Columnistas

Millones, testaferros y corrupción: segundo anticipo exclusivo del libro “Massa confidencial”

Por Christian Sanz (*)

¿Por qué los medios de comunicación suelen omitir las denuncias judiciales que le hacen a Sergio Massa, que son múltiples y variadas?

La pregunta no es antojadiza: el hoy ministro de Economía acumula media docena de presentaciones penales de diverso tenor que jamás la prensa a replicado, salvo honrosas excepciones.

Por caso, a principios de diciembre de 2018, la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, con la firma de su presidente, el abogado José Magioncalda, lo denunció por cobrar el sueldo de una universidad pública y nunca haber dado clases.

En el escrito de marras, el letrado pidió que se investigue la conducta de Massa y las autoridades de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, en relación a un cargo de “adjunto interino” por el que percibiría salario el líder del Frente Renovador, sin prestar servicios acordes a dichas funciones.

El escrito en cuestión explicó entonces que Massa percibía un salario de alrededor de $ 8.000, “pese a lo cual, no dicta clases ni concurre a dicha casa de estudios (con sedes en Tandil y Pergamino, según consta en la página web de la citada casa de estudios”.

Para el abogado Magioncalda, los hechos relatados, además de que provocaron un perjuicio económico al estado nacional, podrían también ser encuadrados como delitos.

“En efecto, las autoridades de la universidad mencionada, podrían haber incurrido en malversación de caudales públicos, atento a que, ya sea que el ex diputado Massa cumpliera o no alguna función, la misma no sería aquella por la que se le paga. Nótese que, al respecto, el art. 260 del Código Penal establece: ‘Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída’”, según la misma denuncia.

A su vez, Magioncalda explicó que, en caso de ser cierta la conducta atribuida a Massa, consistente en percibir fondos públicos como contraprestación por tareas no realizadas, la misma estaría encuadrada dentro de lo previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece: “Sufrirá prisión de dos a seis años: …5º. El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública.”

Consultadas, fuentes del Frente Renovador aseguraron entonces a este periodista que la contratación de Massa “fue hecha hace un año y medio o dos atrás” (del año 2018) y que “tiene que ver con una decisión de la propia universidad, que ha convocado a varios dirigentes, incluso miembros del Gobierno” para participar de cátedras.

Asimismo, destacaron que el hoy ministro de Economía comenzó ese trabajo “con salario mínimo” y que el puesto en cuestión “no tiene la carga horaria de cualquier otro profesor”.

A su vez, consultados por el colega Sebastián Turtora, desde la misma casa de estudios —manejada por referentes massistas, dicho sea de paso— reconocieron el vínculo laboral. Aclararon que fue “docente adjunto interino”.

“Sin ir físicamente ¿qué tipo de prestación realizaba? No sólo no fue aclarado, sino que fue negado por su familia, es el caso de la suegra de Massa, la referente del Frente Renovador Marcela Durrieu que sostuvo que la información ‘no era verdad’”, explicó el propio Turtora.

A su vez, en los registros oficiales de ANSES / AFIP Massa no solo registra cobros de su paso por la Cámara de Diputados durante 2017, sino que también percibía mes a mes ingresos de alrededor de $ 12.000 de la Universidad del Noroeste.

Como se dijo, a pesar de la gravedad de lo denunciado, pocos medios se hicieron eco de la presentación de Magioncalda.

Como en marzo de 2013, cuando se refrendó otra denuncia contra Massa, aún más grave,por malversación de caudales públicos, que recayó ante la Cámara Nacional Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La misma fue realizada por el fallecido abogado Enrique Piragini y se basó en supuestos desmanejos de fondos públicos con fines de propaganda política. En esos días, Massa era intendente de Tigre.

Como el intendente denunciado cuenta con la colaboración de un Concejo Deliberante con absoluta mayoría de su facción política, también se solicita determinar la actuación de sus cómplices, partícipes y encubridores”, advirtió el denunciante.

A su vez explicó que, en medio de problemas financieros que tenía el municipio, quería saber por qué se le otorgaban abultados pagos de pauta oficial a revistas ignotas y radios “que ni siquiera tienen alcance en Tigre”, entre ellas, el programa de radio Ciudad GotiK de Jorge Rial, y FM Cielo103.5 de La Plata.

También buscó indagar sobre el indiscriminado gasto público para la contratación de grupos musicales, realización de eventos y alquiler de máquinas de lanzapapeles como parte del márquetin político que busca posicionar a Massa de cara al 2015.

Las presunciones eran obvias: se sospechaba que Massa pedía algún tipo de “retorno” a aquellos a los que les regalaba dinero del Estado.

No era nada antojadizo: Silvia D’auro denunció en 2013 que Massa motorizaba ese tipo de enjuagues con su entonces marido, Jorge Rial.

A pesar de todo lo que se sabía y lo que había por hurgar, la Justicia decidió desestimar la denuncia, dejando a Massa impune, una vez más.

Envalentonándolo en el acto, para seguir robando a través de su “mano derecha”, Juan Calos Angellini, otrora chofer de Anses y hoy multimillonario. Oriundo de Santa Fe, abandonó a su esposa y sus dos hijos y hoy vive en un triplex en Recoleta.

No es el único “testaferro” de Massa: Daniel Guerra es el otro “canalizador” de los dineros del otrora jefe de Gabinete K.

No solo es íntimo amigo de Massa, sino que ganó contratos estatales por más de 250 millones de pesos y llegó a comprar un departamento en la zona más cara de Miami. Un ostentoso inmueble donde Massa sabe recalar cuando viaja a Estados Unidos. Como si fuera de él.

Todo indica que Guerra es el “prestanombre” del hoy ministro de Economía. Por ello, en agostó de 2022 presenté en la Justicia Federal una elocuente denuncia contra Massa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de activos y encubrimiento.

La presentación recayó en el Juzgado Federal N°10 a cargo de Julián Ercolini, pero luego pasó al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y se unifico con otro expediente. Obviamente, va camino a morir por prescripción, ya que nadie e atreve a investigar a Massa.

Como sea, la trama refiere a la compra de un haras en ocho millones de dólares por parte de Guerra, quien también aparece denunciado. E incluso aparece otro presunto prestanombres, a quien denominan “el Cristóbal López de Massa”, llamado Gustavo Carlos Ranucci, ex titular del bingo Avellaneda.

De acuerdo a la presentación de marras, “Massa habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional para propiciarse un elevado lucro indebido, producto de maniobras ilícitas con la participación directa de sus testaferros amigos”.

A tal respecto, el escrito describe: “El flamante ministro adquirió -en una fecha que ronda al 10 de agosto de 2022- el ‘Haras La Vanguardia Polo Club’ en una exorbitante suma que se arrima entre U$S 8.000.000 y U$S 9.800.000, abonado en efectivo, desde luego”.

A su vez, se describe “lo burdo de la maniobra”, que “deschava la impunidad con la que se maneja este tipo de personas, pues estamos ante una cifra que resulta inalcanzable para cualquier persona común, y mucho más lo sería para quien exclusivamente haya ocupado cargos en el sector público a lo largo de su vida. Esto es, el Dr. MASSA nunca ha sido ni empresario, ni trabajador del sector privado, ni inversor de ningún tipo, por lo que resulta incompatible su adquisición de dicho terreno, en relación a sus ingresos provenientes del salario que le provee el Estado”.

Según la presentación, “el modo de ejecutar sus compras opulentas, inviables y descaradamente sospechosas (con razón), de Massa se centra básicamente en asignarle a los empresarios Ranucci y Guerra en los distintos contratos (incluso con AySA, empresa dirigida por la Señora Malena Galmarini -esposa de Massa-) la tarea de ser prestanombres. Y digo que tienen ese rol, pues ellos son la cara visible que ostenta una grosera cantidad de dinero sin un origen claro de dichos fondos, y con el curioso vínculo de amistad del Dr. MASSA, eviterno político”.

Y aun más, “si bien es cierto que aquí se está denunciando un hecho particular, es decir, la compra de la propiedad que en San Andrés de Giles denominan ‘lo de Massa’, lo cierto es que no puede escapar a la pesquisa que tendrá a cargo V.S. y/o el Señor Fiscal interviniente, los demás negociados espurios que hayan celebrado los tres (3) acusados, cuando estos salgan a la luz. Pues basta con una mínima indagación para ‘destapar la olla’ de una vez, y juzgar a todos con la misma vara (cfr. Art. 16 CN) y con todo el peso de la ley”.

Como se dijo, el expediente va camino a morir, no solo por el desinterés de la Justicia en investigar a Massa, sino también por la falta de acompañamiento del periodismo, que no se anima a meterse con él.

(Extracto de “Massa confidencial” de Christian Sanz, de próxima aparición).

 

(*) Periodista de investigación, director del portal Tribuna de Periodistas

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