Columnistas

Estado de situación

Por Tomás Pérez Bodria (*)

Al 18 de mayo de 2019 el macrismo gobernaba el país, la economía había explotado tras una histórica fuga de capitales montada en la bicicleta financiera que mantuvo la economía en estanflación y el default fue un hecho, puesto bajo la alfombra mediante un crédito del FMI por cincuenta mil millones de dólares, cuyo propósito implícito fue agravar la mentada fuga y mantener con posibilidades electorales al gobierno neoliberal sirviente del imperio que, a su vez, es el mayor accionista y dueño de sus decisiones.
Ese día Cristina Fernández de Kirchner movió el tablero y en una jugada que por propios y extraños calificaran de brillante, decidió que el candidato a presidente del Frente de Todos fuera Alberto Fernández, secundándolo ella misma como candidata a vicepresidenta de la nación. Esta movida política de carácter electoral fue también, sin duda, pergeñada por la conductora del espacio, con vistas a asegurar la gobernabilidad en caso de alcanzarse el triunfo en las elecciones de ese mismo año, cosa que finalmente ocurrió. El macrismo fue contundentemente derrotado, erigiéndose en la primera fuerza en la región en no poder renovar su primer período de gobierno, máxime siendo el mismo de sólo cuatro años.
Ahora bien, he dicho que uno de los dos objetivos tenidos en mira por Cristina con su jugada del 18 de mayo de 2019, fue el de facilitar la gobernabilidad, frente a un mapa geopolítico desfavorable y con una herencia económico-social dejada por el gobierno de Macri, fácilmente calificable como horrorosa. Tanto que la capacidad ociosa de las empresas giraba en torno de un 60 por ciento, el consumo interno se desmoronó, la deuda externa alcanzó el equivalente a un producto bruto interno entero, primando en su composición la nominación en dólares, la pobreza sobrepasaba dicho porcentaje y el hambre se adueño de los estómagos de millones de argentinos.
Iniciado el nuevo gobierno, la extensión del frente electoral a la que se acudió para asegurar el triunfo en ese campo, se mostró rápidamente como una limitante de la gestión. Las medidas bien diseñadas en su cúpula, encontraron serias dificultades en su implementación, a cargo de las líneas inferiores. Los ministerios, cuya composición se prorrateó entre los componentes del Frente electoral careció, por esa misma razón, en numerosas áreas, de la necesaria coherencia.
En ese marco el gobierno puso el eje central de su política económica en el combate del hambre, supeditando al mismo tiempo la puesta en marcha del aparato económico, a los acuerdos que se pudiesen alcanzar con los acreedores externos y el FMI. Se puso para ello un plazo que, naturalmente, debió ir siendo corrido por imperio de las mismas negociaciones. Y, si bien alertó que sólo estaba dispuesto a pagar en la medida en que no se comprometiera aún más la penosa situación del pueblo argentino, lo cierto es que se continuó honrando el pago de los intereses de la deuda y postergando la reactivación económica. Asimismo, la destrucción de las estructuras del estado producidas por el macrismo, dificultó sobremanera el mínimo control que sobre los formadores de precios requería la puesta en circulación de los más de cien mil millones de pesos -bonos para jubilados y trabajadores, etc.- que, como era fácil predecir bajo tales circunstancias, fueron absorbidos por los empresarios mediante el aumento de los mismos..
Se hacía evidente, entonces, que el desgaste del gobierno popular lo empezaba a colocar en serio riesgo, frente a una oposición neoliberal que rápidamente mostró sus afilados dientes. Movilizó a los sectores rurales más poderosos, puso en jaque las modificaciones impositivas del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y sus medios de comunicación hegemónicos siguieron amplificando los actos desestabilizadores que, por si mismos, carecían de verdadero volumen.
Señalé que el arranque de la economía se supeditó al resultado de la negociación de la deuda, por lo que cada día de demora en la misma, naturalmente, fue conspirando contra la posibilidad exitosa de las planes de gobierno que, hasta ese momento, no fueron explicitados, más que en sus grandes lineamientos. Incluso, por tales motivos, se demoró la presentación del presupuesto nacional. En el mientras tanto, se trató de beneficiar a los sectores más débiles, pero se lo hizo redistribuyendo hacia adentro. Es decir, favoreciendo las capas inferiores de jubilados o trabajadores, pero sin que ello se produzca mediante una asignación de recursos provenientes de otros sectores de la economía -los más favorecidos- que permita una atención de las escalas medias. Y, en una maniobra de similar talante, que no por ser impuesta por la realidad en la distribución de las relaciones de poder careció de inteligencia, el mínimo aumento de las retenciones que se impuso a la soja, se lo distribuyó entre las economías regionales, alcanzando tal imposición una incidencia nula para los ingresos del fisco.
El congelamiento de las tarifas y el el precio de la nafta se constituyó ciertamente en un alivio para la población asediada por el asalto a que la venían sometiendo las energéticas y las petroleras. Alivio que, debido a la profundidad del deterioro económico preexistente, resultaba necesario pero insuficiente.
Para negociar la deuda externa, se puso al frente del ministerio de economía a un hombre patrocinado por Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía de reconocida pertenencia al grupo económico-financiero Rothschild. Ese hombre es el ministro Martín Guzmán cuyo mayor capital, además del mentado patrocinio, es haberse formado en los EE.UU. como un experto en materia de negociación de la deuda pública de los estados.
Se trató de una designación totalmente acorde con la dirección negociadora que asumió el gobierno. La misma que, en el orden local, trató de consumarse a través del tan publicitado como frustrado pacto o acuerdo social y el anuncio de un Consejo Económico y social que tampoco vio la luz.
Pero de repente, y más allá de la implosión del sistema capitalista en su faz de extrema financiarizacón, que ya se manifestaba abiertamente, apareció un acontecimiento de los que suelen denominarse «cisne negro». El ya tristemente célebre coronavirus.
La incidencia universal que alcanzó por su carácter pandémico, parece haberle puesto un broche de oro al estallido sistémico que ya se avizoraba a nivel global. Nunca, en rigor, pudo la economía occidental recuperarse del colapso sufrido en el año 2008 tras el colapso de la burbuja inmobiliaria producida en el año 2006 en EE.UU.
A partir de esta irrupción, todo indica que, en la actualidad, la posibilidad del default ya no hace sólo a la economía de la Argentina, sino que en el mismo ingresaron casi todas las economías del mundo. A nadie se le ocurre en este momento discutir el pago de sus deudas porque, en virtud de la pandemia, la economía mundial se paralizó. Los países se retrotraen a una especie de era pregobalización, cierran sus fronteras y destinan todos sus recursos a paliar la crisis sanitaria que, por supuesto, coloca en terapia intensiva a los aparatos productivos. Y, vaya novedad, también a los financieros, que son los típicamente globalizados.
Por lo tanto y, siquiera provisoriamente, cuanto ahora cobra relevancia, es la disputa de poder económico y político al interior de cada país. Los centrales, tal como lo hicieron en la crisis del 2008, no trepidan en insuflar enormes cantidades de dineros -euros y dólares- para sostener hasta lo posible sus bancos, empresas y, como no tan deseada necesidad, también a sus trabajadores. EE.UU., el gran pregonero de las metas fiscales y el mercado, vertió en un principio dos billones de dólares y prepara otra cantidad semejante para los próximos días, mientras la cantidad de víctimas que se cobra el virus a merced de su inexistente sistema de salud pública, crece exponencialmente.. Alemania y todos los países europeos, recurren también a la misma metodología salvadora
En la Argentina, nuestro gobierno ha aumentado la emisión monetaria un 34 por ciento desde que comenzó la cuarentena, lo que va en línea con cuanto vengo narrando. El presidente Alberto Fernández ha reiterado que el objetivo de cuidar la salud de los argentinos prevalece sobre cualquier otro de carácter económico. Pero, por supuesto, tal como ocurre en cualquier país periférico y, más en uno como el nuestro que fue arrasado durante cuatro años por la «peste» neoliberal, las dificultades para mantener la cuarentena y, con ella, sostener ese objetivo prioritario, choca de frente con las limitaciones que impone la propia economía. Entre ellas, sólo a modo de ejemplo, mencionaré la imposibilidad de impedir la estampida de precios a partir de la concentración de sus formadores o el desconocimiento de la autoridad presidencial y sus políticas por parte de los bancos privados, a los que el presidente del BCRA, Miguel Pesce, parece estar más cerca de defender que de obligarlos a cumplirlas. Y, finalmente, la presión de los sectores económicos tradicionales -Sociedad rural, Unión Industrial, la banca, etc.) para salir de la cuarentena en pos de mantener o recobrar sus ganancias, sin poder disimular con una lamentable reedición de una maratón recaudatoria en formato televisivo dolorosamente parecido al que se implementó durante la guerra de las Malvinas, su absoluto desdén por la suerte de la salud del pueblo trabajador y de los sectores de riesgo. Presión a la que, con argumentos un tanto más presentables, pero igualmente desdorosos, se suma la cúpula de la CGT. Todos ellos, cabalgando sobre la creciente ansiedad de una población que viene dando un ejemplo de disciplina sanitaria pero que, pese a la eficiencia del equipo de salud oficial y la voluntad del presidente, no tiene resto para soportar mucho tiempo más el parate de sus ingresos, como no sea con una inyección de recursos mucho más contundente por parte del Estado y de la eficientización de sus estructuras..
Entre tanto sectores del oficialismo, advertidos del peligroso aislamiento en estos sectores de poder van colocando al presidente, parecen haber tomado la decisión correcta de contestar con munición pesada. Así es que Máximo Kirchner, con la colaboración de Carlos Heller y otros diputados, como así también la CTA de Hugo Yasky, impulsan gravar a las mayores fortunas del país, los bancos y los blanqueadores seriales de divisas previamente fugadas, mediante un proyecto de ley en curso. Esta conducta, más allá del apremio irresuelto de los tiempos, sobre todo en la medida en que el diputado Massa mantenga inexplicablemente cerrada la Cámara de Diputados, puesto que el DNU está vedado en materia tributaria por el artículo 99 inciso 3, segundo párrafo de la Constitución Nacional, señala el camino que inexorablemente se debe seguir. Como dije, la confrontación de poder económico y político se ha trasladado casi por entero, momentáneamente, al interior de los países. En el nuestro, mediando por fortuna un gobierno de raigambre nacional y popular, esa batalla no admite demoras y resulta decisiva.
En el marco de situación planteado cabe mencionar que, habiéndose modificado tan radicalmente el escenario económico mundial y nacional, necesariamente cambia la estrategia inicialmente planteada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Aquella de carácter negociadora y diría que hasta amable, en la que el llamado al acuerdo se hizo con el corazón, debe necesariamente ceder terreno a la que impone la autoridad y la fuerza de la ley, a partir de la situación generada por la pandemia y la necesidad de proteger la salud de la población. Lo que, en definitiva, es también salvaguardar la posibilidad de la reactivación económica en beneficio de todos y no de unos pocos, puesto que la misma depende de la salud de los trabajadores y trabajadoras.
Y si la estrategia se revisa forzadamente, lo lógico es también producir las variantes necesarias en los equipos de los funcionarios actuales, que fueron nominados para llevar adelante un tramo de la acción de gobierno, ahora fenecido. Incluso de algunos de los ministros. Cabe entonces preguntarse: ¿si el acuerdo social con los sectores de la producción ha perdido vigencia frente a la apremiante novedad pandémica, no resulta también imperioso designar en el Ministerio de la Producción a alguien más convencido y capacitado para actuar en una época que reclama decisiones urgentes y de otro cariz?. ¿Y si al Ministerio de Economía actual se lo generó con el exclusivo propósito de consensuar la deuda externa y ello ya no es posible, no deviene inteligente y necesario, colocar a su frente a un funcionario cuya visión exceda el estrecho campo relativo a dicha deuda?. ¿Y si la banca viene dando muestras suficientes de conspirar contra las medidas que dispone el gobierno para paliar la crisis (negativa a otorgar a las pymes los créditos para pagar los sueldos, boicot verificado el primer día de pagos a los jubilados, mantenimiento del negocio de las Leliqs, etc.), no llegó la hora de colocar al frente del BCRA un funcionario convencido de la necesidad de imponer a los bancos el carácter de servicio público, tal como lo pide la Asociación Bancaria, en el camino hacia la más indicada solución de fondo, cual es la nacionalización de la banca?
Reflexión final: cuánto necesita la patria en estos cruciales momentos de los servicios de uno de los mejores, sino el mejor economista que en todo momento la sirvió y que, por el coraje que exhibió cuando fogoneó, en otro momento muy difícil del país, la estatización de los fondos de pensión hoy, con una dignidad que cada día enaltece su figura, sigue sometido a la persecución a la que lo sometió el régimen macrista mandatario de la embajada yanqui y parte del poder juicial (lawfare). Parangonando a don Atahualpa Yupanqui en su famoso tema «El alazán», me permito finalizar diciendo: «Amado Boudou te estoy nombrando».

(*) Abogado penalista, ex concejal de Pilar

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