Columnistas

La suspensión de la pauta publicitaria

Por Carlos Tórtora (*)

La Libertad Avanza anunció oficialmente que en el proyecto de ley ómnibus que se enviará al Congreso se incluirá la suspensión por un año de la distribución de pauta publicitaria para los medios. Para muchos medios, esta medida significaría despidos masivos y hasta la posibilidad de cierres. Sin embargo y extrañamente, el anuncio no originó reacciones y ni siquiera comentarios.

En torno a una eventual judicialización del tema hay numerosos precedentes sobre las reglas que deben aplicarse a la distribución de publicidad, pero no se registran antecedentes acerca de una suspensión de la pauta por parte del Estado.

En el caso Editorial Río Negro c/ Provincia de Neuquén sobre acción de amparo, la Corte Suprema se expidió sobre la distribución de la pauta y el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda sostuvo que el artículo 32 de la Constitución Nacional dispone que el Congreso debe abstenerse de sancionar leyes que restrinjan la libertad de imprenta pero que no establece un derecho implícito o explícito de los medios de prensa a recibir fondos del Estado.

Esta opinión avala la postura de Milei, o sea, que el otorgamiento de la pauta sería una decisión discrecional del gobierno.

Sutilezas

Ahora bien, Milei estaría incorporando la suspensión de la pauta a la ley ómnibus. Pero como no existe una ley que regule la publicidad oficial, los libertarios podrían suspender la misma por decreto, sin necesidad de pasar por un debate legislativo.

Es obvio que Milei quiere que la decisión de suspender la pauta sea compartida por el Congreso, dada la enorme resistencia que la medida podría generar en los medios. Pero sobre este tema vale una especulación más: Milei podría estar especulando con que las mayorías que se formen en el Congreso se opongan a lo que significaría una guerra con buena parte del periodismo.

De ser así, la suspensión quedaría en la nada y el gobierno podría decir que la medida es inviable por falta de apoyo.

Como vimos antes, la suspensión ofrece poca materia para una intervención judicial en el tema, salvo que haya una innovación en el criterio de los tribunales y que se pase a considerar que el Estado sí está obligado a otorgar la pauta.

 

(*) Abogado administrativista. Director del portal El Informador Público, ex secretario Legal y Técnico de la comuna de Pilar (administración Bivort)

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