Lavado, coimas, extorsión, licitaciones amañadas: la denuncia que impacta en Transporte provincial

El fiscal Marijuan denunció al «rey de las fotomultas», Leandro Camani, por lavado de activos y sobornos, y colocó al hoy ministro de Transporte, Martín Marinucci, en el ojo de la tormenta. El rol del pilarense Matías Yofe en este entramado. Más información -inédita- sobre este escándalo, este sábado desde las 10 en El 1° de la Mañana (Cadena Premium 94.5).

Después de recibir una denuncia anónima en su mail, el fiscal federal Guillermo Marijuan resolvió iniciar una investigación preliminar el 30 de enero pasado, que llevó, finalmente, a esta presentación por presunto lavado de dinero y pago de coimas en torno al sistema de fotomultas aplicado en rutas nacionales y provinciales, en una causa que apunta al empresario Leandro Camani y a sus firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.

El dictamen sostiene que Camani habría montado una estructura destinada a obtener contratos para la instalación y operación de sistemas de control vial mediante convenios con universidades públicas, evitando mecanismos de licitación y utilizando esos acuerdos para canalizar fondos presuntamente destinados al pago de sobornos a funcionarios públicos.

La denuncia también involucra a organismos públicos y académicos, entre ellos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte bonaerense y la Universidad Nacional de San Martín. En ese marco, el expediente menciona además al actual ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, aunque la causa se encuentra en etapa preliminar y no existen imputaciones formales confirmadas.

Según surge del escrito firmado por Marijuan, la sospecha principal es que Camani, como responsable de Secutrans S.A. y de Tránsito Seguro S.A., habría suscripto “convenios ilegales” con universidades públicas con el objetivo de “lavar dinero para pagar coimas a funcionarios públicos” y consolidar así presencia en el negocio multimillonario de las fotomultas.

La investigación pone especial foco en el rol de Diego Nicolás Kampel, señalado como presunto nexo entre las empresas privadas y la Universidad Nacional de San Martín. De acuerdo con la denuncia, Kampel habría intervenido en la totalidad de los convenios revisados por la fiscalía entre la casa de estudios y al menos once municipios bonaerenses.

En paralelo, el expediente también menciona a Diego Lapera, a quien se presume “socio” de Camani para ejercer influencia sobre organismos públicos vinculados al área de tránsito y seguridad vial. La presentación judicial añade que ambos mantendrían además vínculos comerciales en el ámbito del fútbol.

Uno de los ejes centrales de la investigación gira alrededor del esquema contractual entre municipios bonaerenses, la Universidad Nacional de San Martín y las empresas privadas vinculadas a Camani.

La reconstrucción judicial describe una operatoria escalonada: primero, la universidad firmaba convenios con municipios para implementar programas de seguridad vial; luego, celebraba contratos con Tránsito Seguro S.A. para el desarrollo operativo del sistema.

La empresa, registrada como proveedora tecnológica, instalaba radares, cámaras y el soporte operativo necesario -incluidos recursos humanos- para el funcionamiento del esquema de fotomultas.

No obstante, según la documentación reunida, Tránsito Seguro “solo labra las actas”, mientras que la determinación y el cobro de las multas corresponden exclusivamente al Ministerio de Transporte bonaerense. El reembolso empresarial, sostiene la presentación, sería por la prestación operativa del servicio y no por el ejercicio del poder de policía.

El reparto 

La fiscalía detectó además un esquema de distribución de fondos que quedó plasmado en los convenios incorporados a la causa. Según la documentación analizada, Tránsito Seguro S.A. se quedaría con el 70% de lo percibido por la Universidad Nacional de San Martín en concepto de recaudación por infracciones de tránsito, mientras que el 30% restante sería destinado a los municipios adheridos al sistema.

Los acuerdos revisados involucran a los municipios bonaerenses de San Martín, Roque Pérez, Zárate, San Andrés de Giles, General Pueyrredón, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, San Isidro, La Matanza, Junín y 9 de Julio.

A su vez, el Ministerio de Transporte provincial informó la participación de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A. como proveedoras de equipos en numerosos distritos bonaerenses, entre ellos General Pueyrredón, Zárate, La Matanza, Coronel Brandsen, Exaltación de la Cruz, Junín, Cañuelas, Morón, Almirante Brown, San Isidro, Escobar y Olavarría, entre otros.

Testaferros y denuncias contra competidores

La investigación de Marijuan también analiza una presunta red de testaferros y personas interpuestas que habrían sido utilizadas para denunciar a competidores comerciales y a funcionarios que se oponían al esquema.

En ese contexto, la denuncia sostiene que Camani tendría una vinculación directa con Secutrans y una relación indirecta con Tránsito Seguro mediante dos presuntos testaferros: Federico Gargaglia y Federico Rovira, quienes figuran formalmente como titulares de la empresa.

La hipótesis fiscal es que, mediante el uso de convenios universitarios y gracias a la intervención de Kampel, Camani habría logrado evitar licitaciones públicas y acceder de manera directa a contratos con distintos municipios bonaerenses.

Las pruebas 

En su dictamen, Marijuan sostuvo que la prueba reunida “permite llegar a la conclusión de que dichas contrataciones deben ser investigadas” bajo la figura penal de lavado de dinero.

Como parte del impulso de la causa, el fiscal solicitó una batería de medidas de prueba:

• Certificar el expediente que tramita en la Justicia de Tres de Febrero.
• Librar una orden de presentación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
• Requerir a ARCA información patrimonial de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.
• Solicitar a la Unidad de Información Financiera informes sobre posibles Reportes de Operaciones Sospechosas vinculados a las empresas, a Leandro Camani y a Diego Kampel.
• Disponer eventualmente allanamientos en la Universidad Nacional de San Martín y en la fundación vinculada a esa casa de estudios.

La conexión Pilar

La investigación de Marijuan viene a sumarse a las que contra el empresario se sustancian en otros fueros como Pilar (imputado por «extorsión agravada») y Tres de Febrero (también imputado aunque por «asociación ilícita»), y que en el caso local reconoce como principalísimo protagonista al «lilito» Matías Yofe.

Porque en algún punto, fue el propio Yofe el que desató esta catarata de percances judiciales al «rey de las fotomultas», haciendo que la justicia comenzara a seguir sus movimientos  poniendo la lupa en sus más que lucrativos negocios.

La historia comenzó cuando Yofe -alentado quién sabe por quién- decidió que el entonces titular de Transporte provincial Jorge D’Onofrio, y su mano derecha, la concejal de Pilar Claudia Pombo, eran un par de corruptos. Con su denuncia bajo el brazo, el «lilito» -con el visto bueno de su líder Elisa Carrió- comenzó su performance mediática ya asociado con Camani, a quien le convenía borrar al funcionario, disconforme con algunas medidas que éste había implementado, en especial en el sector fotomultas. Y así fue como se juntaron el hambre y las ganas de comer.

Fascinado por la influencia mediática -y la billetera- de su nuevo amigo, Yofe se embarcó en una cruzada anticorrupción muy conveniente a sus intereses, y luego encontró en la AFA otro punto para sumar a esa campaña. Camani también -oh casualidad- tenía enconos con la entidad, ya que acusaba a su presidente, Claudio Tapia, de impedirle colocar sus cámaras en el Camino del Buen Ayre, jurisdicción del CEAMSE, que el «Chiqui» también conduce.

En su derrotero denunciador, Yofe comenzó a sumar gente -como su jefe en la Legislatura de CABA, Facundo Del Gaiso-, mientras buscaba consolidarse como una suerte de fiscal de la República, en procura de emular a su jefa política, siempre con Camani -y «Lilita»- atrás.

Todo marchaba sobre ruedas (hablando de fotomultas), cuando apareció el cisne negro que nunca falta: la denuncia de un chofer del Ministerio de Transporte acusándolo de amenazas e intimidaciones para que declare en contra de su antiguo jefe D’Onofrio y la propia Pombo, llegó para derribar los naipes del castillo. En síntesis, a estas horas Yofe carga con un procesamiento por falsas denuncias (las que él mismo realizó por amenazas y que le valieron custodia provincial y nacional por casi un año), y a punto de otro por extorsión agravada, que comparte con su amigo Camani.

Es decir, en estas cuestiones, y como el propio «lilito» se encargó de hacerle notar a quien alguna vez se refirió negativamente a su acercamiento al empresario, «todos los caminos conducen a Camani». A tal punto, que fue el «rey de las fotomultas» el que resolvió que la Coalición Cívica de Pilar, con el okey de Carrió, llevara a las elecciones la lista que llevó, en acuerdo con Juan Nosiglia y que al final se convirtió en un desastre, ya que alcanzó a arañar apenas un punto.