Milei en el país de las maravillas: el golpe de Estado que sólo existe en su psiquis

Las explosivas declaraciones del presidente Javier Milei en el canal de streaming Neura sobre un supuesto complot para realizarle un golpe de Estado superaron las inconsistencias de todo el discurso libertario.

El jefe de Estado aseguró que debió enfrentar un intento de golpe coordinado por una alianza entre medios de comunicación, políticos opositores y empresarios que no convalidan su modelo. Para ello, pretendió exponer una suerte de heroísmo.

Sin embargo, no hace falta ser un iluminado para comprender que esa denuncia no tiene ningún tipo de asidero. De hecho un análisis pormenorizado de sus propios dichos desarma por completo la consistencia de la acusación.

Es que además de revelar la supina ignorancia del mandatario en términos legales, termina por desnudar una triste y alarmante desconexión con la realidad que no hace más que intentar callar las voces disidentes y hasta cancelar el debate democratico.

La primera e insalvable inconsistencia que presentan las palabras de milei es de índole judicial, teniendo en cuenta que en Argentina, las denuncias mediáticas realizadas por los funcionarios -y acá se habla del más alto funcionario del Poder Ejecutivo- deben, obligatoriamente, estar acompañadas con un proceso penal.

Cabe resaltar que el artículo 177 del Código Procesal Penal establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cualquier delito del que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Un intento de derrocamiento o una rebelión organizada entre distintos actores sociales y políticos contra un Gobierno electo legítimamente constituye, sin lugar a dudas, el delito más grave que se puede cometer contra la seguridad nacional. 

Por lo tanto, al sostener que hay una conspiración de semejante talla en una entrevista en lugar de radicar una denuncia, Javier Milei comete una grave infracción a sus propios deberes. 

Pero aún siendo falsos son gravísimos los dichos del presidente, ya que una falsa denuncia de este calibre podría quedar amparada bajo la figura de intimidación pública, es decir, intentar infundir temor.

Más allá de lo estrictamente legal, la hipótesis de este megacomplot carece de toda lógica. El presidente describió un escenario en el cual banqueros, empresarios, periodistas y referentes políticos opositores habrían operado de forma coordinada para provocar una corrida cambiaria y dinamitar el programa económico.

En la actualidad, donde la conectividad es un hecho, llevar adelante una asociación clandestina de tal magnitud requiere de una infraestructura hiperbólica que resulta absolutamente imposible de ejecutar sin dejar rastros.

Maniobras de este volumen demandan necesariamente registros de comunicaciones, mensajería, reuniones presenciales secretas y/o instrucciones unificadas. 

Pretender que un número inconcluso, pero evidentemente alto, de actores con intereses corporativos en muchos casos contrapuestos hayan logrado una sincronización perfecta y un pacto de silencio absoluto sin que nadie haya detectado una sola pista, reduce la acusación del mandatario al plano de la fantasía puramente paranoica. 

Sin evidencias físicas, chats filtrados o escuchas que lo respalden, el relato presidencial se desmorona por completo y expone un preocupante patrón de pensamiento conspiranoico.

Como si fuera poco, allí, además, es donde cualquier fluctuación del mercado financiero o cualquier dificultad macroeconómica es atribuida a la intervención de un enemigo invisible y perverso, antes que a las inconsistencias de su propio plan de estabilización o a la pérdida de confianza de los inversores.

El tercer elemento y quizás el más alarmante en términos republicanos, es la burda utilización conceptual que realiza el jefe de Estado al utilizar el término “golpe de Estado”. 

Es que etiquetar dinámicas que forman parte del juego cotidiano de la vida civil y económica de una sociedad como un acto criminal no hace más que exponer una degradación peligrosa del lenguaje democrático. 

Una corrida cambiaria es un fenómeno de especulación de mercado. La retención de granos es una decisión comercial de productores agrícolas amparada en el derecho de propiedad. La discusión de una ley y el voto en contra por parte de la oposición es la esencia misma del funcionamiento del Congreso de la Nación. Se puede o no estar de acuerdo, pero el mundo funciona así.

Equiparar el disenso de la oposición, la crítica periodística o la desconfianza del mercado con una maniobra golpista banaliza la historia de las verdaderas rupturas democráticas que sufrió el país, y, en última instancia, busca un efecto de disciplinamiento. 

En otras palabras, el discurso oficial busca criminalizar la disidencia y situar cualquier cuestionamiento fuera de los márgenes de la legalidad. Nada más antiliberal que ello.

Es decir, al transformar el debate democrático en un campo de batalla entre la lealtad y la traición a la patria, el mandatario pretende anular la libre expresión, deslegitimando el rol del periodismo y el Congreso bajo el pretexto de estar defendiéndose de un enemigo que, encima, solo existe en su psiquis.

(*) Secretario General de Redacción del portal Tribuna de Periodistas