Para los trabajadores de Niñez y Adolescencia, la provincia los trata como descartables

El motín en el Centro Cerrado Almafuerte, ubicado en calle 520 y 183 en el partido de La Plata y el fallecimiento del trabajador Jorge ‘Pato’ Roitman, que se desempeñaba en el Centro Cerrado de Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas, destaparon la olla y visibilizaron las duras condiciones del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, conducido por María Eva Asprella.

Ante el brote de contagios, los trabajadores preparan una jornada de protesta para visibilizar las extremas condiciones en las que se encuentran los jóvenes de los centros cerrados en la provincia de Buenos Aires desde hace tiempo, más allá de este contexto de pandemia. Exigen que haya una mayor intervención del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, al frente de Andrés ‘Cuervo’ Larroque.

“Esto es la continuidad de un plan de lucha”, aseguró  el delegado de ATE, Pablo Blas, quien explicó que luego de la jornada de la semana pasada, las autoridades, con Asprella a la cabeza, ni se molestaron en llamarlos para atender el reclamo. “La gestión hace oídos sordos, la gestión de Larroque y (Axel) Kicillof y de todo el Organismo están haciendo oídos sordos a los reclamos de los compañeros”, apuntó.

Así las cosas, responsabilizaron a las autoridades provinciales que, pese a las advertencias, actuaron tarde, después del fallecimiento de Roitman. Ahora, “recién van a contemplar a las personas de riesgo, pero tuvimos que esperar que muera un compañero”, cuando ya venían pidiendo la conformación de los comités de crisis y la elaboración de protocolos claros.

En el caso de Roitman, el trabajador se había contagiado de coronavirus y, desde el Sistema Único Provincial de Administración de Personal (SIAPE), le negaron la carpeta médica para que cumpliera el aislamiento en su hogar y tuvo que lidiar con la enfermedad hasta que, finalmente, falleció.

El sistema SIAPE controla la asistencia y otorga la licencia a los trabajadores, quienes consideran que “es un sistema perverso, que trata a la gente como número y no te atiende nadie más que una computadora”. Desde que lo implementaron en la provincia de Buenos Aires “solo trajo maltratos y complicaciones hacia los laburantes porque es muy frío el sistema”, indicó Blas.

Al mismo tiempo, los trabajadores señalan que a nivel provincial han colapsado todas las líneas de reclamos como: el 148, el Siape, la ART y “todo lo que nos tiene que dar respuestas a la hora de solicitar una carpeta. Por eso, la gente se cansó de eso y tiene que ir a laburar igual, por presión”.

Otro de los reclamos es la falta de incorporación de personal en áreas críticas donde hay lugares vacantes desde hace años y que no se han ocupado. A eso se suman los reclamos salariales y la bonificación del 120 por ciento, porque “hoy por hoy, no hay laburante del organismo que llegue a fin de mes y hace rato están las paritarias cerradas”, evidenció el gremialista.

“Nos ponen como esenciales, pero nos tratan como descartables”, se lamentó Blas pese a que desde el día uno de la cuarentena se los declaró trabajadores esenciales. Pero las autoridades provinciales ni el mismo gobernador los nombra y la realidad es que “nunca fuimos tenido en cuenta, por eso la bronca y, por eso, vamos a salir a la calle”.

Más adelante, Blas explicó que exigen la bonificación de peligrosidad porque no solo están en riesgo por el Covid-19, sino por las condiciones en las que se desempeñan y, ante la faltante de personal, “no se está pudiendo laburar como corresponde”.

Como es el caso de los hogares donde hay niños muy pequeños que requieren de mayores cuidados. “Hay un montón de lugares, que nadie sabe, donde hay desde bebés, hasta jóvenes de 18 años. ¿Cómo se va hacer un laburo pedagógico, cómo se va a sacar a esos niños adelante cuando solo hay dos personas que no le pueden brindar lo básico?”, se preguntó el trabajador.

Así las cosas, Blas precisó que el problema no solo está en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil sino también en el Sistema de Promoción y Protección de Derechos donde el Estado no está garantizando la atención básica y un trabajador tiene que cumplir 3 o 4 funciones para tapar esos baches. “Acá pasan gestiones, pero la problemática sigue siendo la misma, y todos deciden mirar para otro lado”, dijo.