El escándalo que viene: Corvo Dolcet busca recuperar su predio de Panamericana (y jaquea a De Achával) y acusa a D´Onofrio de «mentiroso»

A través de un extenso mail que envió a los concejales de Pilar, el empresario informó de su accionar jurídico en pos de hacerse nuevamente del predio del Km 46 de Panamericana, donde funciona el vacunatorio más grande de Pilar.

Al respecto, cabe recordarse que el municipio se instaló en el lugar en el convencimiento de que había sido expropiado a su dueño como una forma de reparación comunitaria frente a la pretendida conducta de éste, procesado -y detenido más de cien días-, imputado por lavado de dinero del narcotráfico.

Dicha reparación fue instada por el diputado provincial massista Jorge D´Onofrio a quien Corvo Dolcet califica, en su descargo, de «mentiroso». Al respecto apuntó que «el proceso penal jamás afectó al inmueble de nuestro proyecto (tal como falsamente lo afirma D’Onofrio) y que el proceso concursal demostró que todas las obras de infraestructura, cocheras y la “Estación Panamericana”, tuvieron financiamiento legal, lo que destruyó la mentira de que nuestro proyecto fue financiado por el narcotráfico».

Cabe preguntarse, a la luz de los pronunciamientos judiciales que invoca Corvo Dolcet, si el apresuramiento del intendente De Achával a la hora de utilizar el predio en cuestión en un intento de mostrar algo de gestión, no podría significar que, al final, los contribuyentes del distrito terminemos pagando alguna que otra millonaria indemnización.

Aquí, el mail completo del empresario:

«Debo dirigirme a Ud. con el patrocinio letrado del Dr. José Manuel Ubeira. Lo hago en mi condición de vecino de Pilar, emprendedor y promotor del proyecto inmobiliario del Centro de Transferencia de Pasajeros del Km 46 de la Panamericana, y, también, porque así lo autorizan los arts. 10, 11, 12 inc. 4°, 13, 14, 15 y cc. de la Constitución Nacional.

Este correo refiere a los mismos hechos que ya informé a los concejales del bloque oficialista y que ahora, informaré al resto de los miembros de ese honorable concejo y, también, a los diputados y senadores de la legislatura provincial.

La razón es obvia. Han ocurrido hechos de extrema gravedad institucional, que requieren de su consideración a efectos de propiciar la implementación de una solución que compete a la política, en su rol de organizadora de las sociedades humanas y de los asuntos que la afectan.

Para que quede claro de qué hablamos, es menester recordar cómo nació el proyecto que ahora intentan expropiarnos a instancias de un andamiaje ilegítimo promovido por el diputado Jorge D’Onofrio.

1.- Comienzo por decir que, vivir en Pilar, me convenció que su crecimiento requiere resolver el problema de accesibilidad hacia y desde la Ciudad de Buenos Aires, ya que la dependencia del auto genera una problemática muy amplia y que se agrava a pasos agigantados.

Como las principales urbes del mundo ya enfrentaron el tema promoviendo el uso de trenes (porque no utilizan calles y autopistas), quisimos copiar ese modelo y adaptarlo a las características de Pilar -cuyo crecimiento horizontal y sus distancias internas, nos hacen muy dependientes del automóvil-. Así fue que proyectamos un Centro de Transferencia de Pasajeros (CTP) sobre Panamericana (vía vertebral del tránsito local) y con casi mil estacionamientos cubiertos para su primera etapa. Para eso, adquirimos el único predio existente en el cruce de la autopista con el Belgrano Norte, y ofrecimos construir y donar la futura “Estación Panamericana”, en tanto el Estado Nacional pondría en funcionamiento un servicio nuevo y directo entre Pilar, Ciudad Universitaria y Retiro. El 27-12-12, nuestra empresa suscribió con el Gobierno Nacional y el Municipio de Pilar, un convenio de participación público privado. Sería importante revisar su texto completo, pero valga como síntesis recordar que allí se afirmó y firmó “…Que las partes signatarias del citado antecedente coincidieron en que el desarrollo de toda el área de influencia de la Municipalidad de Pilar requiere resolver indispensable y prioritariamente su accesibilidad hacia y desde la Capital de la República Argentina y su integración con todo el Corredor Norte del Área Metropolitana Buenos Aires, debido al desarrollo inmobiliario del área y al fuerte incremento en la producción y venta de automóviles que han generado un crecimiento exponencial del tránsito en la Autopista Panamericana. Que, por ello, se estableció que la solución requiere aumentar y mejorar la calidad de la oferta de transporte público, poniendo especial énfasis en el ramal Belgrano Norte habida cuenta que su traza posibilita generar en su cruce con la Autopista Panamericana el primer Centro de Transferencia de Pasajeros del Corredor Norte…”

Obtuvimos todas las autorizaciones y nos pusimos en marcha para gestar un proyecto de utilidad pública federal, a partir de pensar una alternativa a la dependencia casi exclusiva de la autopista.

No solo eso. También cedimos tierra a Edenor para una subestación eléctrica que mejorara la red en la zona, y ofrecimos donar tierra a la UBA para generar un “corredor universitario” entre CABA – Ciudad Universitaria y Pilar.

2.- Pero cuando se “tocan” intereses del poder, lo que se obtiene son problemas. En este caso los obstáculos fueron múltiples, incluida una imputación penal fraudulentamente armada contra mi persona, y que sirvió para “arrasar” a la sociedad Pilar Bicentenario, la cual fue falsamente tildada de “fantasma”, en tanto se afirmó impunemente que el proyecto fue financiado por el narcotráfico.

Entre los políticos que lideraron el linchamiento mediático, se encuentra el congresista provincial Jorge D’Onofrio, quien se permitió decir que cuando Pilar Bicentenario obtuvo las ordenanzas municipales, su espacio político había traído a un asesor de la ONU experto en crimen organizado que les había dicho que mis empresas eran objeto de investigación en EEUU (ver: https://diarioresumen.com.ar/politica/donofrio-corvo-dolcet/). La patraña de D’Onofrio, la evidencia su propia conducta: siendo funcionario público, no efectuó, ni entonces ni nunca, ninguna denuncia judicial. Pero sí se permitió decir lo que quiso en el ámbito mediático y sin que yo pudiera defenderme. Y entre las cosas que dijo D’Onorio, es pertinente destacar que haya considerado como una marca de la corrupción del gobierno de entonces, que los concejales levantaran la mano para votar, sin que hubiera debate.

3.- La realidad y la única verdad, es que aprobamos nuestro proyecto con el Estado Nacional y el Gobierno municipal y jamás, hasta el día de hoy inclusive, existió cuestionamiento jurídico alguno. Debo informarles además que la empresa es bien real; cuenta con 75 accionistas (entre los cuales el ya célebre colombiano Piedrahita fue uno más, y detentó sólo el 2,6% del paquete total, y no invirtió un centavo en el proyecto; sólo me compró ese porcentual de acciones). Y, en función de los acuerdos firmados, en 2015 iniciamos importantes obras de infraestructura además de construir el 90% del primer edificio de cocheras de 26.500 m2, y gran parte de la “Estación Panamericana”, todo lo cual se financió con un importante crédito otorgado por el Banco Ciudad y con los ingresos por la venta de 477 cocheras.

Pero en 2017 el gobierno dijo que no cumpliría su obligación de garantizar un nuevo servicio ferroviario y eso, sumado al linchamiento público fogoneado por quienes ya habían puesto su foco en nuestra tierra, nos complicaron financieramente.

4.- Sin embargo, logramos concursar la empresa; proteger su activo y los derechos de terceros. Y propusimos pagar a los acreedores el 100% de lo adeudado más intereses, en un único pago que haríamos en 90 días, retomando y terminando la obra durante los 180 días subsiguientes, para poder cumplir con los compradores de cocheras. El pasado 5 fue la audiencia concursal informativa y, acto seguido, acreditamos las conformidades (en un caso el 100% y en otro una mayoría del 90% de los acreedores) lo que nos permite aprobar el concurso y evitar la quiebra. El jueves 11 depositamos parte de los fondos necesarios para honrar el acuerdo, cuyo extraordinario nivel de adhesión, obedece al atractivo e importancia estratégica de nuestro proyecto, y la confianza que los acreedores mantienen en nosotros, a pesar de los D’Onofrio de este mundo.

5.- Es importante señalar que el proceso penal jamás afectó al inmueble de nuestro proyecto (tal como falsamente lo afirma D’Onofrio) y que el proceso concursal demostró que todas las obras de infraestructura, cocheras y la “Estación Panamericana”, tuvieron financiamiento legal, lo que destruyó la mentira de que nuestro proyecto fue financiado por el narcotráfico…

6.- Ahora bien: Cuando con enorme esfuerzo logramos avanzar para que Pilar tuviera su Centro de Transferencia; para que nuestra empresa cumpliera sus compromisos; generara inversión, trabajo, y un verdadero círculo virtuoso para el distrito, nos enteramos que el diputado Jorge D’Onofrio promovió la expropiación de las nueve manzanas de nuestra empresa, para transferirlas al Poder Judicial Provincial, a fin “de que se planifique con tiempo la creación de distintas oficinas y despachos judiciales, ya que con ello se estarán adelantando a las próximas décadas en cuanto a planificar un Poder Judicial de excelencia”.

Como esta carta no pretende plantear cuestiones judiciales relativas la ley, propongo reflexionar acerca de lo siguiente.

7.- Enfrentamos un problema sumamente grave, como consecuencia de una ley promovida a través de un fundamento falso, porque D’Onofrio mintió a los congresistas, impidiéndoles conocer la verdad. Dijo que la tierra era una “parcela rural” que, “de acuerdo a los registros de ARBA, únicamente tiene edificados 40 metros cuadrados aproximadamente y con una valuación fiscal de $580.000”. El sabe de la existencia del edificio de 26.500 m2 pero lo ocultó, ya que la sola mención de la existencia de mil cocheras cubiertas, habría generado un hilo de preguntas que desnudara la verdad sobre lo que realmente se expropiaría, y sus gravísimas consecuencias económicas para el Estado Provincial. Es que esta ley no solo destruye un proyecto de utilidad pública federal acordado y vigente con el Estado Nacional, sino porque existen restricciones al dominio; medidas cautelares; créditos públicos y privados ya verificados por sumas millonarias, además de tasaciones que confieren al predio un valor muy superior a los 20 millones de dólares. Y la ley ignoró todo esto.

Si D’Onofrio hubiera informado la verdad, los legisladores habrían sabido, antes de votar, que la propiedad a expropiar probablemente sea una de las más valiosas del mercado de Pilar. Habrían conocido la existencia de cientos de acreedores con derecho patrimoniales judicialmente reconocidos y por cifras millonarias. Entonces, con la verdad sobre la mesa y recordando el caso Vicentín, los congresistas seguramente habrían generado un debate sobre la logicidad del proyecto de ley y el sinsentido de embarcar al Estado en una expropiación dañina para el desarrollo estratégico del distrito.

Por otro lado, y más importante aún, la verdad habría puesto absolutamente en crisis la pretendida utilidad pública de la ley, ya que, si acaso la futura planificación de “oficinas judiciales” pudiera considerarse como fundamento para la expropiación de nueve manzanas de propiedad privada, con todo lo en ellas plantado, es porque antes ello fue debidamente sopesado con nuestra iniciativa para la estación ferroviaria y los miles de estacionamientos que faciliten el acceso al transporte público.

Pero, ¿cómo evaluó D’Onofrio qué era más útil para la gente y para el futuro de Pilar?

¿Cómo solucionará la “ley D’Onofrio”, la circunstancia de que el Centro de Transferencia de Pasajeros, sólo puede hacerse allí, ya que no hay otro lugar en el que se crucen la autopista y las vías del tren? O acaso no se dio cuenta que las supuestas oficinas judiciales que acaso algún día sean planificadas, podrían emplazarse en cualquier otro lado (incluso, hasta podrían serlo en una fracción muy menor dentro de nuestro predio de 9 manzanas).

Y ya que estamos con las futuras oficinas judiciales ¿qué informó D’Onofrio sobre el proyecto a llevar a cabo por el Poder Judicial? Porque, hasta donde pude averiguar, no existe siquiera un convenio firmado con la Corte Provincial y que avale esta expropiación. Más aún; repasando convenios entre el máximo tribunal provincial y distintos municipios, no encontré ninguno en que la tierra involucrada proviniera de una expropiación.

8.- Estoy seguro que en un debate parlamentario nacido de premisas ciertas, habría emergido una corriente de sensatez y respeto por la constitución y la seguridad jurídica, y, a la hora de votar, la mayoría no habría avalado este verdadero despojo, ni la destrucción de un proyecto absolutamente necesario para Pilar (el Centro de Transferencia de Pasajeros) que sólo puede hacerse allí. En nuestro predio.

Así; escondiendo la verdad, los congresistas votaron sin debate. Algo que en otro momento D’Onofrio definió como una marca de la corrupción…

El proyecto, que se trató sobre tablas, redujo la tarea de los Diputados a lo siguiente: el presidente le dio la palabra al diputado Tignanelli, quien dijo: “…Gracias, señor Presidente. Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente D/2854/19-20, proyecto de ley del diputado Jorge D’Onofrio, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble ubicado en la localidad y partido de Pilar, con destino al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal…” (textual), a lo que el presidente accedió diciendo: “…Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. Sírvanse marcar su voto…” (textual) luego de lo cual, el secretario de la cámara dijo “…Aprobado por más de dos tercios…”. Eso fue todo. Eso bastó para despojar a Pilar Bicentenario S.A. de su derecho de propiedad, y plantar la semilla de un conflicto de dimensiones impredecibles, ya que la infinidad de afectados por esta arbitrariedad, generará múltiples juicios al Estado Provincial.

En el medio se coló una modificación al destino de la pretendida expropiación, pero eso excede esta presentación, la cual sólo quiere resaltar que estamos ante una ley que representa un abuso del cometido teleológico, ético y social que la comunidad espera de la función legislativa; la negación de la paz social, del afianzamiento de la justicia, de la promoción del bienestar general y de la protección de la ciudadanía ante la arbitrariedad.

Estamos ante un caso de expropiación en base a una falsa causa; y esto es tan evidente, como evidentes son las mentiras articuladas para esconder la verdad. Esta ley es inoperante, y sólo traerá problemas a la sociedad. Y Uds., como cuerpo deliberativo y articulador de soluciones que tiendan al bien común y eviten la conflictividad, deben actuar en la dirección correcta.

Por ello, y sin perjuicio de que Pilar Bicentenario, sus accionistas y acreedores actuemos en defensa de nuestro derechos, demandando la inconstitucional de una ley que es fruto de un fundamento falso y que desconoció derechos adquiridos que involucran una causa de utilidad pública federal; desbarata además, disposiciones firmes de la justicia federal; arrasa con un proceso concursal; destruye el derecho de propiedad; desarticula un proyecto y una buena idea; impide la inversión y generar trabajo; desalienta el emprendedurismo, etc., etc., etc., yo los invito, respetuosamente, a reflexionar sobre las múltiples aristas de este problema, y a que obren proactivamente para construir con verdadero respeto por la ley.

En lo que a nosotros respecta, sólo nos interesa continuar con el proyecto y sumar nuestro granito de arena al desarrollo de Pilar.

Más allá de que en los próximos días les informaré de las acciones que hayamos iniciado, quedo a disposición para construir una solución útil para Pilar».