Fraude electoral millonario: la justicia detectó muertos y candidatos truchos en listas del 2023

La investigación es llevada a cabo por el juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, quien les achaca a los involucrados- otros de los dirigentes mencionados en la causa no fueron imputados- delitos por «defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público».

En un extenso documento de 187 páginas, el magistrado da cuenta de numeroso material documental, testimonial y pericial que da cuenta de la participación de algunos de los mencionados en la presunta maniobra fraudulenta.

«Esta investigación permitió detectar a un grupo de apoderados y autoridades partidarias que utilizaban datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas que les permitieran participar de las elecciones Primarias y, a partir de ello, acceder ilegítimamente al financiamiento partidario dirigido a sustentar parte de la campaña electoral y la impresión de las boletas de sufragio» menciona la resolución.

Y asegura: «Se detectó que las precandidaturas que estos partidos presentaban ante la Secretaría Electoral también se correspondían con personas que no tenían conocimiento de dicha postulación, o siquiera de la existencia del partido político por el cual eran presentadas. En algunos casos, esas personas incluso se encontraban fallecidas hasta más de 10 años atrás».

 Cómo se perpetró la maniobra

La causa se inició en paralelo a las elecciones primarias nacionales de agosto del 2023. Cuando los partidos políticos presentaron sus listas, la justicia corroboró que los candidatos cumplan con los requisitos de manera rutinaria. Así se detectaron casos de postulantes que estaban muertos y se inició una instrucción que derivó en la detección de más irregularidades.

A partir de la denuncia de un candidato en Zárate que se enteró por los medios de su postulación y nunca dio su consentimiento se llevaron a cabo diferentes diligencias que permitieron detectar que numerosas personas que aparecían en las listas referidas no tenían conocimiento de ello, y en muchos casos no conocían siquiera la existencia del partido político por el que habían sido presentadas como precandidatas.

«Como resultado de estas medidas se obtuvieron declaraciones testimoniales vinculadas con 228 precandidaturas postuladas por los cuatro partidos mencionados. Al respecto, 170 precandidaturas no fueron ratificadas por las personas postuladas como precandidatas –quienes declararon no haberlas consentido–, y solo 58 precandidaturas resultaron ratificadas, aunque incluso muchos de los testigos refirieron no haber firmado documento alguno».

En otros términos, apenas 58 candidaturas fueron validadas, lo que equivale a apenas el 25,5% del total.

En su gran mayoría, se trató de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires o del Parlasur. Hay otro dato que se repite según la justicia: se trataba personas vulnerables desde un punto de vista socioeconómico y/o con problemas de salud de gravedad.

Se calcula que el presunto fraude fue por más de 550 millones de pesos. Dos de las agrupaciones involucradas, Proyecto Joven y Justicia y Dignidad Patriótica, llegaron a cobrar el dinero del Estado para la impresión de boletas mientras que las otros tres tuvieron fondos asignados pero no llegaron a hacerse de los recursos.

A Proyecto Joven se le asignó un total de 352.050.020,32 pesos para aportes de campaña e impresión de boletas y un nuevo aporte para imprimir boletas para internas. Por cada categoría se otorgó 76.566.885,12 pesos. A Justicia y Dignidad Patriótica se le asignaron 124.224.124,30.

Quiénes son los procesados

Ernesto Raúl Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal y uno de los hacedores de la ingeniería partidaria para hacerse de los fondos. Domiciliado en Santiago del Estero dijo en su declaración testimonial que «su objetivo era ser Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, pues aseguró que habría una gran cantidad de personas nacidas en el interior del país viviendo allí, y que el sueldo es más elevado que el de un Diputado por la provincia de Santiago del Estero».

En distintos allanamientos, la policía encontró diversa documentación que da cuenta de la participación del nombrado en la actividad de numerosos partidos políticos, entre ellos, algunos de los aquí investigados.

Se lo acusa de «coautor penalmente responsable de los delitos de defraudación a la administración pública en cuatro oportunidades (dos de ellas en grado de tentativa) en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de documento público».

En tanto, a Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, apoderados de Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo, respectivamente se los acusa de los mismos delitos pero solo con relación a sus propios partidos.

«La presentación masiva de precandidaturas falsas coloca a los partidos políticos en una situación de grave sospecha respecto de su vocación real de competir y la persecución de un objeto lícito ya sea en el Congreso de la Nación o en el Parlasur» advierten desde la Justicia.