La Oficina: del falso discurso liberal y la persecución al blindaje de la corrupción

En las últimas horas, el Gobierno del presidente Javier Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial, un organismo destinado a desmentir lo que desde el oficialismo califican como “fake news” u “operaciones de prensa”, lo que representa un ataque directo a la libertad de prensa al situar al Estado en el rol de tribunal de la verdad. 

A través de La Oficina, el Estado se reserva la facultad exclusiva de determinar qué es verdad y qué es mentira en el debate público, una prerrogativa que resulta grave y peligrosa en una democracia, ya que anula la pluralidad de voces y convierte al Gobierno en el único árbitro de la realidad. 

Pero cabe destacar que esta medida no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un frente con el que el Gobierno de Milei busca contrarrestar la labor del periodismo, al que “no odia lo suficiente”.

Este esquema incluye además la aprobación del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el cual faculta a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a realizar tareas de espionaje sobre comunicadores que “erosionan la imagen del Gobierno”. 

Este escenario particularmente hostil con la prensa se complementa con la persecución constante de trolls en redes sociales que buscan deslegitimar al periodismo no oficialista con ataques coordinados (aunque ciertamente poco originales).

Como si todo lo antedicho fuese poco, la limitación del acceso a la información pública también funciona como una suerte de atentado contra la prensa, ya que el Gobierno se reserva el derecho a responder los pedidos que considere de forma arbitraria.

A todo lo expuesto se suma la manifiesta intención del Gobierno de eliminar el Estatuto del Periodista, dejando a los trabajadores de prensa en una situación de total vulnerabilidad frente a las posibles persecuciones políticas.

Más allá del constante ataque a la prensa descrito, es necesario señalar que esta estructura de control guarda similitudes alarmantes con herramientas que en el pasado supo implementar el kirchnerismo.

El mejor ejemplo al respecto se puede dar con el NODIO, aquel “observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios”, lanzado por el Gobierno del ex presidente  Alberto Fernández. Ambos esquemas comparten la misma lógica autoritaria donde el Estado interviene para corregir el discurso social.

Esta coincidencia exhibe la insalvable contradicción con el discurso libertario de Milei en el que pregona la eliminación de organismos públicos y la no intervención estatal y termina creando una nueva burocracia para monitorear el discurso y fabricar una verdad paralela.

Pero hay más, porque este Gobierno siempre encuentra el modo de obstaculizar el acceso a los datos funcionando con la mayor reserva y opacidad posible.

Es en ese contexto que la implementación de este mecanismo abre la puerta a la posible comisión de delitos contra la administración pública, tales como el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de fondos.

Bajo los estándares del Pacto de San José de Costa Rica, la combinación de todos los instrumentos antes mencionados podrían considerarse una forma de censura previa, lo que, a contramano de lo que sostiene el discurso oficialista, atenta contra el derecho de la ciudadanía a informarse.

En fin. El hecho de que el Gobierno decida qué información es verdadera y cuál no mientras desmantela las protecciones de los periodistas constituye un retroceso a la libertad, donde la disidencia será transformada en una mentira.

(*) Secretario General de Redacción de Tribuna de Periodistas