Provincia

Denuncian a la senadora Arietto por desobediencia judicial y persecución sindical

Florencia Arietto, senadora bonaerense de La Libertad Avanza, quedó en el centro de una escalada judicial tras ser denunciada por trabajadores de Lustramax, ubicada en Tortuguitas. La acusan de impedir la reincorporación de un delegado gremial ordenada por la Justicia y de protagonizar maniobras de persecución sindical.

El conflicto laboral que atraviesa la empresa Lustramax, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, sumó en las últimas semanas un fuerte componente político y judicial. La incorporación de la senadora provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, como representante legal de la firma derivó en una serie de denuncias que la colocaron en el centro de la controversia.

La disputa comenzó tras una serie de despidos que los trabajadores consideran persecutorios y orientados a debilitar la organización gremial dentro de la planta. Sin embargo, el conflicto escaló cuando los operarios denunciaron penalmente a Arietto por presunta desobediencia judicial y persecución sindical.

A la presentación realizada ante la Justicia se sumó una denuncia impulsada por la asociación civil Nace un Derecho ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. La entidad cuestionó las reiteradas publicaciones de la legisladora en redes sociales, donde califica a los abogados laboralistas como una «mafia», expresiones que consideran incompatibles con el ejercicio profesional.

Uno de los puntos más sensibles de la causa está vinculado al incumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas. Luego de que la empresa desconociera las conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense, el Tribunal de Trabajo N.º 7 de Pilar ordenó la reincorporación inmediata del delegado gremial Leandro Gómez.

Según denuncian los trabajadores, la medida nunca fue cumplida. En ese marco, sostienen que Arietto se presentó en los accesos a la planta para impedir el ingreso del delegado, pese a la existencia de una resolución judicial favorable. La acusación señala que utilizó simultáneamente su condición de senadora provincial y de abogada de la empresa para bloquear la ejecución de la orden judicial.

Los operarios también cuestionaron la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional en los portones de la fábrica durante algunos episodios del conflicto. De acuerdo con la denuncia, el despliegue tuvo un carácter intimidatorio y no contaba con una orden específica emanada de la fiscalía interviniente.

En diálogo con Mundo Gremial, Leandro Gómez aseguró que la situación permanece sin resolverse y afirmó que la Justicia laboral se pronunció en reiteradas oportunidades a su favor. “Hoy tengo tres fallos favorables y pedidos de astreintes por el incumplimiento de la empresa. No existe ninguna razón legal para impedir mi ingreso”, sostuvo.

El delegado también destacó que las denuncias penales promovidas por la empresa contra los trabajadores no prosperaron. Según explicó, los tribunales consideraron que se trataba de un conflicto estrictamente laboral y descartaron la existencia de delitos penales. “La Justicia dejó claro que no podían revertir por la vía penal lo que ya había sido resuelto en el fuero laboral”, afirmó.

Para Gómez, las decisiones judiciales dejaron expuesta la estrategia desplegada por la compañía y su defensa legal. “Quedaron en evidencia la empresa y Arietto”, aseguró al referirse a los sucesivos fallos que ordenaron su reinstalación.

Mientras tanto, los trabajadores continúan desarrollando acciones de visibilización y solidaridad con otros sectores en conflicto. Durante las últimas semanas participaron de actividades en universidades, acompañaron reclamos sindicales y llevaron sus denuncias tanto al Senado como a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

“Seguimos recorriendo distintos espacios para contar lo que está pasando y sumar apoyos. La Mesa de Coordinación de Zona Norte nos acompaña desde el primer día. Somos cuatro compañeros que estamos peleando por nuestros derechos y por recuperar nuestros puestos de trabajo”, concluyó Gómez.

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