Desde Pilar, denuncian a Milei por malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad

El abogado Juan Quesada pidió a la justicia que investigue al presidente y a varios de sus funcionarios por el financiamiento del viaje realizado a España durante este mes de octubre.

De acuerdo a lo consignado por el denunciante, un profesional que hace tiempo reside en el distrito, "se pretende establecer si la totalidad o parte de las erogaciones efectuadas con fondos públicos respondió a una finalidad institucional legítima o si, por el contrario, existió un desvío de recursos estatales hacia objetivos políticos, partidarios o personales ajenos a las funciones propias de la Presidencia de la Nación".

Asimismo, "se pretende determinar quienes autorizaron tales erogaciones, bajo que fundamentos administrativos y mediante que partidas presupuestarias".

Quesada observó que el viaje presidencial, que en principio se supuso "oficial", se produjo cuando "España se encuentra atravesando un proceso de campaña electoral con vistas a las próximas elecciones generales previstas para el mes entrante", por lo que "resulta particularmente significativo que, al anunciarse inicialmente el viaje, no se hubieran precisado públicamente los objetivos concretos del mismo ni una agenda
diplomática detallada".

En su opinión, si bien "tal circunstancia, considerada aisladamente, no configura irregularidad penal alguna", sin embargo, "constituye un antecedente relevante que justifica requerir la documentación administrativa original para establecer la finalidad invocada al momento de disponer el viaje".

A posteriori, el abogado se refirió a las diferentes actividades del presidente en Madrid -insultos a su par Pedro Sánchez incluídos- y sostuvo que "la relevancia de tales manifestaciones para ésta denuncia no reside en su contenido ideológico, protegido por la libertad de expresión, sino por su eventual vinculación con la finalidad del viaje emprendido y con el empleo de recursos públicos para actividades partidarias".

En este sentido, se manifestó convencido de que "debe distinguirse entre el ejercicio legítimo de las atribuciones presidenciales en materia de relaciones internacionales y la eventual utilización de bienes y fondos del Estado para promover intereses políticos particulares".

En otro tramo de su presentación, tras aludir a los gastos que conlleva una movilización presidencial -"aeronaves oficiales, combustible, servicios aeroportuarios, personal de seguridad, funcionarios acompañantes, viáticos, alojamiento, transporte terrestre y gastos de representación"-, Quesada consideró que "correspondería establecer qué recursos fueron efectivamente utilizados, su costo y la fuente de financiamiento", previo a  evaluar que "deberá determinarse si existió una aplicación indebida de caudales públicos, una utilización de servicios estatales en provecho particular o una orden administrativa contraria al ordenamiento jurídico".

"Se trata de determinar si los fondos y servicios estatales fueron utilizados conforme una finalidad pública y jurídicamente admisible o si se produjo una desviación hacia actividades privadas o partidarias", insistió.

Por último y a criterio del denunciante, "las conductas descriptas podrían encuadrar en el Art. 260 CP que reprime al funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente a la que estuvieren destinados, en el Art. 261 CP que contempla la sustracción de caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia hubiere sido confiada al funcionario por razón de su cargo, o el abuso de autoridad previsto en el Art. 248 CP".

 Cabe apuntar que Juan Quesada acompaña a Claudio Ponce de León como columnista de El 1° de la Mañana (Cadena Premium 94.5)