Columna

Detenciones de rutina o interna política?

Este fin de semana dos inspectores del Ministerio de Transporte fueron detenidos por intentar coimear a un camionero -le exigieron 500 mil pesos- en el marco de un operativo policial realizado en inmediaciones del peaje Larena, mano a Pilar.

El transportista denunció la intentona y ambos, por orden del fiscal Quintana, fueron a dar a la sede del Destacamento Vial Pavón, ubicado en la intersección de las ruta 8 y 6.

Hasta aqui, un hecho que no sorprende demasiado, aunque llaman la atención algunos detalles como que dicha modalidad no es nueva; que ambos detenidos responderían, en principio, al cacique derquino José Molina; y que sabido es que en la prensa oficialista no hay noticia publicada que no sea autorizada por el Palacio Municipal y mucho más si está vinculada a la corrupción.

Salvo en que en esta oportunidad, las publicaciones fueron prácticamente en simultáneo e idénticas entre ellas, dejando plasmada la idea de que fueron redactadas por la misma mano y luego difundidas.

Volviendo al hecho en sí, cabe agregar que los inspectores en cuestión intentaron aplicar su maniobra a una persona cercana al ministro de Seguridad provincial Javier Alonso, colega de gabinete, a su vez, del jefe de los ahora detenidos, Martín Marinucci.

Lo bajaron del caballo

Diversos comentarios en torno a una altísima autoridad política de la LLA provincial, generan incertidumbre y desazón alrededor de la figura del tiktokero concejal Andrés Genna.

El hecho es que el propio funcionario alienta en su entorno y a quien quiera escucharle, que es el candidato a intendente del espacio para las próximas elecciones. Enterados de la versión, desde la cúspide del poder libertario la respuesta fue contundente: «Ese chico ya fue candidato en la última, y no nos fue para nada bien. Ahora será el turno de otros».

Será por esto la etapa de bajo perfil por la que ha optado ahora Genna, o quizás espera saber si su jefa, Patricia Bullrich, rompe con LLA para continuar con el sueño de la intendencia municipal.

Lo que está claro, es que evidentemente su proyecto es demasiado personalista, y por ello es que algunos de sus seguidores comenzaron a alejarse.

El muerto se ríe del degollado

En cada uno de sus apariciones televisivas, como en el envío que capitanea Luis Majul por La Nación +, donde ya es abonado o panelista, no se sabe bien, el «lilito» local Matías Yofe aprovecha para expresarse respecto a quienes protagonizan sus denuncias con el calificativo de «procesado», de modo burlón y en tono de sorna.

Que fulano es «un procesado a punto de juicio oral» es la frase que más se le escucha, sin reparar a que él mismo reviste en la misma condición del denostado: Yofe carga con un procesamiento por falsas denuncias del fiscal Quintana en la causa IPP 14-02-003124-26/00, y también deberá comparecer oportunamente en juicio oral y público.

Para no mencionar que se encuentra al borde de otro procesamiento, en este caso por extorsión agravada (IPP 14-02-019728-25/00) en la Fiscalía que comanda Germán Camafreitas, que deberá seguir el mismo derrotero: el que termina el juicio oral.

El enojo con Transporte provincial

Hablando de Martín Marinucci, el ministro de Transporte bonaerense, no son pocos los intendentes enojados con el funcionario y el de Pilar no es la excepción.

Lo acusan de presionarlos: “nos llaman al Ministerio, nos  dan un alcoholímetro y nos piden firmemos con una Fundación que ni siquiera conocemos y supuestamente estaba antes bajo control de una subsecretaria actual del Ministerio como garantía”. “Ah y nos suben la foto al Instagram”, se quejan.

Pero la bronca crece cuando se trata de la cuestión fotomultas, con varias causas judiciales que investigan el financiamiento del sistema y en las que se ven indirectamente involucrados.

En Pilar, la situación no es diferente, ya que la intendencia debe lidiar con un prestatario  -CETRAICA-, cercada por varios frentes por su falta de transparencia. Incluso con allanamientos en los que se secuestró importante documentación, y sigue operando en el distrito aunque bajo otra denominación societaria.

El escándalo se agrava cuando trascendió que Marinucci se reunía en unas oficinas de la Avenida Libertador con el empresario Leandro Camani -titular de Secutrans y Tránsito Seguro-, otro multiprocesado en la causa fotomultas.