La Corte bonaerense avisó que no se va a meter en la disputa por las reelecciones

Tapada por la pandemia de covid, la discusión sobre la ley que impide la reelección indefinida de intendentes en la provincia empieza a subir a la superficie y los jueces de la Suprema Corte bonaerense ya avisaron que no se pronunciarán sobre la cuestión.

El tema es delicado por el rechazo que genera en la sociedad «voltear» una ley aprobada con amplio consenso durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Aún así la vigencia -o no- de la norma estaba al tope de la agenda de los intendentes en los días previos a que la pandemia llegara al país y comenzara a disiparse en el Conurbano.

La opción que parecía más cercana era la vía judicial. La mayoría de los intendentes coincidían en que la mejor opción era «sacrificar» a un referente y que presente un amparo en la Suprema para que luego sean los jueces quienes quienes terminen resolviendo el conflicto. De ese modo la política no pagará el costo.

Sin embargo, trascendió que los jueces de la Suprema Corte enviaron emisarios a los intendentes con un mensaje claro: «es un tema que generó de la política y lo tiene que resolver la política».

La estrategia judicial apuntaba a declarar inconstitucional la ley. Los intendentes veían una rendija donde accionar en que la norma tomó como primer período a las gestiones iniciadas en 2015 (más allá de que algunos intendentes venían gobernando desde la década de los ’90).

Esa aplicación retroactiva podía ser la excusa para que los jueces accionen en su favor. Abogados constitucionalistas que los asesoran entienden que las leyes que modifican a otra no pueden ser retroactivas.

Incluso, en algunos distritos se planteó contar como primer período el iniciado en 2019, es decir tras la aprobación de la ley. Eso daría cuatro más a los intendentes para mantener sus fuerzas territoriales. Fuentes al tanto de la discusión creen que esta vía tiene más chances de prosperar.

Tal como está la ley, quienes consiguiron un segundo mandato en 2019 no podrán volver a presentarse en 2023. Y eso tiene un impacto directo en la elección intermedia del año próximo.

Pero además, el tema es clave para algunos legisladores provinciales que fueron electos en 2013 y que luego renovaron en 2017. Es que el período 2013-2017 se contó como el primer período, de modo que no podrán reelegir el año próximo.

Pero el caso de los intendentes es el que más gravita por el peso territorial con el que cuentan. La ley impacta a todos los colores políticos: kirchneristas, peronistas, macristas y radicales. Ninguno cuenta con sucesores netos y se sabe que designar a un aliado que asuma el sillón municipal sin que traicione a su jefe resulta poco práctico en los hechos.

En el peronismo del Conurbano son varios los jefes territoriales que deberán dejar el sillón municipal que tuvieron asegurado durante años. Allí están Alejandro Granados (Ezeiza), Mario Ishii (José C. Paz), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Gray (Esteban Echeverria), Juan Zabaleta (Hurlingham), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Julio Zamora (Tigre). También kirchneristas puros como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), entre otros.

En la oposición los afectados son Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), el radical Gustavo Posse (San Isidro).