La presidente del Concejo pilarense procesada por peculado y a punto de juicio oral

Claudia Pombo está a las puertas de un juicio oral y público por el delito de «malversación de caudales públicos en la modalidad peculado», según la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, fechada el 13 de agosto pasado. Anticipan que pedirán su expulsión del Concejo.

La denuncia pública, articulada por el dirigente de Juntos por el Cambio, Matías Yofe, establece que la imputación a la presidente del Concejo Deliberante de Pilar comienza en 2011, con un informe de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) al detectar la falta de depósitos provenientes de impuestos de sellos y radicación de automotores en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires por parte del Registro de la Propiedad Automotor N° 2 de San Miguel, de la que Pombo era titular.

En su defensa, según Yofe, la hoy concejal «argumentó que estaba enferma, y que por esta razón, al no poder concurrir a su despacho, delegaba sus funciones en gente de confianza». «Por ello -agregó- el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín N° 4, en abril de 2019, ordenó la prescripción de la acción penal».

Más tarde, «el decisorio del tribunal de San Martín fue apelado por el fiscal en Casación Penal, recurso que fue aceptado por la Sala I de la Cámara Federal». «Hay que decir que entre los argumentos de la fiscalía figura que aún declarándose enferma y deprimida para explicar lo ocurrido en el Registro Automotor, Pombo se desempeñaba como asesora del Senado provincial», consignó el denunciante.

Puntualmente, indicó Yofe, «la Cámara Federal no sólo hizo lugar a la apelación fiscal, sino que anuló la sentencia del TOF de San Martín, al que devolvió las actuaciones para que dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las observaciones de esa Sala I».

«Lo que sabemos es que hasta el momento esos trámites están ´pisados´, pero más tarde o más temprano Pombo deberá comparecer en juicio oral para esclarecer su situación; o la absuelven, o fallan en favor de lo que pidió oportunamente el fiscal: dos años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua», dijo Yofe.

Por último, el dirigente anticipó que «vamos a pedir, en principio, la no renovación de la presidencia del Concejo y la expulsión de su banca, porque no tiene nada de ´honorable´ un cuerpo que tiene un miembro imputado por defraudación al Estado».