Secuestran 425.000 dólares en una financiera por la causa en la que investigan a Jorge D’Onofrio

El allanamiento se produjo en una causa que instruye el juez federal de Campana Adrián González Charvay y que tiene como imputado al exministro de Transporte bonaerense.

La causa por lavado de dinero por la que se investiga a Jorge D’Onofrio y otros funcionarios provinciales presuntamente ligados a un escándalo de corrupción con fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) llegaron a la city porteña. En las últimas horas, efectivos de la Prefectura incautaron cientos de miles de dólares y reales, euros y cientos de millones de pesos en una financiera de la Capital.

Detectives de la fuerza federal realizaron cuatro allanamientos en el marco de una investigación que lleva adelante el juez federal de Campana Adrián González Charvay a partir de la denuncia presentada por Leandro Camani, presidente de la empresa Secutrans, que provee los equipos para detectar infracciones y el sistema informático para procesarlas.

En La Plata, precisamente, hay otra causa abierta con los mismos nombres, pero por otros delitos: fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es previa a la de González Charvay y está en manos del fiscal platense Álvaro Garganta. Esa causa se inició con la denuncia que señalaba la actividad de “gestores” que ofrecían eliminar fotomultas a cambio de un pago. Cohecho, como lo define el Código Penal. Coimas, como las conoce todo el mundo.

En esa causa que tramita en La Plata estaría encapsulado el “delito precedente” que se requiere para probar el lavado de dinero en el expediente que lleva adelante el juez federal de Campana.

En esa denuncia aparecen señalados D’Onofrio, el exdirector de Fiscalización y Control de la VTV Facundo Asencio y Roxana Pombo, concejal en Pilar y hermana de Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de ese distrito y madre de Agustina Cuadra, esposa de Asencio.

Uno de los objetivos de los operativos fue, precisamente, una empresa que en la causa de González Charvay aparece como dadora de un préstamo a Asencio, a través de un contrato de mutuo, con el que el exdirector de Fiscalización y Control de la VTV adquirió un Audi Q8. Según el expediente, la dirección acreditada a esa empresa es la misma que figuraba como domicilio de los padres del imputado. En el allanamiento, los efectivos de Prefectura no encontraron rastros de los padres ni de la empresa prestamista, sino de otra compañía.

Otro de los domicilios allanados por los efectivos federales fue una oficina de coworking donde eventualmente gestionaba un comercio virtual la hija de uno de los imputados.

De esos lugares se secuestró documentación “física y digital”, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado.

El procedimiento más interesante tuvo lugar en una financiera. Lo interesante, en este caso, es que cuando los efectivos entraron en la “cueva” la encontraron en plena actividad, con transacciones de dinero en efectivo y plata de todos los colores y denominaciones en bolsos.

Los inspectores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que acompañaban a los prefectos constataron que dicha entidad no contaba con autorización ni registro para operar. Ante la eventualidad de que ese dinero –en todo o en parte– pudiera tener algún tipo de relación con el movimiento de efectivo “en negro” para su reintroducción en el mercado formal a través de operaciones financieras, el juez González Charvay dispuso el secuestro de los fondos: 205 millones de pesos argentinos, 425.000 dólares, 4600 euros y 112.000 reales. El monto total, convertido a moneda nacional, supera los 817 millones de pesos.

“Los allanamientos son una continuidad del operativo que se hizo en la financiera que funcionaba en el hotel (Sheraton) de Pilar”, dijo una fuente de la investigación. Ese operativo ocurrió a fines de enero. En ese momento también se allanó la peluquería “Hairspray Studio”. Ambos negocios son adjudicados a la concejal Claudia Pombo.

La hipótesis que siguen los investigadores es que en ambas financieras “circuló dinero de las actividades ilícitas”. Se trata del expediente radicado en el juzgado federal de Campana, donde se investiga si hubo una maniobra de lavado de dinero. En esa causa, además de D’Donofrio y Pombo, también fueron imputados Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo (también concejal de Pilar), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).