Carpetazo de Karina Milei a Patricia Bullrich

Hasta no hace mucho Bullrich porfiaba con la presidencia de la nación; ahora se conforma con esperar la reelección de Milei para volver sobre sus pretensiones. Un carpetazo de la hermana presidencial fue decisivo para esa postergación.

Esta nota podría servirle al joven concejal de Pilar Andrés Genna, quien sigue a ojos cerrados a la senadora por LLA haciendo caso omiso a lo que es vox pópuli, y que él mismo conoce muy bien. Dicho sea de paso, sus contradicciones como el hablar contra la corrupción y ser seguidor de Bullrich, son claramente identificadas por la sociedad. La opinión pública no es tonta; el concejal habla de la casta con una jefa política que participó en todos los espacios partidarios durante los últimos 45 años. Y esto, Genna, es casta.

Además, cuestiona los gastos del Estado cuando la propia Bullrich encabeza la lista de dirigentes con más «ñoquis» en la función pública. Sin ir más lejos, hay que recordarle a Genna su paso por el Ministerio de Seguridad Nacional, cuando ella lo designó Director de Participación Ciudadana.

Volviendo al tema que nos ocupa y para que el concejal tome debida nota y reflexione acerca de a quien ha entregado su incondicional apoyo -aunque sea por un sueldo-, debemos recordar que no hace mucho Bullrich fue vinculada con el empresario «Fred» Machado, hoy preso y condenado en los Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

Al parecer, y a través de una empresa láctea, Machado aportó a la campaña de Patricia, lo que ella negó rotundamente y nadie siguió indagando porque apareció el escándalo de José Luis Espert, también financiado varias veces por el empresario.

Las principales causas y presentaciones judiciales en contra de Patricia se refieren a investigaciones por operativos de seguridad y presunto abuso de autoridad -cuando todavía era ministro de Seguridad- y denuncias patrimoniales. Entre las primeras se mencionan allanamientos ilegales, represión violenta, torturas, y lesiones graves.

Entre las segundas, la más complicada y la que provocó el poco sutil sosegate asestado por la gran hermana, es la que involucra a su hijo Francisco Langeri, a su socio Fernando Goijman y a la propia Bullrich por evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita en el gerenciamiento de la cadena gastronómica Tostado.

La denuncia sostiene que Langeri Bullrich figura vinculado a más de 70 bares y locales que operan mediante las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., las cuales tuvieron una rápida expansión económica, que alcanzó un valor de millones de dólares. Pero no existen antecedentes públicos de capital inicial, financiamiento bancario relevante ni trayectoria empresarial previa que expliquen razonablemente ese crecimiento.

También advirtió sobre múltiples sociedades comerciales de las cuales algunos domicilios coinciden con inmuebles asociados a la senadora de La Libertad Avanza. Por lo menos una de las sociedades tiene como domicilio legal una propiedad ubicada en Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, que está directamente vinculada a Patricia Bullrich.

Parte de las firmas involucradas registraron cheques rechazados por falta de fondos, lo que contrasta con la envergadura económica del grupo empresario, aunque por estos días procedieron al cierre de varias sucursales, entre ellas la ubicada al frente del Obelisco. De todos modos, la denuncia sostiene que “la multiplicidad de sociedades y franquicias permitiría, en principio, disimular la real magnitud del negocio, fragmentar ingresos, y trasladar costos entre firmas vinculadas”.

Para no hablar de la pareja de la senadora, Guillermo Yanco, un abogado que se maneja en las sombras pero que hace buenos negocios bajo el paraguas protector de Patricia. De él se dice que funge de intermediario con Israel y Estados Unidos en la compra de tecnología y armamento que otrora supo ordenar la ex ministra de Seguridad, además de presentarlo como un fervoroso sionista que propaga sus ideas a través de un portal que casi nadie conoce pero que recibe abundante pauta estatal.