El abogado Pérez Bodria denunció a la Suprema Corte por abuso de autoridad y prevaricato

La presentación incluye a los cinco miembros del más alto tribunal de justicia de la República, es el expediente CFP 9756/2020, y recayó, según el sorteo, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría.

La denuncia penal del pilarense Tomás Pérez Bodria se dirige a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Elena Inés Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, a quienes endilga los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, además de Prevaricato y Encubrimiento.

El abogado fundó su presentación «en la honda preocupación que como ciudadano me provoca el desapego al estado de derecho que llevara adelante, nada menos, que el organismo que conforma la cabeza del poder judicial dela Nación».
«Efectivamente los denunciados, utilizando indebidamente una prerrogativa que emerge del artículo 280 del código procesal civil y comercial de la nación -certiorari- en la causa CFP 21302/2012/TO1/26/3/4/RH20 Boudou, Amado y otros s/ incidente de recurso extraordinario, han sumido con su accionar a importantísimas franjas de nuestra población en la convicción que su sistema de justicia está amañado y plenamente cooptado por los así denominados ´factores reales de poder´ de la República Argentina», agregó.

Pérez Bodria cuestionó «la utilización de una muy diversa vara para resolver casos que denotan como factor común el principio de ´trascendencia´, esencial para abastecer la legitimidad del instrumento en cuestión. Principio el
mentado que resulta común con el que requiere otro instituto que opera en sentido inverso: el per saltum o salto de instancia para intervenir la Corte -artículo 257 bis del código de procedimientos civil y comercial de
la nación-«, al tiempo que consideró, después de un minucioso análisis de los hechos, antecedentes y notas periodísticas, entre otros, que «emana sin discusión posible la actitud dolosa de los ministros denunciados».

En ese sentido, el abogado aludió al «denominado lawfare o guerra judicial, entendido como la connivencia más perversa entre medios de comunicación dominantes y parte del poder judicial y político al servicio de la persecución de opositores políticos, luce tras los antecedentes referidos y el fallo de marras, toda su perversidad».

En idéntico razonamiento invocó los casos de Milagros Sala y Julio De Vido antes de instar al investigador a «revertir mediante la sana aplicación de la ley, más allá de la relevancia de los involucrados en su vulneración, el inusitado desprestigio en que se ha sumido a la administración de justicia penal, otorgar a cada uno lo
suyo (vieja definición del derecho) y, sobre todo, coadyuvar a la reposición del estado de derecho sin cuyo concurso la república y la democracia no son más que meras ficciones».