Adelanto exclusivo: querellan por calumnia e injurias a Yofe, y a los periodistas Majul y Gasulla

La mañana de este miércoles la justicia de San Isidro recibió la primera demanda contra el «lilito» y los periodistas de La Nación + por parte de uno de los testigos que Yofe «apretó» para declarar en una causa contra la concejal Claudia Pombo utilizando para ello ese canal de noticias.

En el caso de Matías Yofe, el reclamo recayó en el Juzgado en lo Correccional N° 6, a cargo de Hernán Archelli, quien deberá decidir si en el accionar de aquel se verifica el delito de «calumnias e injurias».

La demanda fue presentada por Marta Graciela Maddalena, una psicóloga social y comerciante radicada en Brasil, «en razón de las amenazas, imputaciones falsas, maniobras de presión y posterior instalación mediática de afirmaciones deshonrosas y calumniosas en mi contra«.

La mujer promovió la acción «a partir de una sucesión de hechos de extrema gravedad que lesionaron mi honor, mi buen nombre, mi reputación personal, mi historia familiar y mi salud«. «Soy hija de una madre integrante de Madres de Plaza de Mayo, con familiares directos desaparecidos durante la última dictadura militar, y formo parte de una familia que sufrió persecución estatal, exilio, hostigamiento y graves afectaciones producto del terrorismo de Estado ocurrido en la República Argentina entre los años 1976 y 1983«, recordó antes de advertir que «esa historia no es un dato accesorio: explica el nivel de angustia, temor y revictimización que me provocó que se me llamara telefónicamente, se me intimidara, se me amenazara con ‘exponerme en los medios’, y luego efectivamente se me colocara públicamente en un lugar infamante, asociándome falsamente a supuestos hechos de corrupción política«.

Concretamente, puntualizó que «entre los días 21 y 22 de marzo de 2025 recibí llamados de una persona que se identificó como Matías Yofe y se presentó vinculándose a la oficina de Elisa ‘Lilita’ Carrió. Esa persona me manifestó que llamaba en relación con una causa vinculada a Claudia Pombo, persona a quien conozco desde hace muchos años por un vínculo de amistad. En un comienzo la comunicación aparentó ser cordial, pero luego el tono cambió abruptamente: comenzó a hablarme de supuestas ‘pruebas’, de que yo habría tenido cargos o cobros que jamás existieron, y me dijo que si no colaboraba o declaraba contra Claudia Pombo podía quedar imputada y que él me iba a exponer mediáticamente. Le manifesté una y otra vez que no sabía de qué causa me hablaba, que jamás tuve cargo en el Senado, que jamás cobré sumas vinculadas a los hechos que insinuaba, que vivo en Brasil desde hace años y que nada tenía que ver con las acusaciones que pretendía instalar«.

De acuerdo a la demandante, «la amenaza fue concreta: si no decía lo que él quería que dijera, me expondría en los medios. Y eso fue precisamente lo que ocurrió pocos días después. En el programa ‘La Cornisa’, emitido por la señal televisiva La Nación+, se me nombró y se me señaló como ‘testaferro’ de Claudia Pombo, como parte de un supuesto entramado de corrupción, utilizando incluso una imagen mía en una peluquería y refiriéndose a mí como ‘Mara Madalena’, forma en la que me conocen personas de mi entorno pero que no constituye mi nombre completo. Todo ello se hizo sin verificar seriamente mi identidad, mi actividad, mi patrimonio ni mi verdadera vinculación con las personas mencionadas en la emisión«.

Maddalena afirmó que «las afirmaciones no fueron meras opiniones, críticas políticas ni valoraciones genéricas sobre asuntos de interés público. Fueron imputaciones fácticas, concretas, asertivas y desacreditantes: se me colocó públicamente como partícipe, encubridora, testaferro o integrante de un presunto entramado delictivo de corrupción política«, afirmaciones que, aseguró, «son absolutamente falsas: no tengo propiedades, no tengo automóviles, no poseo sociedades, no tengo patrimonio compatible con la figura infamante que se pretendió instalar, no ejercí cargo alguno en el Senado, no cobré las sumas insinuadas, no fui ni soy testaferro de ninguna persona y no he participado de ningún hecho de corrupción«.

A partir de aquella emisión de La Cornisa, «comencé a recibir llamados y mensajes, se multiplicaron las repercusiones mediáticas y se reactivaron en mí temores profundos vinculados a la persecución sufrida por mi familia. La afectación no fue meramente moral: se tradujo en un deterioro objetivo de mi salud, con descompensaciones, presión arterial elevada y complicaciones graves que derivaron en internaciones y estudios médicos«. En ese sentido, la demandante consideró oportuno señalar que «no fue azarosa la fecha, sino que específicamente se actuó a sabiendas de que para mi persona y la población en general, atacar
a una víctima del terrorismo de estado justamente en una fecha cercana al día conmemorativo instaurado en nuestro país, forma parte de una campaña sistemática en contra de quienes fuimos víctimas de esa etapa oscura de nuestra historia». «Me quisieron usar para una operación política, como no me presté, me atacaron por mi condición de víctima y me hicieron parte de una campaña de desprestigio sin ningún tipo de fundamento ni prueba«, agregó.

En su presentación, la mujer atribuyó a Yofe «haber iniciado el mecanismo de presión y difamación que culminó con mi exposición pública«, amenaza que se concretó cuando por TV «se me nombró como ‘testaferro’ de Claudia Pombo y como parte de un supuesto entramado de corrupción«. «La coincidencia temporal, el contenido de la amenaza, la forma en que se me mencionó, el uso de datos imprecisos y la referencia a mi persona como ‘Mara Madalena’ permiten sostener, con el grado de probabilidad exigible para esta etapa, que Yofe intervino de manera directa en la generación, provisión, impulso o instalación del material calumnioso e injuriante difundido públicamente«, insistió.

La demandante sostuvo que «los hechos descriptos encuadran prima facie en los delitos de calumnias e injurias previstos y reprimidos por los artículos 109 y 110 del Código Penal«, y que «la calumnia se configura mediante la falsa imputación de un delito que dé lugar a acción pública; la injuria, mediante la deshonra o desacreditación intencional de una persona determinada«. En este caso, «las expresiones vertidas excedieron ampliamente el ámbito de la crítica, del debate público o de la opinión periodística: se presentaron como hechos ciertos imputaciones vinculadas a corrupción, testaferraje y participación en maniobras ilícitas«.

Al mismo tiempo destacó que «la protección constitucional y convencional de la libertad de expresión no ampara la fabricación o reproducción negligente o dolosa de imputaciones fácticas falsas contra una persona identificable, mucho menos cuando se omiten las verificaciones mínimas, se ignora deliberadamente la ausencia de elementos objetivos y se utiliza un medio de comunicación masiva para instalar una sospecha infamante«.

También citó el artículo 114 del Código Penal, «en tanto reprime a quien publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro; y el artículo 117 del mismo cuerpo legal, en cuanto prevé la retractación pública del acusado antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo«. En este sentido, solicitó que «en oportunidad procesal pertinente, se intime a la parte querellada a efectuar retractación pública, clara, suficiente y proporcional al daño causado, por el mismo medio, programa, señal, horario y alcance con que fueron difundidas las expresiones lesivas«.

Maddalena ofreció distintos elementos de prueba para fundar la demanda como números telefónicos, registros de llamadas y capturas de pantalla, además de constancias médicas relativas al impacto que la situación produjo en su salud, y registros fílmicos del programa aludido.

También pidió el libramiento de oficios a La Nación + para el aporte del material en que aparezca mencionada, y varios testigos del episodio.

Contra Majul

Otro de los demandados por Marta Maddalena fue el periodista Luis Majul, presentación que ingresó en el Juzgado en lo Correccional N° 3, cuya titular es la doctora Mariela Quintana.

La querella criminal por los delitos de calumnias e injurias contra Majul, se realizaron en base a «su carácter de periodista, conductor y/o responsable periodístico del programa “La Cornisa”, emitido por la señal La Nación+, por las afirmaciones falsas y lesivas de mi honor difundidas en dicho programa«.

En este caso, a Majul «se le atribuye haber difundido, permitido, conducido, contextualizado y/o validado públicamente expresiones por las cuales se me señaló como ‘testaferro’ de Claudia Pombo y como integrante de un presunto entramado de corrupción política«.

«En la emisión se utilizó mi imagen, se me mencionó con una denominación incompleta o deformada -‘Mara Madalena’- y se me colocó en una narrativa televisiva que me presentó como partícipe de hechos ilícitos, sin que mediara verificación seria alguna«, apuntó antes de advertir que «la gravedad del hecho se potencia por la masividad del medio utilizado, por el prestigio e influencia del conductor, por la puesta en escena televisiva y por el contexto de una emisión periodística que presentó la información como resultado de una investigación«.

Para la querellante «el querellado no podía desconocer que la palabra ‘testaferro’, en el contexto en que fue empleada, tiene una carga penal y social inequívoca«. «Atribuirle a una persona la condición de testaferro de alguien investigado o acusado por corrupción equivale a señalarla como partícipe de mecanismos de ocultamiento patrimonial, lavado, encubrimiento o fraude a la administración pública«, cuestionó antes de remarcar que «esa imputación es falsa y me causó un daño personal, familiar, reputacional y de salud de enorme entidad».

«La omisión de verificar mi identidad, mi patrimonio, mi domicilio, mi actividad, mi inexistente vínculo laboral con los hechos narrados y mi absoluta falta de participación en cualquier maniobra ilícita revela, cuanto menos, un desprecio temerario por la verdad y una voluntad de instalar una sospecha infamante con aptitud para destruir mi buen nombre«, sostuvo.

Contra Gasulla

Por último y en lo que respecta al coequiper de Majul en el programa «La Cornisa», la demanda fue presentada en el Correccional N° 5, el Juzgado del doctor Mariano Tecchi.

A Luis Gasulla la demandada le imputó «haber participado en la difusión de imputaciones falsas, deshonrosas y calumniosas en mi contra«, previo a recordar que «el demandado ha escrito cuanto menos, un libro en el que se jacta de poner al descubierto ‘El Negocio de los Derechos Humanos’, denotando en ésa publicación -de manera conteste con las expresiones formuladas en mi contra-, su desprecio por lo que el considera que son las personas que sufrieron a manos del Estado el terrorismo y persecución, desde que bajo su punto de vista, todos los justos reclamos efectuados durante las décadas siguientes por quienes fuimos víctimas no es más que la construcción de un relato sobre el que se apaña la corrupción«.

«No encuentro otra explicación para todo el odio tanto de este periodista como de quien le brinda el espacio en el programa La Cornisa, ya que junto al conocido conductor del mismo, me atacaron sin razón -y sin prueba alguna- ensuciando mi buen nombre y honor, ya que como es sabido, no se hace ningún tipo de reparos sobre cómo pueden impactar en una persona semejantes expresiones totalmente contrarias a derecho, abusando del derecho a la libertad de expresión que tanto costó conseguir en nuestro país«, apuntó.

Concretamente, a Gasulla se le atribuye «haber intervenido en la construcción y difusión pública del relato televisivo por el cual se me presentó como ‘testaferro’ de Claudia Pombo y como parte de un supuesto entramado de corrupción política«. «La imputación se produjo en una emisión de alta repercusión pública, en la que se utilizaron mi nombre, una denominación deformada de mi identidad, mi imagen y referencias a una supuesta vinculación patrimonial o funcional con hechos ilícitos que jamás existió«, agregó.

A su criterio, «la intervención del querellado resulta especialmente gravosa por su rol público y por su perfil periodístico vinculado a investigaciones sobre derechos humanos y corrupción. Ello imponía un estándar mínimo de verificación, prudencia y responsabilidad al momento de mencionar a una persona particular -más aún, a una mujer de 70 años, radicada hace años en Brasil, hija de una referente de Madres de Plaza de Mayo y perteneciente a una familia perseguida por la dictadura- como si fuera parte de una trama criminal«.

Al respecto, la presentante se quejó de que «lejos de actuar con prudencia, se difundió una imputación falsa con aptitud directa para destruir mi reputación: ser ‘testaferro’ y formar parte de un entramado de corrupción«. «En el contexto de la emisión, significó atribuirme un rol ilícito concreto. Esa imputación fue falsa, injuriante y calumniosa, y provocó una afectación concreta de mi honor, mi tranquilidad, mi salud y mi vida personal«, afirmó.

«El hecho de que el querellado tenga publicado un libro titulado ‘El negocio de los derechos humanos’ agrava el contexto simbólico del daño padecido, porque mi historia familiar se encuentra directamente atravesada por la persecución estatal, los desaparecidos y la militancia de mi madre en Madres de Plaza de Mayo«, razonó antes de concluir con que «la forma en que se me expuso mediáticamente reactivó temores y angustias vinculadas a esa historia, colocando mi biografía familiar al servicio de una campaña de descrédito sin sustento fáctico«.

Conclusión

Como apuntábamos arriba, esta es la primera de una serie de demandas que -según muchos anticipan- presentarían en breve varios damnificados por el accionar de Matías Yofe y los periodistas participantes de estas denuncias en el marco de las causas judiciales que tuvieron al «lilito» como principalísimo vocero.

Recordemos que ya fue procesado por falso testimonio -por denunciar supuestas amenazas e intimidaciones-, y se encuentra imputado por extorsión agravada junto al empresario Leandro Camani (al que la justicia considera su financista).