Provincia

Endeudamiento: presentan un proyecto para transparentar créditos

El senador Marcelo Leguizamón impulsa una ley para que el CFT tenga mayor visibilidad y los bonaerenses conozcan el costo real de los créditos.

El senador bonaerense de Hechos-UCR Identidad, Marcelo «Chuby» Leguizamón, presentó un proyecto en las últimas horas para reforzar la transparencia en créditos y financiaciones, en medio de una agenda que atraviesa tanto al Congreso nacional como a la Legislatura bonaerense ante el crecimiento del sobreendeudamiento y los altos índices de morosidad.

En concreto, la iniciativa busca que los usuarios conozcan el costo real de las operaciones antes de asumir una deuda y propone establecer al Costo Financiero Total (CFT) como indicador obligatorio, principal y predominante para informar, publicitar y comparar créditos y financiaciones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El texto comprende un amplio abanico de operaciones, desde préstamos personales, prendarios e hipotecarios hasta adelantos de dinero, tarjetas de crédito, compras en cuotas y financiaciones comerciales. Además, el esquema también incluye a los créditos gestionados por plataformas digitales, billeteras virtuales, fintech, cooperativas, mutuales y entidades no financieras.

“El objetivo del proyecto no es regular la actividad financiera ni establecer tasas de interés, materias que corresponden al Estado nacional y al Banco Central. Se propone ejercer las facultades provinciales en materia de protección del consumidor, transparencia comercial y defensa de sus intereses económicos”, explicó Leguizamón.

Según establece el articulado de Leguizamón, toda publicidad, promoción, oferta, cotización o contrato deberá consignar el Costo Financiero Total (CFT) expresado como tasa efectiva anual. El indicador deberá calcularse de acuerdo con la metodología fijada por el Banco Central, o en función de la normativa nacional vigente.

“El CFT deberá incluir todos los intereses, comisiones, cargos, seguros obligatorios, gastos administrativos, impuestos y cualquier otro concepto que deba afrontar el consumidor como condición para obtener, mantener o cancelar el crédito”, resumió el senador de la Octava sección electoral.

Otro de los ejes del proyecto apunta a evitar que el costo real de una financiación quede escondido entre condiciones de difícil lectura. La iniciativa establece que el CFT deberá aparecer de manera clara y visible, con un tamaño igual o superior al de cualquier tasa, cuota o beneficio promocionado, además de ocupar dentro de la publicidad un lugar equivalente al monto ofrecido o al valor de la cuota.

El texto también pone el foco en la publicidad audiovisual y establece pautas para garantizar que el CFT tenga una presencia efectiva. Las entidades deberán mantenerlo visible durante un tiempo suficiente para su lectura y tendrán que informarlo de forma verbal siempre que la pieza promocione tasas, cuotas o condiciones financieras.

En tanto, el nuevo impulso legislativo también pone la lupa sobre uno de los indicadores más habituales en las ofertas de crédito, la Tasa Nominal Anual (TNA), que suele funcionar como principal gancho comercial. La propuesta de Leguizamón apunta a quitarle ese protagonismo y prohíbe que aparezca como único indicador o como referencia central en títulos, promociones, ofertas y comparaciones.

Cuando la normativa nacional obligue a informar la TNA, las empresas podrán incorporarla como un dato complementario, pero sin darle mayor tamaño, contraste o relevancia que al CFT. En esa línea, la iniciativa también impide cualquier presentación que oculte, relativice o dificulte la comprensión del costo financiero total.

“Actualmente es frecuente que bancos, comercios, financieras y plataformas digitales destaquen una TNA relativamente baja, mientras el CFT aparece en caracteres pequeños, al final de la publicidad o en condiciones de difícil lectura. La información puede ser formalmente correcta, pero induce al consumidor a tomar una decisión basándose en un indicador incompleto”, advierten los fundamentos de la iniciativa.

Antes de concretar una operación, el proveedor deberá entregar un resumen informativo con el CFT, el capital efectivamente recibido o financiado, el valor de cada cuota, el monto total a pagar y la totalidad de los cargos incluidos. El documento también deberá detallar el cronograma de pagos, las condiciones de cancelación anticipada y los intereses o cargos previstos en caso de mora.

La iniciativa también obliga a las entidades crediticias a detallar de forma visible el precio de contado o el monto neto recibido, la cantidad y periodicidad de las cuotas, los posibles mecanismos de ajuste o indexación y los costos asociados a una eventual mora.

“Queda prohibido presentar como ‘más barato’, ‘más conveniente’, ‘tasa más baja’ o mediante expresiones semejantes un crédito que no resulte más favorable al consumidor según su CFT y las restantes condiciones de contratación”, establece el proyecto.

Finalmente, Leguizamón establece que cualquier omisión, inexactitud o presentación engañosa del CFT constituirá una infracción. Si el costo real supera al informado, el consumidor tendrá derecho a que la operación se recalcule con el menor CFT publicitado, ofrecido o consignado en la documentación contractual.

“Establecer el CFT como indicador principal permitirá que los bonaerenses conozcan cuánto cuesta realmente un crédito, comparen ofertas sobre bases homogéneas y eviten decisiones fundadas en tasas parciales que no representan el compromiso económico asumido”, concluyó Leguizamón.

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