Quieren limitar las excarcelaciones de los imputados por violencia de género

El camporista Ariel Archanco busca limitar excarcelaciones de imputados por violencia de género con antecedentes o riesgo para las víctimas.

El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ariel Archanco, presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de limitar las excarcelaciones en causas de violencia de género cuando existan antecedentes o situaciones de riesgo para las víctimas.

La iniciativa camporista apunta a reformar los artículos 148 y 171 de la Ley N°11.922 para incorporarles nuevos criterios para que los jueces evalúen la libertad de los imputados durante el proceso judicial. “Sabemos que muchas de las víctimas que denuncian obtienen medidas de protección pero que sus agresores continúan en libertad o incumplen las restricciones. Esto nos está costando vidas”, sostuvo Archanco al difundir la propuesta en sus redes sociales.

El texto legislativo cita datos del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público bonaerense, que contabilizó 146.046 procesos penales por violencia familiar y de género durante el 2025, una cifra equivalente al 14,1% del total de causas del fuero criminal y correccional. Dentro de ese universo, unas 17.964 causas estuvieron vinculadas a la desobediencia de medidas judiciales.

A través de los fundamentos, Archanco remarcó que la provincia de Buenos Aires registró 78 víctimas de femicidio durante el año pasado y más de 1.000 mujeres asesinadas en hechos vinculados a violencia de género en la última década. “La Justicia recibe la denuncia, la procesa, pero después no hay un aparato que pueda contener la medida impuesta y un sistema que le garantice a la víctima la protección necesaria”, advirtió el legislador de las filas de La Cámpora.

Ante este escenario, el proyecto oficialista busca incorporar al artículo 148 del Código Procesal Penal el amedrentamiento a la denunciante en causas de violencia de género como un elemento para evaluar el peligro de entorpecimiento de la investigación. A partir de esta modificación, los jueces podrán considerar ese comportamiento antes de resolver una excarcelación.

Asimismo, la iniciativa alcanza al artículo 171 para establecer que no procederá la excarcelación cuando existan antecedentes de violencia de género contra la misma víctima, cuando el imputado haya violado medidas de restricción perimetral o cuando un informe de riesgo determine una alta probabilidad de reiteración de hechos violentos.

“El incumplimiento previo de una medida cautelar dictada en el marco de un proceso de violencia de género no es un dato irrelevante: es la demostración concreta —por la conducta del propio imputado— de que la herramienta menos restrictiva ya fracasó“, explicitó el dirigente de la Octava sección.

Por otro lado, el expediente también pone el foco en la relación entre víctima y agresor como un indicador central de riesgo. Según los datos incorporados al texto, el 86% de los femicidios registró un vínculo previo, mientras que en al menos el 48% de los casos existían hechos anteriores de violencia entre las partes.

En tanto, el proyecto también incorpora la evaluación de los equipos interdisciplinarios como un elemento clave para la decisión judicial. Sobre este punto, la iniciativa exige un informe de riesgo antes de aplicar la nueva causal de denegatoria de excarcelación.

“La denegatoria de excarcelación no opera de manera automática ni mecánica: requiere un peritaje fundado que evalúe variables concretas, como la escalada de violencia, el acceso a armas, las conductas de control extremo y los antecedentes con otras víctimas, y arribe a una conclusión técnica de alta probabilidad de reiteración”, detalla el planteo de Archanco.

En el plano normativo, la iniciativa también encuadra la modificación en los compromisos asumidos por el Estado argentino a través de la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Ley Nacional N°26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Además, el impulso legislativo también se vincula con la Ley Provincial N°15.232 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que reconoce el derecho a recibir información, ser oída y contar con protección durante el proceso penal. Para Archanco, la modificación permitiría fortalecer la posición de la víctima en el momento crítico en el que la Justicia define la libertad del imputado.

“Si bien la legislación de fondo reconoce a la violencia de género como un problema estructural que demanda respuestas reforzadas, la legislación procesal continúa tratando los supuestos excarcelatorios desde criterios neutrales que no contemplan las dinámicas específicas que la violencia de género presenta”, sostiene el texto.

De avanzar en la Legislatura bonaerense, el proyecto del dirigente oficialista buscará unificar criterios entre los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y evitar que las excarcelaciones dependan de interpretaciones dispares. Bajo esa premisa, el eje de la discusión quedará puesto en la prevención de situaciones de riesgo y en la protección efectiva de las víctimas de violencia de género.

“Pensamos esta propuesta con un objetivo simple pero urgente: que ninguna víctima quede desprotegida, es una responsabilidad del Estado y una prioridad construir una sociedad más segura y justa”, concluyó Archanco.