Nación

Mala leche, el otro expediente que salpica a Arroyo

“Un hijo de puta compró fideos al triple de lo que valen”, disparó Juan Grabois con tanta elocuencia como enojo.

Aunque no lo mencionó, el insulto fue dirigido a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, quien quedó en medio de severas sospechas luego de que se comprobara que había avanzado en la compra de alimentos un 50% más caros que en los supermercados, tal cual reveló este lunes Tribuna de Periodistas.

Ipso facto, una legión de funcionarios del gobierno —Alberto Fernández fue uno de ellos— salió a respaldar al funcionario, asegurando que todo se había tratado de un malentendido. Aún cuando el propio Arroyo admitió los sobreprecios: «Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí pero no hubo rebaja; no obstante, decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia«, confesó.

No es la primera vez que Arroyo es rozado por un escándalo de este tenor: en el año 2008 quedó en medio de una trama de corrupción que llegó a salpicar a la mismísima Alicia Kirchner, quien ostentaba el mismo cargo que él tiene ahora.

Fue después de que una fiscalía de La Plata detectara la venta de 60 mil kilos de leche en polvo destinados al Plan Vida. Pequeño detalle: llevaban la inscripción de la cartera de Desarrollo Social.

El lote pertenecía a “Granja Blanca”, una segunda marca de SanCor que había salido de la planta industrial de Sunchales con la inscripción, en cada paquete, del ministerio de marras. Obviamente, la mercadería nunca llegó a destino.

Por si fuera poco, las leches también estaban a la venta en Mercado Libre al módico precio de 9 pesos la unidad.

Según los fiscales de la UFIC número 8 de La Plata, Carlos Argüero y Esteban Lombardo, gran parte de esos cartones pertenecían a la provincia de Buenos Aires, donde Arroyo despuntaba en esos días como ministro de Desarrollo Social bonaerense. De más está aclarar que entonces era uno de los funcionarios de confianza de Alicia K.

No obstante, Arroyo se movió con eficaz precisión, ya que se adelantó a los hechos. Apenas estalló el escándalo —luego de que un noticiero de televisión revelara la trama—, el hoy ministro de Desarrollo Social se apuró a hacer una denuncia ante la fiscal Leyla Aguiar.

La causa fue transferida rápidamente a la fiscalía de Delitos complejos y se logró comprobar que se habían vendido en Paraguay —y en internet— alrededor de un millón de paquetes de leche.

En ese marco, a pesar de que Arroyo se presentó como querellante, la oposición radicó otra denuncia penal junto a un pedido de informe en la Legislatura provincial para que se realizara una investigación interna en el área de Desarrollo Social.

Como es de suponer, habiendo ocurrido la trama en la Argentina, todo quedó en la nada misma y Arroyo zafó olímpicamente, al igual que Alicia Kirchner.

A pesar de todo lo antedicho, al momento de publicar esta nota Arroyo aún permanecía en su cargo. Eso sí, Alberto Fernández decidió frenar la compra de los productos con sobreprecios.

Está claro que el presidente intenta frenar el escándalo. Pero es tarde ya, porque la justicia ha comenzado a avanzar en un oportuno expediente, impulsado por la abogada Silvina Martínez.

A su vez, empieza a asomar la cabeza el empresario Víctor Lusardi, dueño del “Grupo L”, a quien se vincula con un importante referente de la política del sur y que ya estuvo involucrado en otros hechos de presunta corrupción en el pasado.

Ya mismo, pueden ir alquilando balcones.

(Christian Sanz)

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