Provincia

Inseguridad en los colectivos: acusan a D´Onofrio de favorecer a «empresarios amigos»

El ministro de Transporte provincial en el ojo de la tormenta por los subsidios para la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos. Desde una de ellas se sugiere «vínculos incompatibles» entre el funcionario y algunas empresas.

El asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, puso al descubierto el estado de indefensión en el que se desempeñan estos trabajadores, en especial en las zonas más calientes del conurbano, a pesar de las reiteradas promesas de protección por parte del gobierno provincial.

Una de esas promesas, del año 2016 y después del asesinato de otro trabajador de la misma línea, se dispuso la instalación de cámaras de seguridad en el interior de los vehículos. Incluso se sancionó una ley en ese sentido, articulada por el diputado de Espacio Abierto Juntos, Martín Domínguez Yelpo (ver más abajo).

El caso es que la norma se cumplió menos que a medias, aún cuando las empresas recibieron por parte del Estado bonaerense el dinero necesario para afrontar la inversión. Ahora, a través de una carta, los directivos de Dota, tras asegurar que «es una de las pocas» que cumplió con el requerimiento, apunta al accionar de Jorge D´Onofrio al respecto:

«Hay empresas que han recibido los fondos públicos para adquirir el equipamiento en el que se ve involucrada la seguridad de los conductores y pasajeros. Quienes hemos invertido nos sentimos unos verdaderos ingenuos, por decirlo de una manera delicada, mientras que otras empresas les habrán dado a los fondos recibidos un destino diferente».

«Quizás resulte casual, quizás no, pero se trata, casi en su generalidad, de empresas afiliadas a las cámaras empresarias amigas del señor ministro».

La ley

A fines del año 2016, con el acompañamiento de todos los bloques y del gremio de la UTA, se logró la sanción de la Ley 14.897, que estableció la obligación para todas las unidades de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que prestan servicios dentro del territorio bonaerense de contar con cámaras de seguridad que filmen en tiempo real y almacenen dichas imágenes durante un período cierto.

La misma, en su artículo 2, estableció que las empresas concesionarias del servicio, bajo su exclusivo cargo y responsabilidad, debían dar total cumplimiento a lo establecido, readaptando las unidades en funcionamiento dentro de los cientos ochenta (180) días de reglamentada la presente Ley.

El Decreto número 342/18 finalmente procedió a la reglamentación de la misma, y con la Resolución 2018-1578-GDEBA-MSGP del Ministerio de Seguridad se establecieron las especificaciones técnicas de las mismas.

Asimismo, de acuerdo al artículo 7 de la Reglamentación, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Púbicos -Subsecretaría de Transporte-, en su calidad de Autoridad de Aplicación, tendría la facultad de graduar la aplicación de sanciones de acuerdo a la enumeración estipulada en el artículo 58 del Decreto -Ley número 16.378/57 y sus modificatorias-, atendiendo a las circunstancias de cada caso.

Luego de una primera colocación en algunas unidades a modo de prueba, se llegó a la Resolución 35/2021 de la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires, donde a través de compensaciones fueron otorgados a las empresas 2.500 millones de pesos para que equipen a las 8.700 unidades que actualmente existen entre líneas provinciales y municipales de la Provincia. Ante esto, solo 1.500 fueron adaptadas al sistema de cámaras.

Además, la Resolución mencionada estableció que dentro de los ciento ochenta (180) días (ya vencidos), a contar desde la publicación de la misma, las empresas debían presentar un plan de instalación de cámaras de seguridad en todas las unidades automotoras que ya se encuentren incorporadas al parque móvil de servicios de transporte público de pasajeros de línea regular, a ejecutarse en el término de doce 12 meses (plazo ya vencido).

Como puede verse, nada de esto se cumplió, y lo poco que se cumplió fue de manera deficiente, dado que al no dotar a las cámaras con el chip y tecnología correspondiente, las mismas no reportan las grabaciones a los centros de control correspondientes.

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