Ley de Inocencia Fiscal II: un proyecto presentado para legalizar la corrupción

El Gobierno del presidente Javier Milei tomó la decisión de cruzar la línea de la ética con un movimiento alarmante al enviar al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II.

Se trata de una iniciativa que analizada objetivamente en todo su articulado, bajo la supuesta intención de reactivar la economía, esconde un mecanismo idílico para garantizar la impunidad de la casta política.

Al observar la norma en su conjunto, se puede afirmar que no se trata de un simple plan de incentivo para que el ciudadano de a pie declare los ahorros que mantiene ocultos bajo el colchón, sino de una estructura que legaliza la justificación de fondos de origen dudoso a medida de los deseos de funcionarios, ex funcionarios y referentes políticos.

Pero además, en el mundo del periodismo, una de las reglas principales es analizar no solo lo que se dice sino lo que se calla, y este es un punto clave a la hora de analizar el proyecto impulsado por el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo.

Es quizá la parte más escandalosa, ya que el paper carece de cualquier cláusula de exclusión para las Personas Políticamente Expuestas (PPE) y sus familiares directos, permitiendo que quienes administran o administraron los recursos del Estado se beneficien de una suerte de amnistía fiscal sin precedentes.

Cabe destacar que no es la primera vez que la gestión Milei recurre a este polémico vacío legal, puesto que la ley original de fines de 2025 ya funcionó como un cuestionable protector para que miembros del propio Gobierno formalizaran dinero de origen bajo sospecha. 

Sin embargo, con esta nueva ampliación, la administración Milei parece querer proteger a sus propios cuadros y a la dirigencia política de La Libertad Avanza dandoles el derecho de blanquear fortunas “en negro” a través del Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias que, para más sospechas, ahora carece de topes patrimoniales. 

Como si todo lo antedicho fuese poco para comprender las verdaderas intenciones del Gobierno, hay un hecho más, acaso probablemente el más grave de todos, que refiere a la destrucción de las herramientas de control del Estado.

En este punto vale mencionar que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero no podrá utilizar presunciones generales para investigar a un contribuyente de alto rango y se verá obligada a cargar con toda la prueba en caso de detectar irregularidades. En otras palabras, se invierte la carga de la prueba.

Lo curioso de todo este entramado es que la desprotección del patrimonio público no cumple con los estándares internacionales impuesto por el Grupo de Acción Financiera, el organismo internacional que exige auditorías reforzadas sobre los bienes de los políticos para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.

Se trata del mismo organismo al que asistió el juez federal Ariel Lijo junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en un evento realizado en París para defender la gestión de Milei.

Hay otro punto que no se está teniendo en cuenta y es que no se trata de un proyecto que beneficie únicamente a los funcionarios del oficialismo, sino a todo el arco político que busque blanquear dinero proveniente de la corrupción.

De hecho, de aprobarse esta norma, también será utilizada para futuras gestiones, lo que no hace más que degradar la lucha anticorrupción que desde diversos sectores se viene impulsando en Argentina.

Con todo lo antedicho, con modificaciones de topes y sin exceptuar a funcionarios y políticos, con la propia controversia que se generaría con los estándares del GAFI, con la restricción que contará ahora ARCA, ¿alguién puede realmente creer que no se trata de un proyecto ideado para blanquear dinero proveniente de la corrupción?

Y una última pregunta más que vale la pena hacerse en este punto. ¿Actuará ARCA como un ente persecutor de referentes opositores que quieran adherirse al régimen de inocencia fiscal? Esa es, en todo caso, una ventana que queda cuanto menos arrimada.

(*) Secretario General de Redacción del portal Tribuna de Periodistas