Impulsan un régimen de mecenazgo educativo para financiar proyectos educativos e infraestructura

Los diputados provinciales de Nuevos Aires Fabián Luayza y Viviana Romano presentaron un proyecto de ley para incentivar el aporte privado en la educación pública y privada bonaerense.

Las empresas y particulares que financien proyectos escolares podrán computar sus aportes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Los legisladores bonaerenses del bloque Nuevos Aires, Fabián Luayza y Viviana Romano, ingresaron formalmente un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Mecenazgo Educativo Bonaerense.

El objetivo central de la normativa es generar una herramienta de articulación público-privada que permita captar fondos particulares destinados a mejorar la infraestructura edilicia, actualizar equipamiento tecnológico y financiar proyectos de investigación o formación profesional en todo el territorio provincial.

La iniciativa propone un sistema de incentivos fiscales transparentes para los contribuyentes provinciales que decidan convertirse en «mecenas».

Según el articulado, los fondos donados se depositarán en cuentas específicas del Banco Provincia y serán considerados como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes al ejercicio fiscal en curso.

El beneficio alcanzará el 100% del aporte para proyectos de interés público, reduciéndose al 50% en los casos en que las empresas asocien directamente su imagen comercial a la iniciativa financiada.

«El mecenazgo educativo es una herramienta poderosa para transformar los sistemas de enseñanza, especialmente en contextos de desigualdad», explicaron los autores en los fundamentos del proyecto.

«Buscamos un compromiso altruista con la educación que complemente las obligaciones del Estado, centrándonos en el impacto social, el desarrollo intelectual, humano y la modernización de los establecimientos rurales, técnicos y de artes y oficios».

Para garantizar la transparencia y la equidad en la asignación de recursos, la ley contempla la creación del Registro Provincial de Proyectos Educativos y de un Consejo Asesor.

Este último cuerpo estará integrado por representantes de la Dirección General de Cultura y Educación, el Poder Legislativo y los sectores industriales, comerciales y agropecuarios de la provincia.

Dicho Consejo será el encargado de evaluar y declarar el interés público de cada propuesta en un plazo máximo de 30 días.

Asimismo, la normativa establece severas sanciones y multas equivalentes al doble del monto aportado para aquellos beneficiarios o mecenas que desvíen los fondos o hagan un uso fraudulento del régimen, quedando inhabilitados por cinco años para participar del sistema.

Lo recaudado por estas penalidades se destinará a un fondo especial para financiar proyectos educativos destacados.

Con este marco regulatorio, el bloque Nuevos Aires busca saldar una vacancia legislativa en la provincia, inspirándose en modelos exitosos de mecenazgo cultural vigentes en otras jurisdicciones del país y normativas internacionales de fomento educativo.