Columnistas

Las pruebas del adoctrinamiento político en las escuelas públicas bonaerenses

Por Pablo Portaluppi (*)

Los docentes no son más que ustedes”. Con estas controvertidas palabras, tres funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación se dirigieron a casi un centenar de estudiantes secundarios en el marco de un encuentro celebrado en los últimos días en Mar del Plata con motivo de cumplirse 40 años de democracia.

El pasado viernes 2 de junio, se realizó en la ciudad balnearia el llamado “Taller de Promoción de DDHH, 40 años de democracia y Participación Estudiantil en el ámbito educativo”, destinado a autoridades y docentes del nivel medio. Pero los principales destinatarios del encuentro fueron los estudiantes, especialmente aquellos que integran todos los centros estudiantiles de las escuelas públicas del distrito.

 

“Siguen usando el golpe militar del 76 para bajar línea en el presente y adoctrinar desde ese lugar”, comenta un docente que estuvo presente ya que la escuela donde da clase fue “invitada” al Taller. “Parece un hecho menor pero no lo es”, agrega.

“Este año se celebra el 40 aniversario de democracia ininterrumpida en nuestro país, por esa razón es fundamental pensar y problematizar junto a los y las docentes y equipos directivos de la escuela secundaria el concepto de democracia en clave de derechos y hacer foco en su dimensión participativa”, afirma la circular de invitación al evento.

Y añade: “Tomaremos como punto de partida la lucha del movimiento de derechos humanos para seguir su articulación con otras demandas y reclamos como: trabajo, educación, salud pública y justicia ambiental, entre otros; muchos de los cuales tuvieron y tienen como protagonistas a las juventudes”.

De esa manera se estructuró la charla, con una fuerte impronta de algo muy parecido a un “adoctrinamiento” y vertiendo algunos conceptos al menos discutibles.

Los disertantes fueron Matías Cerezo, Valeria Moris y Carolina Añino, todos funcionarios de la secretaría de DDHH de la Nación.

Cerezo es Licenciado en Ciencia Política y coordinador del área de Estudios de Memoria y Proyectos Culturales del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Moris, por su parte, es profesora de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y también integra el área de Estudios de Memoria y Proyectos Culturales del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Tanto ella como Cerezo son profesores de la carrera de Historia en la Universidad de Tres de Febrero.

Finalmente, Carolina Añino es profesora en Comunicación Social para la Enseñanza Media y Superior de la Facultad de Comunicación Social de la UBA, y es tutora virtual en el Campus DH de la Dirección Nacional de Formación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde donde coordina la Campaña “Participar es tu derecho”, «de difusión de los derechos de participación y organización de los y las estudiantes secundarios».

Además es docente de la materia «Nuevos Entornos y lenguajes: la producción del conocimiento en la cultura digital» en la Universidad Nacional de Hurlingham.

Al evento fueron invitados a participar todos los centros de estudiantes de las casi 200 escuelas secundarias públicas de General Pueyrredon. Si bien la asistencia fue escasa, esta modalidad recién empieza y se está replicando en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires a través de sus Consejos Escolares.

“Así se meten en las escuelas. Estos chicos son los líderes dentro del colegio y transmiten las ideas hacia los demás”, detalla un docente también presente en el encuentro. Y agrega un dato inquietante: “Si en el medio de una clase, viene un chico del centro de estudiantes y la interrumpe para comunicar algo, lo tengo que dejar porque si no me amenazan. Y ojo que no lo deje llevarse a alguien para una reunión, lo tengo que dejar ir”.

La ley 26.877, llamada de “Participación estudiantil” fue sancionada el 3 de julio de 2013 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Por definición, un centro de estudiantes es “una organización formada por alumnos y alumnas de establecimientos educativos para defender sus derechos”.

Luego de detallar una serie de funciones a su cargo, como “Formar a las y los estudiantes en las prácticas democráticas, republicanas y federales”; “Defender los derechos humanos y el derecho a aprender”; y “Afianzar el derecho a la libre expresión”, aclara que “un centro de estudiantes es algo político, lo que no quiere decir que deba pertenecer o representar a un partido político ni que su acción se limite a la protesta”.

Si bien nadie discute la necesaria existencia de estos organismos, el problema comienza cuando los mismos son cooptados por una organización política, en este caso, a través del silencioso trabajo que hace el kirchnerismo en espacios estratégicos pero poco visibles.

Y mucho más cuando se promueven conceptos como los que se dijeron en el encuentro de Mar del Plata llevado a cabo en el Espacio Unzué, que según fuentes del Consejo Escolar local, está cooptado por el kirchnerismo.

“Hay que trabajar fuerte sobre los derechos vulnerados”, señaló uno de los disertantes. Agregando que “hay que empoderar a los chiques para que sepan que están en igualdad de condiciones con los docentes”.

“Compartan en el grupo, experiencias, anécdotas, casos o situaciones donde alguno de los derechos de los y las jóvenes hayan sido o estén siendo vulnerados en la escuela o fuera de ella”, aconsejaron, promoviendo “acciones participativas que puede desplegar la escuela para generar mejores condiciones para lograr hacer efectivos esos derechos”-

Además de utilizar lenguaje inclusivo, lo más llamativo fue cuando uno de ellos afirmó en forma contundente: “En verdad, somos los docentes los que tenemos que pedirles perdón a ustedes, les estudiantes, por querer imponer nuestras normas sin tener en cuenta su opinión”.

En oídos de un chico de 15 años, es una invitación a la desobediencia lisa y llana.

Otra de las agrupaciones presentes en el Taller fue la filial marplatense de la FES (Federación de Estudiantes de Secundario), una especie de continuación de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), creada en 1953 durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, y de la nueva UES constituida el 18 de abril de 1973, poco antes de que asumiera la breve gestión de Héctor Cámpora.

En la página de Facebook de la FES, se destaca una frase de Néstor Kirchner: “Esta juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo”.

En tanto, en la filial local afirman que “desde la FES repudiamos fuertemente el aumento del boleto de colectivo impulsado por la gestión municipal de Guillermo Montenegro”, agregando que “lxs estudiantes de la ciudad reconocemos que estos aumentos arbitrarios de un servicio público dificultan cada vez más la vida de nuestros vecinxs, familia y compañerxs de escuela que utilizan todxs lxs días el transporte público”.

Y rematan: “Como espacio gremial de lxs estudiantes queremos que la vida de cada pibe y piba de nuestra ciudad sea cada vez mejor”. Más claro, imposible.

Los representantes locales de la Federación instaron a los alumnos a formar una especie de, en palabras de ellos, “Sindicato de Centro de Estudiantes”, invitándolos a participar de reuniones donde podrían ser informados y formados al respecto.

Fuentes educativas de la ciudad explicaron que “el kirchnerismo quiere fortalecer los centros de estudiantes para generar otro nicho de lo que ellos llaman la resistencia, en este caso en las escuelas”.

Al encuentro invitaron, según se leía en la circular girada: “Comisión de DDHH del Consejo Escolar de Gral Pueyrredon integrada por Consejo Escolar de Gral Pueyrredon, ABUELAS DE PLAZA DE MAYO FILIAL MDP, Espacio FARO DE LA MEMORIA, Referentes locales de la Secretaría de DDHH de Nación, Referentes locales Subsecretaría de DDHH de la Provincia de Bs. As, SUTEBA, SADOP, UDOCBA, STM, ATE, SOEME, UPCN, Referentes de equipos de inspección de la educación de la Jefatura Distrital de educación de la Provincia de Buenos Aires y DIEGEP, Referentes del Consejo Local de la Niñez, Referentes de la Federación de Estudiantes Secundarios”.

Como se aprecia, convocaron también todos los gremios educativos, que nada dicen acerca de la pobre infraestructura escolar que sufre la provincia de Buenos Aires.

Según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la provincia de junio de 2022, ya citado por este medio, el 51,7% de los establecimientos educativos presentaba falencias, de los cuales el 17,7% de los edificios declaró tener problemas estructurales; un 10% adujo filtraciones de agua; un 7,4% dijo tener problemas graves en la instalación eléctrica; un 4,6% planteó que los locales sanitarios se encuentran deteriorados y un 3,4% dijo que cuenta con pisos del edificio en mal estado.

Uno de los convocantes a la reunión fue la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Escolar de Mar del Plata. Pero hay un inconveniente: esta comisión no existe formalmente.

De hecho, en la web de la institución aparecen, con los nombres de sus integrantes, todas las comisiones que integran el Consejo: Fondo Presupuestario, Fondo Compensador, Entidades Co-Escolares, Administración de Personal, Servicio Alimentario Escolar, y Salud Laboral Y Escolar.

La presunta Comisión de Derechos Humanos brilla por su ausencia. Fuentes del Consejo dijeron con cierta ironía: “Nunca se formó, es una conformación fantasma. Quien se autopercibe titular de esa comisión es la consejera k Verónica Castro”.

En el evento se repartió folletería y una publicación de la secretaría de Derechos Humanos de 35 páginas llamada “Memoria, Verdad y Justicia”, donde se recorre la historia del golpe militar de 1976 hasta la fecha, ponderando por sobre todas las cosas las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

“Son obligaciones del personal docente formar a los alumnos en las normas éticas y sociales con absoluta prescindencia partidaria y religiosa, en el amor y respeto a la patria y en el conocimiento y respeto de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”.

Lo dice el artículo 6 inciso C del Estatuto docente de la Provincia de Buenos Aires, ley 10.579.

 

(*) Analista en Medios de Comunicación Social y Licenciado en Periodismo. Columnista político en El Ojo Digital

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