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, Asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados».

También fueron alcanzados por la medida fiscal Pablo Javier Sanguinetti (ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte), Tomás Uthurriague (ex titular de la Dirección de Informática de la DPPSV), Sebastián Desio (presidente Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.), y Bernardino Antonio García (presidente de CECAITRA).

Los delitos que se imputan a los funcionarios mencionados serán merituados en concurso real, es decir que consisten en varios hechos que constituyen varios delitos, cuyas escalas penales son:

–    Asociación ilícita: 3 a 10 años de prisión, Art. 210 del Código Penal.
–    Fraude en perjuicio de la Administración Pública: 2 a 6 años, Art. 174 inc. 5 del Código Penal.
–    Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados: 2 a 6 años, Art. 268 del Código Penal.
–    Exacciones ilegales agravadas: 2 a 6 años, Art. 268 del Código Penal.

Atento a las penas previstas, teniendo en cuenta el concurso real para las mismas, no serían excarcelables, lo que complica la situación procesal de los imputados, principalmente de la ex presidente del Consejo Deliberante de Pilar, quien ya posee una condena previa por malversación de caudales públicos, al detectar la justicia la falta de depósitos provenientes de impuestos de sellos y radicación de automotores en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires por parte del Registro de la Propiedad Automotor N° 2 de San Miguel, de la que Pombo era titular.