La Justicia volvió a ratificar que el gobierno debe poner en funcionamiento la Universidad Nacional de Pilar

La Cámara de Apelaciones de San Martín desestimó el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano. La cartera, a cargo de Sandra Pettovello, había puesto en revisión el inicio de las actividades de esa casa de altos estudios.

Por tercera vez, la Justicia falló en contra de los intereses del Ministerio de Capital Humano, que puso en revisión la creación -por ley- de cinco universidades nacionales votadas en septiembre de 2023. Es decir, tres meses antes que asumiera el poder el gobierno de La Libertada Avanza. Se trata de las casas de altos estudios de Pilar, Ezeiza y Delta en la provincia de Buenos Aires, Río Tercero en Córdoba y Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Ayer, la Cámara Federal de San Martín rechazó recurso extraordinario en el caso de la Universidad Nacional de Pilar, avalando lo que la misma Sala I de la Cámara Federal de San Martín, había emitido en octubre pasado y que ratificaba el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional una resolución de Capital Humano, en la que había puesto en revisión el inicio de las actividades de la Universidad Nacional de Pilar.

Los magistrados hacían mención de la Resolución Número 2024-45-APN-MCH por la cual el gobierno suspendió la puesta en marcha de las nuevas casas de altos estudios creadas. Allí se argumentó que era necesario “revisar el inicio de actividades académicas” de esas universidades “para determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas. Y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, se basa en un estudio de factibilidad”.

En la sentencia del 16 de octubre pasado, los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández confirmaron la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien aceptó el planteo realizado por la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Diana Wagner. Ella habría solicitado declarar inconstitucional la decisión del gobierno de Javier Milei. El juez le dio la razón, entendiendo – entre otros argumentos- que una resolución ministerial no puede frenar una ley nacional dictada por el Congreso.

En su nuevo pronunciamiento, para el tribunal quedó demostrado que el recurso extraordinario presentado por la Secretaría de Cultura -depende de Capital Humano- carecía de fundamentos federales suficientes, no presentaba un agravio constitucional y no comprometía instituciones básicas de la Nación, elementos esenciales para habilitar esta instancia.