Recetas digitales, la Mafia del Troquelado y otro escándalo en Salud

De acuerdo a la información del portal La Nación, «como primera y principal conclusión, los auditores advirtieron que, al amparo del decreto que instauró la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud –por entonces comandado por Ginés González García- relajó los procedimientos de control interno al realizar las contrataciones dando lugar, en algunos casos, a pagos indebidos a empresas proveedoras al verificarse diferencias entre los montos de la orden de pago y lo efectivamente facturado. No solo eso: además se constató, en varios de los expedientes analizados, que los oferentes no acompañaron los productos comercializados con el correspondiente certificado de la ANMAT».

“Incluso se llegó a comprar 200.000 camisolines descartables por $44 millones que no estaban habilitados para uso médico por el ANMAT”, advirtió el auditor y ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio en 2019, Miguel Pichetto.

“Está claro que en este caso no se tomaron los recaudos necesarios para garantizar la integridad en la contratación y la observancia de la ley de Ética Pública”, indicó.

La investigación, además, detalló los principales hallazgos del primer año de pandemia en el que se gastaron $4.581 millones en contrataciones:

• Demoras en la designación del titular de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Recién el 20 de julio se efectivizó el nombramiento. En el ínterin se realizaron contrataciones por $618 millones.
• Cuatro de los expedientes examinados no poseen la presentación de la “Declaración Jurada de Intereses” que todo proveedor o contratista del Estado debe realizar por ley. En uno de los expedientes, por caso, se verificó la contratación con una empresa (Aeromedical SA) cuyo titular era agente contratado del Ministerio de Salud.
• En cuatro de los expedientes no se verifica que las empresas que participan de la contratación cumplan en acompañar los certificados de los productos debidamente aprobados por ANMAT.
• En nueve de los expedientes revisados, si bien no se incumplió con la normativa, se verificó la ausencia de informe técnico sobre la capacidad de la firma de proveer productos.
• En tres expedientes surgieron diferencias entre las notas de créditos emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos. Diez contratos contenían diferencias entre el monto de la Orden de Pago (OP) y lo facturado por las firmas. Las diferencias totalizan a favor del ministerio $452.406, y en contra $53,2 millones.
• Ninguno de los 374 expedientes de pago se pudo constatar la emisión de informes por parte de la Dirección de Contabilidad y Tesorería. Tampoco se dio intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
• En las contrataciones en que se adquirieron elementos de protección personal, los precios de mercado que conforman el presupuesto de las áreas solicitantes de los insumos no son acompañados de documentación de respaldo de las estimaciones realizadas.
• En tres casos se verificó que el gasto autorizado por la Subsecretaría de Gestión Administrativa para comprar insumos médicos fue de $113 millones, cuando el monto máximo habilitado es de $24 millones.

De la Mafia del Troquelado a la Mafia de la receta digital

En medio de las sospechas que envuelven al sistema del troquelado, hay ciertas dudas sobre cómo funcionaba la receta médica digital a través de WhatsApp y mail.

En varios casos se comprobó que una persona podía usar la misma receta en una farmacia y luego en otra, por lo que esa falta de control alentaba a irregularidades importantes a otra escala.