Granja Tres Arroyos: suspenden a 300 trabajadores de Pilar por agosto y cobrarán sólo el 65% del sueldo

La decisión fue votada por los operarios y desde la compañía mencionaron que “no se desarrollarán actividades operativas ni de faena», durante el período señalado.

Alrededor de 300 trabajadores de planta ubicada en Pilar de Granja Tres Arroyos serán suspendidos durante el mes de agosto y cobrarán un 65% del salario tras un acuerdo firmado con el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación.

La medida regirá entre el próximo lunes 3 de agosto y hasta el domingo 30, “inclusive”, lo que representa un período, en el cual «no se desarrollarán actividades operativas ni de faena».

A través de un comunicado, la compañía explicó que «el personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por la Jefatura de Planta o por el área de Recursos Humanos, circunstancia que será comunicada por los canales habituales», al tiempo que aclaró las actividades «se reanudarán conforme a la programación operativa que oportunamente será informada».

La determinación fue votada en una asamblea gremial protagonizada por los trabajadores, quienes mencionaron que busca evitar un escenario más gravoso, dado que “en la planta de Cresta Roja, que pertenece también al grupo GTA, que son los mismos dueños, le dieron vacaciones forzadas a la gente». «Para evitar eso, se tomó la decisión de llegar a un acuerdo; la suspensión con goce de sueldo», añadieron.

Asimismo, los operarios manifestaron que la compañía debe “dos meses de sueldo” y el aguinaldo. Igualmente, se le agrega un agravante: el pago de las remuneraciones se hace en cuotas, una por semana, pero, también hay oportunidades, en las que hay semanas donde no les abonan nada.

La suspensión total se da después del esquema rotativo que comenzó en abril y que afectaba a 200 operarios. Ahora, solamente van a realizar sus labores solo cinco personas del área de Recursos Humanos y dos empleados del kiosco de la granja.

El conflicto en las otras plantas 

En tanto, los empleados de la planta de la localidad de Brandsen también viven un momento de incertidumbre, a pesar de que se desmintió el rumor de un posible desmantelamiento del estacionamiento.

En ese contexto, afirmaron que la actividad se encuentra reducida y que la situación económica sigue siendo delicada.

Los operarios cobraron el último mes de salario con un cheque, gracias a los fondos obtenidos por la venta de unas 550 vacas. En ese sentido, indicaron que “la estructura sigue estando por ahora funcionando, solo que redujeron el tambo. Se quedaron con alrededor de 150 vacas preñadas y con terneros de corta edad”.

Con respecto a los trabajadores residentes del frigorífico de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, empezaron a cobrar un subsidio extraordinario de 200 mil pesos por parte del gobierno provincial.

En una primera etapa, 42 operarios ya recibieron la acreditación del beneficio, como parte del compromiso asumido por la administración provincial para acompañar a los empleados mientras se buscan alternativas para superar el conflicto.

Actualmente , la firma enfrenta una creciente presión judicial por parte de acreedores y proveedores, mientras intenta cerrar una compleja negociación para reestructurar una deuda estimada en 350 millones de dólares.

La compañía tiene plazo hasta el próximo 30 de junio para alcanzar un entendimiento con sus acreedores.

No obstante, en paralelo al proceso de negociación, comenzaron a multiplicarse las presentaciones judiciales que solicitan la declaración de quiebra de la firma por incumplimientos financieros acumulados durante los últimos meses.

Al conflicto laboral, también se le suman demandas impulsadas por empresas proveedoras de bienes y servicios.

Entre los expedientes presentados figura el caso de una firma proveedora de insumos para la industria alimenticia que reclama más de 133 millones de pesos, cuya deuda se originó a partir de cheques electrónicos emitidos por la avícola que fueron rechazados por falta de fondos al momento de su cobro.

A ese reclamo se agregó la acción iniciada por la aseguradora de riesgos del trabajo Prevención ART, que exige el pago de más de 4.200 millones de pesos correspondientes a cuotas adeudadas por la cobertura de los empleados entre octubre de 2024 y marzo de 2026, además de los intereses generados por la mora.

En la lista también se agregan proveedores de indumentaria y elementos de seguridad industrial, así como empresas especializadas en logística y almacenamiento frigorífico que reclaman facturas impagas por servicios prestados.

La magnitud de las dificultades económicas también se refleja en los registros del sistema financiero. Datos del Banco Central muestran que la empresa acumula más de 3.200 cheques rechazados por un valor superior a los 54.300 millones de pesos. A ello se suman centenares de cheques sin fondos emitidos por sociedades vinculadas al grupo empresario, lo que evidencia la profundidad de la crisis.