La rebeldía judicial de De Achával puede costarle muy cara (más de 50 millones de dólares) a Pilar

El intendente sigue empeñado en no devolver el predio del vacunatorio a sus dueños en abierta oposición a lo oportunamente ordenado por un juez federal. El rol de Jorge D´Onofrio en la maniobra que puede significar un grave perjuicio a las finanzas del municipio.

Aclaración necesaria antes de comenzar a desgranar este verdadero escándalo: la información que aparece ahora mismo en este portal, llegó a manos de todos los medios de prensa del distrito. Por supuesto, todos, en consonancia con la necesidad de Federico De Achával de mantener este tema fuera del escrutinio público, se negaron prolijamente a publicarlo.

Hace unos días, el presidente y socio mayoritario de la empresa Pilar Bicentenario, Mateo Corvo Dolcet, acompañado por su abogado José Manuel Ubeira, se presentaron en el municipio para pedir, respecto al predio ubicado en el km 46 de la ruta Panamericana, «el inmediato acatamiento de la intimación emanada de la decisión judicial firme dictada por el juzgado federal n° 8 en causa 45/2017, y que restituya a nuestra mandante el inmueble de 90.000 m2 y todo lo en él edificado, bajo apercibimiento de iniciar todas las acciones legales correspondientes«.

En un extenso escrito, los presentantes expusieron detalladamente sus pretensiones, y dejaron varios conceptos para destacar. Después de explicar que «Pilar Bicentenario S.A. (en adelante PBSA) es propietaria de 90.000 m2 frentistas al Km 46 de la Panamericana que incluyen un edificio de 26.500 m2 en 6 plantas con 1.000 cocheras», donde «ejecutamos una enorme obra de infraestructura y la construcción del 80% de la estación “Panamericana” -certificado por la ADIFSE en 2016- para poner en marcha un Centro de Transferencia de Pasajeros (‘CTP’)», Corvo Dolcet recordó que «acordamos con el Estado Nacional una inédita iniciativa público privada de transporte interjurisdiccional de pasajeros que el municipio se comprometió a facilitar, lo que a Ud. le consta por la estrecha actuación que tuvo conmigo para que obtuviéramos las aprobaciones para desarrollar 160.000 m2 de usos mixtos«.

En su opinión, «un sector de la política montó una maniobra para despojarnos del
negocio». «En buen criollo, intentan chorearnos«, consideró antes de acusar al entonces diputado provincial y actual ministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D´Onofrio, de ser «la punta del iceberg » de la maniobra. En ese sentido, al aludir a la acusación de narcolavado en la que se fundó la desposesión del predio a PBSA, Corvo Dolcet indicó que «se gestó con
informes truchos que hizo la AFI y por los que ya se ordenó la indagatoria de quien fue su
Director de Inteligencia Criminal».

«Como Ud. no ignora, D´Onofrio reconoció públicamente ser quien me denunció
´ante el gobierno´ de aquel entonces, desnudando así su vínculo con la operación judicial
utilizada para condenarme mediáticamente y enlodar a PBSA so pretexto de que era una
sociedad financiada por el narcotráfico. Así comenzó el apoderamiento de nuestra
empresa. Luego el HCD nos impidió la continuidad del proyecto, y después, la sociedad fue
intervenida judicialmente por pedido municipal, y esa fue la vía para privarnos la
administración empresa y la ocupación de nuestro predio», continuó.

«Más aún. Ud. pidió y obtuvo la tenencia en custodia del Km 46, más allá de que
entonces ignorábamos que D´Onofrio ya había presentado en el congreso su ilícito
proyecto de expropiación. Para ser bien claros: Ud. obtuvo la ´custodia´ de lo que D´Onofrio
expropiaría para que. en lugar de ´cuidadores´, Uds. se convirtieran en ´dueños´. Y esta
movida obviamente la ocultaron a la justicia tal como expresamente lo denunció la AABE
en la causa FSM 45/2017″, agregó.

En este punto, el presentante aludió a una serie de irregularidades que derivaron en la ocupación del predio por parte del municipio. «El juez (Néstor Barral) dijo que Uds. pidieron instalar un ´centro de operaciones interdisciplinario y multi jurisdiccional para combatir la pandemia del Covid1´. Tal pedido no existió, ya que según la AABE, Ud. les ofició el domingo 22 anoticiando el peligro genérico de usurpación de distintos ‘bienes del Estado Nacional’, los cuales se ofreció a custodiar. La treta duró un suspiro, ya que la lista de inmuebles ´estatales´ que Uds. consideró ´en peligro´ se limitó a nuestro predio, que era y es propiedad privada de PBSA y no corría ningún riesgo». apuntó.

También sostuvo que «las desprolijidades fueron muchas. La insinceridad de lo oficiado a la AABE quedó al desnudo porque la ASPO decretada 48 hs antes, vació las calles y volvió inverosímil el ‘peligro’ de una usurpación -que hasta entonces, nadie había siquiera intentado-. Así fue que apareció el speach del centro interdisciplinario, y que no fueron más que unos pocos containers destinados a testeo pero que permitieron dar el primer paso para quitarnos el predio e impedir que continuáramos nuestro proyecto».

Corvo Dolcet aseguró que «nos quitaron el predio en pleno proceso concursal, mientras Uds. publicitaron haberlo ´recuperado  del narcotráfico, imponiéndole, interesadamente, el mote de
´elefante blanco´ y/o ´el edificio de los Escobar´, para correr de escena el choreo en curso y
crear la posverdad de que nosotros lo ´abandonamos´ (sic), cuando es el municipio quien
lo retiene e incumple la sentencia judicial federal que los intimó a restituir«.

«Ud. -le dijo al intendente- asumió la custodia sabiendo que por la maniobra de D´Onofrio pretextarían una interversión de título para retener el bien sin juicio de expropiación, manganeta que obviamente no disimula la confiscación ejecutada, ni los delitos cometidos«.

D´Onofrio, el expropiador

Por otra parte, y en lo que concierne al hoy titular de Transporte provincial, Corvo Dolcet refirió que «en 2019 el entonces diputado D’Onofrio propició la expropiación y que se otorgue a
los beneficiarios la efectiva e inmediata posesión de nuestro inmueble, y, además, un plazo
de cinco años para decidir si iniciaban o no juicio el juicio respectivo». «Y esto fue un delirio», calificó antes de precisar que «la ley 15.239 fue sancionada en la última sesión del ciclo legislativo del 2020. No tuvo tratamiento en comisión; no se debatió en los recintos, ni se leyó por secretaría antes de votarla. Se trató sobre tablas y su única motivación fueron las falsedades y ocultamientos de D´Onofrio, quien silenció que nuestras 9 manzanas son de las más valiosas de Pilar (dos procesos judiciales acreditaron su precio en varias decenas de
millones de dólares). ¿Qué dijo D’ Onofrio? Que valían 580.000 pesos»

«Y mintió porque el precio real evidenciaba la irrazonabilidad del proyecto. También silenció la existencia del edificio de cocheras de 26.500 m2. En cambio, dijo que sólo había construidos 40 m2. O sea que el congreso expropió un predio que vale una fortuna, desconociendo además que allí existe un edificio cuyo costo es multi millonario en dólares. Silenciar las cocheras le permitió a D´Onofrio callar la iniciativa público privada de transporte interjurisdiccional de pasajeros, la cual no podía ser informada al congreso, porque las provincias no pueden expropiar bienes ya afectados al interés público federal. También escondió que PBSA tramitaba su concurso preventivo».

Corvo Dolcet insistió en que  «D´Onofrio mintió, y esto es así más allá de la responsabilidad que quepa o no a otros legisladores, máxime considerando la denuncia pública de un diputado que afirmó la existencia de un acuerdo político destinado a expropiar propiedades, calificándolo como ´un negocio para algunos amigos´ (ya pedí citar a este diputado en mi querella contra
D´Onofrio)».

Además, y sobre la cuestión D´Onofrio, denunciado ante la justicia por esta maniobra, se citaron los pronunciamientos de la Cámara Federal de Casación Penal («existen dos elementos que rodean el eventual delito específicamente achacado a D´Onofrio, que demuestran a todas luces que las consecuencias del dictado de la ley que se cuestiona por el querellante bien podría menoscabar los intereses de la Nación»), y de la Cámara Federal de La Plata el 2 de mayo pasado («el proceder de D´Onofrio no permite descartar ninguna hipótesis delictiva»).

Las consecuencias

Al volver sobre el fallo del juzgado federal N° 8, y tras dejar establecido que «esa sentencia está firme a pesar de lo cual, Ud. la desobedeció», el presidente de PBSA insistió con la restitución del predio atendiendo a que «la magnitud del daño que originará persistir en la violación de la ley, es alarmante y generará consecuencias imprevisibles».

«Su decisión personal de retener el inmueble desobedeciendo una intimación judicial federal firme, exorbita los límites de su función y transgrede diversas normas constitucionales y federales, incluso del tenor de las dispuestas por la ley de ética pública de la nación. Además, la arbitrariedad e irregularidad de su decisión, habilitarán reclamos millonarios en perjuicio de los contribuyentes, más allá de las responsabilidades personales que emergen por la mala praxis administrativa y delitos civiles y penales», indicó

Para Corvo Dolcet, «capítulo aparte merece la hipótesis de pretender demandar la expropiación del inmueble de PBSA tras la evidencia de que la ley 15.239 ignoró la existencia de un edificio
de casi 1.000 cocheras, con derechos ya adquiridos por cientos de compradores de buena fe que pagaron la totalidad del precio de la unidad en el marco de un desarrollo inmobiliario
que el municipio autorizó bajo su gestión funcional, por lo que es menester preguntarse si
realmente Uds. persistirán en la intención de privarlos de sus cocheras».

«Y si así fuera, ¿soportarán los contribuyentes el pago de u$d 17.000 por cochera -es decir, una base de 17 millones de dólares, sólo para indemnizar la expropiación de ese edificio? Además, ¿qué le dirían al juez de una eventual y futura expropiación del edificio de cocheras? ¿Le mentirán, diciéndole también a él que lo construido son 40 m2? ¿Cometerían esa estafa procesal -entre otros delitos-? ¿O reconocerán los 26.500 m2, admitiendo el ocultamiento de
D´Onofrio a los legisladores? Y si el sincericidio expusiera la intención de expropiar aquello
que no existió como fundamento para dictar la ley, ¿qué juez honesto ejecutaría una norma
que fue el fruto de un engaño? ¿acaso ya tienen disponible a ese juez y, por eso, no
devuelven el predio? ¿O no lo devuelven sólo para causar daño y quebrarnos?», se preguntó.

El demandante aseguró que «lo que sucede es muy grave y lo que viene es peor», al tiempo que sostuvo que «más allá de la querella y la acción civil que impulsamos en solitario, debe
quedar claro que nosotros jamás ´abandonaremos´ ni el predio, ni el proyecto, ni dejaremos
librados a su suerte a cientos de inversores, tal como falsamente afirman los escribas de la
mala política, para así intentar disimular el choreo del que somos víctimas».

«Entretanto -recordó-, también intentamos consensuar una salida política al desastre gestado
por D´Onofrio. Pero nunca obtuvimos respuesta. Quizá algunos crean equivocadamente que
la impunidad será eterna y no habrá consecuencias por la maniobra ilegal y/o por la mala
praxis expropiatoria de nuestro predio. Pero las consecuencias -cuando menos por mala
praxis- finalmente llegarán, como lo demuestra no haber respetado la ley al nacionalizar
YPF, lo que requiere recordar que ya hemos advertido las razones por las que someteremos
este caso a juzgamiento del CIADI, más allá de que nuestra vocación no sea pleitear, sino
emprender».

«Por eso, ante el ya referido riesgo de quiebra; ante la posible consolidación de daño
económico a PBSA y a los contribuyentes, volvemos a instar a la reflexión, interpelándolo a
Ud. por ser la máxima autoridad local y ocupante de nuestro predio», instó antes de concluir con la certeza de que «todos deben saber lo que pasa y tener la posibilidad de hacer lo que les corresponda a fin de evitarle a la ciudadanía el costo de los platos rotos por un sector de la política, pero que dolerán en el alma de todos».