Memoria: cuando una coima en Pilar arruinó a «La Tota» Santillán

El popular conductor fue encontrado sin vida en su casa de Ituzaingó, y mientras este lunes se lleva a cabo la autopsia en la morgue de San Martín para determinar las causas de su deceso, resulta inevitable -para los pilarenses- recordar aquel episodio que terminó con la condena de tres empleados municipales durante la administración Bivort.

Ricardo Daniel Carías, su nombre real, falleció este domingo a los 57 años. “Las primeras tareas periciales indican que se habría quitado la vida, ocasionando un incendio posterior en un sector de la vivienda, que luego se extinguió solo”, confiaron fuentes de la investigación. “Aparentemente, estaba deprimido”, sumaron.

Dicen que después de la muerte del cantante Rodrigo en el 2000, «La Tota» Santillán no volvió a ser el mismo, y su vida estuvo plagada de hechos lamentables que, sin dudas, tenían que ver con su salud mental. Fue diagnosticado con depresión y bipolaridad, y en ese estado, afrontó varias causas judiciales y hasta llegó a mendigar por las calles.

Quizás fue lo ocurrido en Pilar en 2002 lo que marcó el declive definitivo del otrora líder de la movida tropical, de acuerdo a lo que él mismo afirmó a la prensa: «sé que en la vida se pierde y se gana pero a mi me arruinaron, de hecho los socios que tenía se enojaron conmigo porque decían que mi condición de persona pública había motivado a esas personas a pedir dinero para dejarnos trabajar».

De esta forma «La Tota» se refería a la frustrada apertura de Tía Sofía, un restó bar que ubicado sobre la Panamericana estaba destinado a convertirse en el centro de atención de personalidades reconocidas del ambiente tropical por un pedido de coimas que involucró a tres empleados del municipio de Pilar, enviados, al parecer, por un concejal del oficialismo.

Tía Sofía se preparaba para su inauguración, cuando un par de días antes aparecieron por el lugar los empleados Juan Carlos Leguizamón, secretario del Concejo Deliberante, Hugo «El Chivo» Rojas (ya fallecido), y Fernando Ioselli, padre de la actual concejal Guadalupe Ioselli, que llegó a su banca con los libertarios pero que raudamente se integró al oficialismo.

Los tres invocaron, como mandante, al abogado de Del Viso y por entonces concejal Carlos Olivera, y exigieron, con Rojas como principal vocero, unos 2500 pesos o dólares, no especificaron, para abrir las puertas, y unos tres mil por semana para no clausurar. «Nos dijeron que el monto era para repartir en el Concejo Deliberante», recordó Santillán años más tarde, antes de asegurar que  “fue una etapa bastante perjudicial», y mostrarse convencido de que «evidentemente me quisieron arruinar y por eso después el negocio no funcionó; ya habíamos invertido dinero en la publicidad y en organizar la inauguración y tres días antes de la apertura cayeron con el pedido de coima a pesar de saber que nosotros teníamos los papeles en regla”.

Denunciados por Santillán y filmados y grabados por la policía en las reuniones pactadas con el conductor para la entrega del dinero, los tres empleados fueron a dar con sus huesos a una comisaría de San Isidro, donde esperaron las resoluciones que determinaron su condena. Ioselli y Rojas aceptaron su culpabilidad y se sometieron a un juicio abreviado que terminó con penas en suspenso, mientras Leguizamón optó por el juicio oral y recibió tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Al ahora ex concejal Olivera, si bien fue mencionado varias veces en las distintas instancias procesales en este caso, y aunque varias veces fue involucrado en estos pedidos indebidos de dinero, por distintas cuestiones técnicas, la justicia jamás lo alcanzó.

A tal punto, que el periodista Claudio Ponce de León lo llamaba «el valijero de Humberto».