Columnistas

El gobierno maneja una empresa de demoliciones

Por Malú Kikuchi (*)

En un día glorioso, el 1º de mayo de 1853, las provincias con enorme generosidad renunciaron a sus aduanas, que las proveían de rentas, para congregarse y constituirse en nación. Así nació la Nación Argentina, que eligió como forma de gobierno la representativa republicana federal.

Eran 14 provincias, aunque la soberbia Buenos Aires hablara de 13 ranchos y una provincia. La historia argentina gira alrededor de la aduana del puerto de Buenos Aires. Cuando se  pretendió que Buenos Aires compartiera las rentas de la aduana, la provincia se retiró.

Buenos Aires no firmó la Constitución de 1853 y se dividió el país entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Recién en 1862 con la presidencia de Bartolomé Mitre se consolidó la República Argentina. Con instituciones fuertes que permitieron que creciera el país.

Hoy, enero del 2023 la Argentina no es ni representativa ni republicana ni federal. No es representativa porque con lista sábana no se conocen los candidatos. Con la excepción de pocas provincias con ley de ficha limpia ese tipo de lista es un aguantadero para algunos corruptos.

La Argentina no es un país republicano, acá no se respeta la división de poderes, división que es el cimiento de la república. Y no es federal, las provincias están atadas al arbitrio del ejecutivo que reparte la coparticipación a los gobernadores amigos y a los demás, no.

Alberdi en su “Sistema económico y rentístico…” escribió que las provincias recaudan los impuestos internos y participan a la nación y la nación cobra los impuestos externos y participa a las provincias. Fue así hasta 1935 (ley de Federico Pinedo, ministro de economía de Justo).

Se suponía que era una situación que duraría poco, pero como todo lo efímero en Argentina se hizo eterno. Y con la reforma de la Constitución de 1994 le dieron el golpe final al federalismo: se abolió el colegio electoral donde todas las provincias tenían el mismo poder.

Hoy La Matanza tiene la posibilidad de elegir un presidente, importa el número de habitantes. El país dejó de ser federal. Pero no es suficiente, en la demolición de las instituciones básicas del país, está en la mira la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Por Cristina Fernández.

La Corte es la cabeza del poder judicial y sus fallos son de cumplimiento obligatorio. “La Constitución es lo que dice la Corte que es la Constitución”. El Presidente y 11 gobernadores pretenden someter a un juicio político a la Corte. Empezando por Horacio Rosatti, que la preside.

Primero la comisión de juicio político del legislativo debe aceptar la denuncia. Seguramente lo hará. Luego debe pasar a la Cámara de Diputados (cámara acusadora, artículo 53) donde necesita el voto de los dos tercios de los presentes.

Si llegara el pedido de juicio político al Senado (cámara revisora, art 59) ahí también se necesitan los dos tercios de los presentes. Es difícil que suceda, pero de todos modos este pedido queda latente durante 3 años y su final no es previsible. Lo hizo Kirchner con éxito entre 2003 y 2005.

Enero 2023, la gente está desesperada con la inflación de casi el 100% en 2022. Sube el transporte, suben las prepagas (que todavía algunos pueden pagar), sube el gas, sube la electricidad. Y sube la inseguridad, el desempleo y  la pobreza.

Mientras, el gobierno que es responsable de casi todo lo que sucede en materia económica y de seguridad está empeñado en demoler el poder judicial. ¿Por qué? ¿Por el fallo sobre el Consejo de la Magistratura que CFK no obedeció?  ¿Por la cautelar sobre los ingresos de CABA?

No, nada de eso importa, la verdad es que la vicepresidente necesita una Corte adicta y todo un poder judicial a su servicio. Ya lo hicieron Néstor  y ella en Santa Cruz. Necesita pasar a la historia como Belgrano y San Martín, de ser posible como los dos próceres sumados.

Y está condenada en primera instancia por defraudación a los bienes del Estado, o sea a los habitantes del país. Con cifras siderales. Le queda tiempo para apelar a la Cámara en lo penal y si ésta también la condenara, necesitaría una Corte Suprema que la absolviera.

O sea que todo este disparate de pedir un juicio político a la Corte (avalado por el FdT) es simplemente pirotecnia política para asustar a los supremos y pretender que una culpable fuera inocente. Aunque las pruebas de los  fiscales Luciani y Mola en su contra fueron contundentes.

¡Qué tristeza! Todo un gobierno al servicio de una ladrona millonaria mientras la gente pasa necesidades. Se equivoca el Presidente cuando dice que “en la Argentina los únicos privilegiados son los jueces”. No es así. Acá, hoy, los únicos privilegiados son los corruptos.

 

(*) Periodista (publica en varios medios nacionales) y conductora

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