Municipios

Manipulación K: fuerte señal de inseguridad jurídica en Pilar

La Corte bonaerense denegó un pedido de inconstitucionalidad sobre el recargo que se estableció en Pilar. La presentación había sido efectuada por el referente local de la Coalición Cívica Matías Yofe.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado sobre un paquete de tasas del municipio de Pilar, entre ellas, la que se aplica sobre el precio de los combustibles, que se generalizó en el conurbano y que generó el rechazo del gobierno nacional. Al respecto, cabe recordarse que en enero pasado se aprobó en el Concejo Deliberante de Pilar una tasa vial que recarga en un 2,5% el precio del litro de combustible en las estaciones de servicio del distrito que gobierna Federico de Achával.

Se trata de un costo extra sobre los combustibles, y Yofe, titular de la Coalición Cívica en Pilar, decidió plantear en la Justicia un pedido de inconstitucionalidad, tanto de ese plus sobre los combustibles impulsado por el intendente de Achával para el mantenimiento de calles y caminos, como de la Tasa de Protección Ambiental y de la Contribución Obligatoria al Hospital de Emergencia y Alta Complejidad de Pilar, establecidas en la misma ordenanza.

La comuna defendió la aplicación de la tasa sobre los combustibles. Sostuvo que “su previsión y cobro es resultado del ejercicio municipal de facultades propias”, y puntualizó que “los caminos sufren un deterioro con el transcurso del tiempo y su uso, exigiendo labores de mantenimiento cuya cobertura no puede alcanzarse solo con los fondos recibidos del Estado nacional o provincial”. La intendencia consideró que Yofe “utiliza este tipo de demandas para posicionarse en el ámbito político como opositor al gobierno local, con el solo fin de realizar publicaciones en los medios de comunicación y redes sociales”.

La Corte, en su fallo firmado por los jueces Sergio Torres, Hilda Kogan, Daniel Soria y Luis Genoud, aseguró que “la presentación efectuada por la actora carece del mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el artículo 161 inciso 1º de la Constitución provincial”.

Justicia manipulada

Si bien hay que reconocer el coraje de Yofe al expresarse contra una de las tasas más injustificadas que se cobran al contribuyente pilarense, también hay que decir que sólo falló al omitir una conducta repetida por parte de la justicia bonaerense: jamás falla a favor de un municipio si no es «del palo». Y en este caso, «el palo» es K.

Muchos son los ejemplos que aquí se pueden citar sobre el punto; desde las demoras en investigar a personajes como los involucrados en el caso «Chocolate», o a los Insaurralde, pasando por nuestra Claudia Pombo, cuyo juicio oral y público por defraudación al estado lleva años en la dulce espera, cajoneado gracias a los buenos oficios de su pareja, Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte provincial.

La justicia de la provincia de Buenos Aires, en todos sus fueros y en la mayoría de sus integrantes, adolece de una notable dependencia del poder político, lo que lleva, incluso, a que gran parte de los abogados matriculados en el territorio rechacen atender cualquier caso que involucre a alguien o algo relacionado con el oficialismo gobernante. Y si por fin lo hacen, su desempeño no alcanza al cien por cien; siempre olvidan algún plazo o algún recurso que pudiera beneficiar a los eventuales clientes. Es decir, se mueven con la cautela digna de un gato callejero. Claro que esta apreciación no alcanza a la abogada de Yofe, que sin dudas se jugó una verdadera patriada por su asistido frente a la hostilidad tribunalicia bonaerense.

Párrafo aparte merece el descargo de los abogados de De Achával, que no vacilaron a la hora de descalificar al demandante con argumentos más políticos que jurídicos. De acuerdo a su criterio, ser opositor al gobierno no aplica para recurrir a la justicia. En este entendimiento, sólo los adherentes, simpatizantes o militantes kirchneristas podrían acceder a ese privilegio, aunque, claro está, ellos no le harían un cuestionamiento ni de este tipo ni de ningún otro.

El fallo, por otra parte, además de ratificar el alineamiento judicial con el signo partidario gubernamental, demuestra, y esto es lo malo para el distrito, que nadie con estas reglas de juego (una justicia amañada e impuestos que aparecen de la nada y que son avalados sin demasiados reparos) debería tener muchas ganas de invertir su dinero en emprendimiento alguno. No hay empresario que por más buena voluntad que tenga arriesgue su capital frente a la posibilidad de ser expoliado sin piedad por un municipio que no trepida a la hora de manotear recursos para sus alicaídas arcas. Deberían preguntar cuál es el estado de ánimo que reina entre los del Parque Industrial, ganados ya por la incertidumbre y ante la certeza de que Pilar, con esto, se coloca al tope de la inseguridad jurídica en la provincia.

También descubre una situación hasta aquí no muy meneada por parte del propio Federico De Achával: que si no apela a meterle la mano en los bolsillos a los privados, no puede sostener no ya la obra pública sino a otro sector mucho más sensible como la salud.

Es decir, a contrapelo de la publicidad oficial, el fallo deja ver entre líneas una pésima administración de los recursos por parte de un intendente que se jacta de su gestión y que quiere ser gobernador.

 

 

 

 

 

 

 

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